Coliñir cuestionó la gestión de la Cooperativa de Trelew y pidió que se devuelva a los socios

El diputado provincial Emanuel Coliñir se refirió a la crisis de servicios públicos que atraviesa Trelew, tras el prolongado corte de agua potable y la multa aplicada a la Cooperativa Eléctrica, y sostuvo que los vecinos “merecen un resarcimiento efectivo por los daños sufridos”.

En ese marco, el legislador apuntó contra el esquema de intervención de la Cooperativa, al que calificó como “un proceso que lleva demasiado tiempo y que ha fracasado en cada una de sus etapas”. Según afirmó, se trató de una intervención “política”, avalada por decisiones judiciales que terminaron agravando la situación institucional y operativa de la entidad.

Coliñir recordó que un año después de la intervención encabezada por Matías Bordieu, el juez Hugo Sastre decidió reemplazarlo al advertir un uso excesivo de viáticos, designando primero a Fraisse, quien —según señaló— permaneció apenas 24 horas en el cargo. “Ni siquiera habían corroborado si existía un compromiso real para asumir”, cuestionó. Posteriormente, se convocó a Pablo Punta, una designación que el diputado consideró irregular por incompatibilidades legales.

En ese sentido, explicó que Punta, por provenir del organismo regulador, no puede ejercer simultáneamente la función de interventor de la Cooperativa. “Hoy está de los dos lados del mostrador, por decisión del intendente Gerardo Merino y del juez Sastre”, afirmó, y remarcó que la incompatibilidad no se subsana aunque el Consejo la ratifique. “Esto no es una cuestión menor ni formal: sigue vigente y puede derivar en nuevas instancias judiciales”, advirtió.

El legislador sostuvo que lo correcto sería que Pablo Punta haga pública su renuncia al organismo regulador o que la Justicia actúe de oficio. Sin embargo, alertó que el problema ya existe porque el interventor tomó decisiones en ese rol, aun estando alcanzado por incompatibilidades.

Coliñir también puso el foco en el deterioro del sistema de servicios públicos y en el impacto de las políticas energéticas nacionales. Recordó que entre 2020 y 2023 el Gobierno nacional mantuvo congeladas las tarifas mientras transfería fondos millonarios a CAMMESA, y que hoy ese organismo reclama a las distribuidoras montos que, según indicó, “ya fueron cobrados”. “Es una falta total de respeto, casi de carácter delincuencial”, sentenció.

En ese contexto, se preguntó si la dirigencia local aceptará pasivamente exigencias que rondan los 40 mil millones de pesos y si el interventor convalidará esas decisiones, mientras Trelew enfrenta cortes de luz, colapsos cloacales y una crisis sanitaria visible en el centro de la ciudad. “El olor a cloaca es fulminante, comparable con lo que ocurre en la Laguna”, describió.

Finalmente, Coliñir sostuvo que la Cooperativa debe volver a manos de sus socios y llamó a democratizar su conducción. “Nunca escuché que se plantee entregar una cooperativa de servicios públicos a un juez. Eso no existe en el sistema cooperativo”, afirmó. Y concluyó que, si hay sectores que consideran que el modelo cooperativo no funciona, esa discusión debe darse de manera abierta y transparente, pero no a partir de decisiones irregulares ni intervenciones permanentes.