Cooperativa: formalizaron el cese de la intervención
La Justicia dispuso el cese definitivo de la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew
El juez federal Hugo Ricardo Sastre resolvió el 6 de agosto finalizar la intervención judicial iniciada en octubre de 2024. La decisión llegó tras las presentaciones de la nueva conducción y del interventor ante el Juzgado Federal de Rawson. Queda pendiente el informe final antes del archivo del expediente.
La intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Trelew llegó formalmente a su fin. El juez federal Hugo Ricardo Sastre dispuso el 6 de agosto de 2026 el cese de la medida iniciada el 7 de octubre de 2024 y posteriormente prorrogada.
La resolución fue dictada en el expediente iniciado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) contra la Cooperativa Eléctrica, Consumo y Vivienda de Trelew, a pedido de la Secretaría de Trabajo del Chubut. Esto fue anunciado en redes sociales por el propio gobernador Ignacio Torres.
La presentación de Luna y sus abogados
Antes de la resolución, la nueva presidenta de la Cooperativa, Andrea Patricia Luna, se presentó ante el Juzgado Federal junto a sus abogados patrocinantes, Diego Martínez Zapata y Fernando Ariel Peralta.
En esa presentación acompañaron las actas de la Asamblea de Delegados y del Consejo de Administración y solicitaron expresamente a la Justicia que se declarara el cese de la intervención judicial.
También pidieron la expedición de una certificación que acreditara tanto la finalización de la intervención como la constitución del nuevo Consejo, necesaria para realizar trámites ante bancos, organismos públicos, empresas proveedoras y otras instituciones vinculadas con la Cooperativa.
Por otra parte, el hasta entonces interventor Juan Manuel Alfonsín, con el patrocinio del abogado Emanuel Pinsker, presentó su propio informe ante el Juzgado.
Alfonsín comunicó que el 26 de julio se había realizado la Asamblea General Ordinaria y que, con la proclamación del nuevo Consejo de Administración, habían cesado las funciones que se encontraban bajo su responsabilidad como interventor. También informó sobre la constitución y distribución de cargos realizada el 27 de julio.
El juez puso fin a la intervención
Con ambas presentaciones incorporadas al expediente, el Juzgado dejó la causa a despacho para resolver.
Finalmente, el 6 de agosto, Sastre resolvió “disponer el cese” de la intervención judicial establecida mediante la sentencia interlocutoria del 7 de octubre de 2024 y sus sucesivas prórrogas.
Además, tuvo por reconocidas a las nuevas autoridades, particularmente a Andrea Luna como presidenta, Marcela Marauda como secretaria y Walter Fernández como tesorero.
La administración ya había sido entregada
La documentación judicial también deja constancia del proceso de traspaso.
Según informó Alfonsín, fueron entregados al nuevo Consejo los libros sociales y contables, estados contables, inventarios de bienes, caja y valores, cuentas bancarias, claves de acceso a sistemas informáticos, expedientes administrativos y judiciales y contratos vigentes.
También se incluyeron convenios colectivos, documentación laboral, nómina de personal, vehículos y herramientas, documentación tributaria, estado de deudas, créditos a cobrar, convenios de pago, documentación técnica, licencias y permisos.
Una observación de la Justicia
En su resolución, Sastre dejó asentada una observación: señaló que las nuevas autoridades recién en esa instancia comunicaron formalmente al Tribunal el resultado del proceso electoral y la composición del nuevo Consejo.
El juez indicó que esa presentación debió realizarse de manera tempestiva, debido a que todavía se encontraba en curso una intervención judicial bajo responsabilidad del Juzgado.
Sin embargo, esa circunstancia no impidió el cierre de la intervención. El magistrado consideró que, ante las elecciones realizadas y las decisiones adoptadas por la Asamblea y el Consejo, correspondía reconocer a las nuevas autoridades y disponer el cese.
La intervención terminó, pero falta el informe final
En la foto, la imagen del gobernador Ignacio Torres cuando anunció el pedido de intervención desde Trabajo al Inaes; el primer interventor, Matías Bourdieu; el intendente, Gerardo Merino, y el segundo interventor, Pablo Punta; Andrea Luna -actual presidenta- y el último interventor, Juan Manuel Alfonsí.
La resolución establece una diferencia importante: la intervención judicial terminó el 6 de agosto, aunque el expediente todavía no está archivado.
Sastre señaló que continúa pendiente el informe final, cuya elaboración corresponde al interventor judicial y al equipo oportunamente designado. Ese documento deberá presentarse antes de que la Justicia disponga el archivo de la causa.
De esta manera, la Cooperativa Eléctrica de Trelew quedó formalmente bajo la administración ordinaria del Consejo surgido del proceso electoral, mientras que la actuación judicial permanece abierta únicamente a la espera del informe final y posterior archivo del expediente.
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