Diputados debatirán la prohibición del uso de celulares en cárceles

El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley que prohíbe a los internos la tenencia de dispositivos móviles. La iniciativa propone reemplazar el uso clandestino de tecnología por un sistema de telefonía institucional controlado y exclusivamente por voz.

Con el objetivo de combatir la inseguridad y evitar que los establecimientos penitenciarios funcionen como centros de operaciones para organizaciones criminales, el Poder Ejecutivo del Chubut envió a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 017/26. La normativa busca prohibir estrictamente el ingreso, tenencia y uso de equipos móviles por parte de personas privadas de libertad en todo el territorio provincial.

El fin de la «clandestinidad»

Según los fundamentos del proyecto, el uso de celulares se ha convertido en un «vector principal» para la coordinación de delitos, afectando la protección de testigos y la eficacia de las investigaciones judiciales. El Ejecutivo se apoya en informes de la PROCUNAR que demuestran cómo los delincuentes utilizan la telefonía móvil para sostener estructuras criminales desde sus celdas.

«El objetivo es cerrar el circuito de comunicaciones no auditables que facilita la continuidad delictiva», sostiene la exposición de motivos del proyecto, aclarando que no se busca la incomunicación del recluso, sino la transición hacia canales oficiales.

Puntos clave del proyecto:

Prohibición absoluta: Alcanza a teléfonos celulares, smartphones, tablets, computadoras portátiles, relojes inteligentes y cualquier accesorio que permita la conexión a redes de datos o internet.

Comunicaciones controladas: El Estado garantizará el derecho a la comunicación a través de líneas fijas o tecnología VoIP instalada en los centros de detención.

Solo voz: Los sistemas autorizados funcionarán bajo protocolos que solo permitan llamadas de voz hacia números previamente registrados, prohibiendo expresamente el acceso a redes sociales o mensajería instantánea.

Inhibidores de señal: Se faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia —designado como autoridad de aplicación— a instalar soluciones técnicas como inhibidores para bloquear señales móviles dentro de los pabellones.

Sanciones y control

La detección de un dispositivo prohibido derivará en su secuestro inmediato y será considerada una falta grave dentro del régimen disciplinario. Además, la ley establece responsabilidades para el personal penitenciario o policial que facilite de manera dolosa o negligente el ingreso de estos dispositivos.

El proyecto también resguarda la privacidad de las comunicaciones, prohibiendo la interceptación de los contenidos sin orden judicial, y asegura la confidencialidad en el contacto entre los internos y sus abogados defensores.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la ley y comenzar su implementación gradual en todas las alcaidías, comisarías y unidades del Servicio Penitenciario de la provincia.