El Tribunal de Cuentas observó gastos y contrataciones de la Legislatura y dio 15 días para responder

Una nota formal del Tribunal de Cuentas del Chubut, fechada el 8 de septiembre y dirigida al vicegobernador Gustavo Menna como presidente de la Legislatura, reunió una extensa serie de observaciones sobre gastos pagados durante el primer semestre de 2025. Hay contrataciones que, según el organismo, debieron tramitarse mediante licitación pública, compras sin justificación suficiente, reintegros cuestionados, rendiciones incompletas, documentación faltante y procedimientos que deberán ser explicados.

Un informe elaborado por Vibra News a partir de documentación oficial del Tribunal de Cuentas del Chubut revela que el organismo remitió el 8 de septiembre una nota formal a la Legislatura provincial, dirigida a Gustavo Menna, vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, para comunicar las observaciones surgidas de una auditoría sobre expedientes de gastos pagados durante el primer semestre de 2025. Menna ejerce actualmente la Presidencia de la Legislatura por su condición de vicegobernador.

La comunicación no se limita a un señalamiento aislado. El relevamiento de Vibra News muestra observaciones sobre obras, equipamiento, alimentos, mobiliario, viáticos, reintegros, hospedajes, servicios profesionales y distintos procedimientos de contratación. El Tribunal de Cuentas es precisamente el órgano constitucional encargado del control de la legalidad del gasto público provincial y su jurisdicción incluye al Poder Legislativo. Y es habitual que en los Boletines Oficiales aparezcan requerimientos a municipios y otros organismos.

El documento otorga un plazo de 15 días para responder. Ese punto es central para dimensionar correctamente el caso: se trata de observaciones de auditoría que la Legislatura puede contestar, justificar o subsanar mediante documentación. No equivalen por sí mismas a una determinación de perjuicio fiscal ni a una responsabilidad definitiva.

Una obra de casi $68 millones que, según el Tribunal, debía ir a licitación pública

Uno de los casos más relevantes detectados por Vibra News corresponde a la remodelación de una Sala de Comisión de la Legislatura, adjudicada por un total de $67.873.226.

El importe fue abonado en tres partes: dos pagos de $20.361.967,80 y un tercero de $27.149.290,40.

La observación del Tribunal va directamente al procedimiento utilizado. Según el documento, la contratación debió realizarse mediante Licitación Pública, porque el monto superaba el límite de 56 módulos previsto por la normativa aplicable.

El organismo requirió explicar por qué se utilizó un concurso y señaló que esa decisión impidió la difusión y la posible participación de una mayor cantidad de oferentes que podría haber generado una licitación.

No se trata aquí de una observación meramente formal sobre una firma o un comprobante: el Tribunal pone bajo análisis el mecanismo utilizado para adjudicar una obra de casi $68 millones.

Casi $20 millones en iluminación: otra contratación bajo observación

Otro expediente por $19.958.343, destinados al sistema de iluminación del recinto de la Legislatura. La contratación fue realizada mediante Concurso de Precios N° 02/2025 HL.

También en este caso el Tribunal sostuvo que debió utilizarse una Licitación Pública, debido al monto del servicio, y reclamó explicar por qué se optó por un procedimiento que, según la observación, limitó la difusión y la posible participación de una mayor cantidad de oferentes.

Así aparece uno de los patrones más relevantes del informe analizado por Vibra News: en distintos expedientes, el cuestionamiento no está centrado necesariamente en la existencia del gasto, sino en cómo fue contratado.

$19 millones en equipos de video y precios sin individualizar

La auditoría también alcanzó una compra por $19 millones, destinada a equipamiento de la nueva Sala de Comisiones.

La adquisición incluyó cuatro monitores, cuatro soportes, dos micrófonos de mesa, dos parlantes y una cámara PTZ.

El Tribunal observó que tanto el presupuesto como la orden de compra, la factura y la planilla de alta de bienes muebles consignaban el monto total, sin individualizar el valor de cada elemento.

Por eso reclamó identificar el precio unitario de cada uno de los bienes, para poder valuarlos e incorporarlos correctamente al patrimonio legislativo.

Más de $4,4 millones en alimentos: “no se encuentran justificadas dichas compras”

Uno de los señalamientos más directos del documento corresponde al expediente de un mayorista por $4.468.982,47, por provisión de alimentos varios destinados a dependencias de Presidencia.

El pago se realizó el 16 de mayo de 2025.

La observación del Tribunal es contundente: en el expediente “no se encuentran justificadas dichas compras”.

Además, el organismo pidió explicar por qué no se confeccionó la correspondiente orden de compra, pese a que el gasto superaba el valor del módulo establecido por la normativa.

En otro expediente del mismo proveedor aparecen $620.000 por insumos varios, pero el Tribunal señaló que no se aclaraba de qué insumos se trataba ni cuál era su destino.

Un somier de $1,07 millones comprado mediante reintegro

Otro caso que sobresale en el relevamiento de Vibra News corresponde a un gasto de $1.077.000 por la adquisición de un somier destinado a la vivienda oficial N° 25.

El cuestionamiento no estuvo dirigido específicamente al bien adquirido, sino al mecanismo utilizado.

El Tribunal sostuvo que este tipo de gasto no debería realizarse mediante la figura del reintegro, procedimiento que, según la observación, debería limitarse a situaciones urgentes e imprevistas.

Nuevamente, el eje vuelve a estar puesto en cómo se administraron los fondos y no solamente en qué se compró.

$3 millones para reuniones y eventos y el alojamiento de 24 personas

El informe también incluye un expediente correspondiente a un anticipo de $3 millones con cargo a rendir, destinado a cubrir reuniones y eventos en distintas localidades de Chubut.

El Tribunal reclamó que la rendición de fondos públicos estuviera completa y realizó una observación específica: debía identificarse el destino del alojamiento de 24 personas para poder justificar la contratación.

En otro expediente, por $540.280,20 en gastos de hospedaje, se observó además la falta de constancia de la comisión de servicios que había dado origen al gasto.

Una compra de 25 sillas adjudicada directamente

La auditoría también cuestionó la adquisición de 25 sillas por $4.375.000.

Según el Tribunal, por el monto involucrado correspondía utilizar un Concurso Privado de Precios, procedimiento que exige invitar a un mínimo de tres proveedores.

Sin embargo, el expediente muestra que la compra fue adjudicada directamente a un único proveedor.

El organismo pidió explicar por qué no se aplicó el procedimiento previsto por la normativa.

Alarmas, cubiertas y documentación que faltaba

Otro expediente corresponde a la compra de diez kits de alarmas por $6.417.500, destinados a viviendas oficiales.

Según la auditoría, no constaba la disposición que autorizaba esa adquisición.

También aparece una compra de dos cubiertas por $578.544 para un vehículo oficial asignado a un diputado provincial. En este caso, la observación señala que faltaba indicar el dominio del vehículo.

El documento incorpora además casos donde faltaban órdenes de compra originales, donde las incorporadas al expediente eran copias escaneadas, facturas sin conformidad del funcionario responsable y planillas patrimoniales con firmas incompletas.

Honorarios y servicios sin instrumentos contractuales

El Tribunal también observó pagos vinculados a servicios profesionales donde no constaban contratos u órdenes de compra.

Uno de los casos corresponde a un pago de $615.000 por febrero de 2025 y otro por más de $14,7 millones, correspondiente a declaraciones juradas de 2024.

El organismo indicó que no se realizó contrato ni orden de compra y sostuvo que, al tratarse de gastos que se producen regularmente, debía formalizarse la correspondiente contratación.

Un señalamiento similar aparece respecto de un abono mensual por un sistema de control de presentismo. El Tribunal pidió que, por tratarse de un gasto recurrente durante el año, existiera un instrumento jurídico que respaldara la relación contractual.

Viáticos y comisiones: faltan cierres, constancias de viajes y boarding pass

Otro capítulo relevante del informe analizado por Vibra News está relacionado con los viáticos, traslados y comisiones de servicio de agentes de la Legislatura. Las observaciones no se concentran únicamente en los montos pagados, sino fundamentalmente en la documentación necesaria para acreditar dónde, cuándo y bajo qué condiciones se realizaron los viajes.

Entre las observaciones generales, el Tribunal señala que en los traslados aéreos, en la mayoría de los casos, no se adjuntaban los boarding pass. Además, advierte que en los expedientes de viáticos suele constar la resolución administrativa que autoriza el pago, pero no aparecen debidamente acreditados el lugar, la fecha y la hora efectiva de inicio y finalización de la comisión.

El organismo dejó una recomendación concreta: cada comisión debería iniciarse con una solicitud en la que consten el vehículo utilizado, el destino, la fecha y hora de salida, y finalizar con un cierre de comisión al regreso, ambos debidamente autorizados. De esa manera quedaría documentado en el expediente el importe que corresponde abonar en concepto de viáticos y los eventuales ajustes.

El propio Tribunal aclara además que esa recomendación ya había sido formulada en auditorías anteriores, lo que le da mayor relevancia al señalamiento.

En expedientes concretos, el organismo detectó pagos por comisiones de servicio donde faltaban la resolución, el cierre de comisión o la rendición completa, y advirtió que esas omisiones impedían revisar adecuadamente los gastos.

También aparece un reintegro por $540.280,20 en hospedaje donde no constaba la comisión de servicios que había dado origen al gasto, y un anticipo de $3 millones destinado a reuniones y eventos cuya rendición debía completarse identificando el destino del alojamiento de 24 personas.

En conjunto, el cuestionamiento apunta a la trazabilidad del gasto público: poder determinar quién viajó, dónde estuvo, durante cuánto tiempo, qué medio utilizó, cuánto correspondía pagar y qué documentación acredita efectivamente la realización de esa comisión.

Para Vibra News, el dato más relevante es que el Tribunal no describe solamente faltantes aislados, sino deficiencias administrativas que ya habían sido advertidas con anterioridad y que volvieron a aparecer en la auditoría.

La Legislatura también quedó bajo la lupa del Tribunal

Uno de los datos institucionales que surge con mayor claridad del trabajo de Vibra News es que el control del Tribunal de Cuentas no se limita a intendencias, municipios o entes descentralizados.

En este caso, las observaciones alcanzan directamente a la administración del Poder Legislativo provincial.

Eso incluye obras, compras de equipamiento, gastos vinculados a Presidencia, reintegros, viáticos, hospedajes, contrataciones profesionales y procedimientos internos.

La nota del Tribunal fue dirigida precisamente a Menna en su carácter de presidente del cuerpo, lo que le da al requerimiento una dimensión institucional directa: el órgano de control notificó formalmente a la máxima autoridad de la Legislatura sobre las observaciones detectadas.

La nota fue dirigida a Menna y dio 15 días para responder

Ese es uno de los datos más importantes de todo el documento. La comunicación fue elevada el 8 de septiembre a la Presidencia de la Legislatura y otorgó 15 días para responder.

La nota está firmada por el relator fiscal de la Fiscalía N° 4 del Tribunal de Cuentas y reclama que se dé respuesta a los distintos puntos señalados.

Por eso, la historia no termina con la existencia de estas observaciones.

Ahora existe una segunda instancia que será clave: conocer qué documentación presentó la Legislatura, qué explicaciones brindó, qué observaciones fueron subsanadas y cuáles eventualmente podrían mantenerse abiertas.

Qué muestra el informe de Vibra News

El relevamiento realizado por Vibra News permite reunir en una sola lectura observaciones que, tomadas individualmente, podrían parecer administrativas, pero que en conjunto muestran un control mucho más amplio sobre la ejecución del gasto legislativo.

Hay dos contrataciones importantes que, según el Tribunal, debieron ser licitaciones públicas. Hay una compra directa que, a criterio del organismo, debió pasar por un concurso con varios oferentes. Hay compras cuya justificación fue considerada insuficiente, rendiciones incompletas, documentación faltante y gastos recurrentes sin contratos formalizados.

Nada de eso permite concluir automáticamente que existió perjuicio fiscal, delito o responsabilidad administrativa definitiva.

Pero tampoco puede reducirse a simples formalidades.

El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de controlar la legalidad del gasto público provincial, y el 8 de septiembre trasladó formalmente estas observaciones al presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, otorgándole un plazo para responder.

Desde Vibra News, ese es el dato central: mientras buena parte de la discusión pública sobre el Tribunal de Cuentas suele concentrarse en observaciones realizadas a municipios, la documentación analizada muestra que la propia Legislatura del Chubut también quedó bajo revisión por la forma en que administró y documentó distintos gastos durante el primer semestre de 2025.

La próxima información relevante ya no será solamente qué observó el Tribunal. Será saber qué respondió la Legislatura y cuáles de todos estos señalamientos quedaron efectivamente subsanados.