Diputados del PICH piden informes al Ejecutivo sobre el acuerdo Chubut–YPF y la solvencia de las empresas adjudicatarias

Los diputados provinciales Andrea Toro y Marcelo Rubia, del bloque Partido Independiente del Chubut (PICH), presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar al Poder Ejecutivo una serie de informes vinculados al acuerdo firmado entre la Provincia del Chubut e YPF S.A., aprobado recientemente por la Legislatura mediante la Ley N.º 080/26.

La iniciativa, ingresada el 8 de julio, propone requerir documentación técnica, económica, jurídica y ambiental con el objetivo de contar con mayores elementos de análisis sobre la transferencia de áreas hidrocarburíferas y las obligaciones asumidas por las nuevas empresas concesionarias.

El foco: la solvencia de las empresas

Uno de los principales planteos del proyecto está dirigido a conocer cómo fue evaluada la solvencia económica y técnica de las empresas Crown Point Energía S.A., Pecom Servicios Energía S.A.U. y San Benito Upstream S.A.U., que asumirán responsabilidades derivadas del acuerdo.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el Acta Acuerdo afirma que dichas empresas fueron «debidamente estudiadas y aprobadas», aunque señalan que esa documentación no fue incorporada al expediente legislativo durante el tratamiento de la ley.

Además, indican que información pública disponible en el mercado de capitales mostraría perfiles financieros diferentes entre las compañías, por lo que consideran necesario conocer la metodología utilizada para evaluar la capacidad de cada una de ellas.

Pedido de documentación ambiental

Otro de los ejes del proyecto apunta a la cuestión ambiental.

Los diputados solicitan copia de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, junto con los informes de auditoría ambiental de cierre y los planes ambientales específicos correspondientes a las siete concesiones involucradas.

También requieren conocer si existen garantías adicionales, como seguros de caución ambiental, fideicomisos de remediación, garantías bancarias u otros instrumentos que permitan afrontar eventuales contingencias ambientales futuras.

El monto de la contraprestación

La iniciativa también solicita información técnica que respalde la determinación de los 25 millones de dólares fijados como contraprestación extraordinaria dentro del acuerdo.

En ese sentido, pide una tasación técnica, informe pericial o metodología de cálculo que permita establecer la relación entre ese monto y la magnitud estimada del pasivo ambiental cuya responsabilidad deja de recaer sobre YPF.

Situación de los inmuebles

Otro de los puntos incluidos en el pedido está relacionado con los inmuebles incorporados al Anexo A del acuerdo.

Según expresan los autores del proyecto, algunos de esos bienes presentarían situaciones de ocupación irregular o usurpación, por lo que solicitan un informe detallado sobre la situación dominial y posesoria de cada uno de ellos, además del estado de los procesos administrativos o judiciales que pudieran existir.

Asimismo, piden conocer el avance del relevamiento integral previsto por la propia ley y el plazo estimado para su finalización.

Jurisdicción e impacto fiscal

La resolución también solicita que el Ejecutivo explique por qué el acuerdo establece que las controversias serán resueltas por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no por la Justicia de la Provincia del Chubut.

A ello se suma un pedido para que la Agencia de Recaudación Provincial informe cuál sería el impacto fiscal derivado de las exenciones impositivas, registrales, catastrales y administrativas previstas en los artículos 10 y 12 de la ley aprobada.

Diez días para responder

El proyecto propone que el Poder Ejecutivo remita toda la información requerida a la Legislatura dentro de un plazo de diez días hábiles, al considerar que esos antecedentes son necesarios para que el Parlamento pueda ejercer adecuadamente sus funciones de control.

La iniciativa fue presentada por los diputados Andrea Toro y Marcelo Rubia, quienes fundamentan el pedido en las facultades de control previstas por el artículo 134, inciso 3°, de la Constitución de la Provincia del Chubut.