Heredia confirmó acciones judiciales para pedir la nulidad del acuerdo entre Chubut e YPF

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El abogado constitucionalista Raúl Heredia confirmó que ya se preparan acciones judiciales para solicitar la nulidad del acuerdo firmado entre la Provincia del Chubut e YPF y de la ley que lo aprobó la Legislatura. Aclaró que el planteo estará dirigido contra el convenio y el proceso legislativo que le dio respaldo, y no contra la figura del gobernador, aunque sostuvo que de ese proceso podrían surgir, con el tiempo, responsabilidades políticas, civiles, administrativas e incluso penales.

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Heredia explicó que las futuras presentaciones buscarán demostrar que el acuerdo carece de los requisitos indispensables para su validez jurídica, principalmente por la ausencia de estudios científicos que respalden la cuantificación del pasivo ambiental y por la falta de participación de los actores que, según afirmó, debían ser consultados.

También sostuvo que las eventuales responsabilidades no se limitan al plano político. «Hay responsabilidades políticas, administrativas, civiles y penales para quienes suscribieron y aprobaron el acuerdo», señaló, al tiempo que recordó que mientras los funcionarios permanecen en el ejercicio de sus cargos no corren los plazos de prescripción para este tipo de acciones.

Respecto de los tiempos, evitó precisar una fecha para las presentaciones judiciales. Explicó que existen plazos legales que deben respetarse y que la estrategia será definida de manera colectiva junto con otros sectores. Sin embargo, remarcó que la rapidez con la que fue aprobado el convenio hace necesaria una respuesta judicial en el corto plazo, al considerar que se encuentran comprometidos intereses colectivos.

Consultado sobre quiénes acompañarán el reclamo, evitó mencionar nombres puntuales, aunque indicó que varios diputados provinciales de Comodoro Rivadavia, algunos concejales, el intendente de esa ciudad y diputados nacionales ya expresaron públicamente su rechazo al acuerdo. Aclaró que aún no está definida la dimensión que tendrá la presentación conjunta.

«Uno de los actos más vergonzosos» en 50 años de vida institucional

El segundo gran tema de la charla fue el acuerdo por la salida definitiva de YPF de la provincia. Heredia no midió palabras: definió lo ocurrido como uno de los actos más vergonzosos que recuerda en más de cinco décadas viviendo en Chubut, y aclaró que en ese medio siglo ya había sido testigo —y crítico— de otros acuerdos provinciales polémicos, pero que este caso le pareció particularmente grave.

El proceso: firma y aprobación exprés

Uno de los puntos que más lo indignó fue la velocidad con la que se manejó todo el trámite. El convenio se firmó el 26 de junio y, apenas dos días después, ya estaba aprobado en la Legislatura. Heredia remarcó que siguió el debate en vivo y calificó los argumentos que escuchó de los legisladores como de una pobreza extraordinaria para la magnitud del tema que se estaba resolviendo.

Sin base científica para cuantificar el daño ambiental

Su objeción de fondo fue que el pasivo ambiental —es decir, el costo de reparar el daño ecológico acumulado por más de un siglo de actividad petrolera— se cuantificó y aprobó con total ligereza, sin que mediara ningún estudio científico serio que respaldara esas cifras. Para Heredia, esto vicia de raíz la validez del acuerdo: no se puede fijar un número sobre algo tan complejo sin un trabajo técnico previo.

El argumento de la diputada sobre Comodoro y Santa Cruz

Como ejemplo de la debilidad de los argumentos oficialistas, mencionó el caso de una diputada que intentó explicar por qué no correspondía comparar la situación de Santa Cruz con la de Comodoro Rivadavia o el resto de Chubut. Según relató Heredia, la explicación pasaba por señalar que la explotación petrolera en la zona de Comodoro comenzó en 1907 —mucho antes que en Santa Cruz—, lo que implica una contaminación ambiental extraordinaria acumulada durante más de un siglo, de la que nadie se hizo cargo hasta el momento. Heredia coincidió en el diagnóstico del daño, pero lo utilizó como argumento en contra del apuro con el que se cerró el convenio, no a favor.

Todos los municipios de las cuencas, no solo Comodoro

Insistió en que el problema no se limita a Comodoro Rivadavia: alcanza a todos los municipios ubicados en las cuencas petroleras de la provincia. Su crítica central fue que ninguno de esos municipios fue convocado para opinar antes de definir cómo se distribuirían los bienes involucrados, lo que consideró una nueva vulneración de la autonomía municipal en una materia donde el impacto directo recae sobre esas comunidades.

Derechos ambientales y de los pueblos originarios

Sostuvo que tampoco se respetó el principio de acceso a la información pública en materia ambiental, un derecho que calificó como esencial en este tipo de procesos. Además, afirmó que las comunidades originarias no fueron consultadas, pese a que el Convenio 169 de la OIT establece la obligación de realizar una consulta previa en decisiones de estas características.

Un error que grafica la ligereza del trámite

Como ejemplo de la falta de cuidado con la que se redactó y aprobó el acuerdo, señaló que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo contenía dos fechas distintas, una de ellas el 26 de julio de 2026, una fecha que todavía no había ocurrido cuando la norma fue debatida y sancionada.

Los montos y los bienes en juego

En términos económicos, recordó que el acuerdo reconoce 335 millones de dólares para Santa Cruz y 25 millones de dólares para Chubut, a pagarse en dos cuotas. A ello se suma la transferencia de distintos bienes que, según sostuvo, ya estaban desde hacía muchos años en poder de quienes ahora aparecen como destinatarios formales.

Por esa razón calificó esos bienes como «espejitos de colores», al entender que la compensación económica resulta insignificante frente al enorme pasivo ambiental generado por una actividad que durante más de un siglo produjo cuantiosos ingresos para la Nación y las provincias.

«No podría sostenerse en sede judicial»

Heredia concluyó que, desde su punto de vista, el acuerdo difícilmente pueda sostenerse ante la Justicia porque carece de respaldo científico, no respetó los procedimientos de participación ciudadana y dejó afuera a actores institucionales que debían intervenir antes de adoptar una decisión de semejante trascendencia.