El juez Sastre redefine la intervención de la Cooperativa Eléctrica y envía una señal política sobre el control del gasto

La decisión del juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, de reemplazar al interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew no es un mero movimiento administrativo. La resolución marca un giro institucional en la intervención judicial y envía un mensaje claro: la etapa de emergencia quedó atrás y comienza una fase en la que la eficiencia, el control del gasto y el arraigo local pasan a ser centrales.

Tras más de un año de intervención, el magistrado resolvió que el licenciado Matías Bourdieu deje la conducción del proceso a partir del 8 de enero de 2026, dando lugar a la asunción del ingeniero industrial Crhistian Valentín Fraysse, quien continuará con las mismas facultades, pero bajo un esquema más austero y territorialmente cercano.

Un cambio de etapa, no una sanción

En los fundamentos de la resolución, el juez deja en claro que el reemplazo no responde a una evaluación negativa de la gestión saliente. Por el contrario, reconoce que la intervención produjo avances y que esos resultados fueron determinantes para prorrogarla meses atrás.

Sin embargo, el mensaje institucional es contundente: la cooperativa ya no se encuentra en la misma situación crítica que motivó la intervención y, por lo tanto, el esquema de conducción debe adaptarse a una nueva realidad. Para Sastre, sostener una estructura costosa en una empresa de servicios públicos en crisis ya no resulta razonable.

Austeridad y control del gasto como eje político

El punto más fuerte de la resolución es el criterio económico. El juez considera que, para el tramo final del proceso, la cooperativa debe reducir erogaciones innecesarias, especialmente aquellas vinculadas a traslados y viáticos derivados de una conducción externa.

La designación de un interventor con actividad radicada en la jurisdicción no es casual: se trata de una decisión política en términos de administración pública, orientada a cuidar los recursos de una entidad que pertenece a los usuarios y que arrastra una pesada herencia financiera.

En ese mismo sentido, Sastre dejó sin efecto la designación del responsable técnico-operativo externo, al entender que la cooperativa cuenta hoy con personal propio capacitado para asumir esas funciones, reforzando la idea de normalización progresiva.

Mensaje a la dirigencia y a la cooperativa

La resolución también puede leerse como un mensaje hacia la dirigencia política y sindical que históricamente gravitó sobre la Cooperativa Eléctrica. El juez deja en claro que la intervención no es un espacio para sostener estructuras costosas ni disputas de poder, sino una herramienta transitoria para ordenar, sanear y devolver previsibilidad.

Además, al fijar una fecha concreta para el traspaso —el 8 de enero—, el magistrado busca evitar vacíos de conducción y asegurar continuidad, reforzando el rol del Poder Judicial como garante del proceso.

Una intervención que entra en su tramo decisivo

Con este cambio, la intervención judicial entra en una fase decisiva, donde el objetivo ya no es solo apagar incendios, sino consolidar lo actuado y preparar el terreno para una salida ordenada.

La señal es clara: menos gastos, más eficiencia y mayor responsabilidad institucional. En una cooperativa clave para la vida cotidiana de Trelew, el juez Sastre deja en claro que el tiempo de las improvisaciones se terminó y que el cierre del proceso exigirá decisiones firmes y conducción ajustada a la realidad local.