Seguro escolar

Seguro escolar en Chubut: piden detalles sobre la contratación y los alcances de la cobertura

La Legislatura aprobó un pedido de informes para conocer cuánto paga la Provincia por el seguro escolar, cómo fue seleccionada la compañía aseguradora y qué prestaciones reciben los estudiantes ante un accidente. También se busca determinar si los montos establecidos resultan suficientes para afrontar tratamientos médicos complejos.

La contratación del seguro de accidentes personales destinado a estudiantes de establecimientos educativos de Chubut será motivo de un informe del Gobierno provincial. La Legislatura aprobó la Resolución N.º 245/26, impulsada por la diputada Norma Arbilla, del bloque Arriba Chubut, para conocer las condiciones económicas, administrativas y contractuales del servicio.

El requerimiento, sancionado el 15 de octubre, está dirigido al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y establece un plazo de cinco días hábiles para responder.

¿Por qué se eligió una aseguradora de Entre Ríos?

Uno de los aspectos que busca esclarecer la iniciativa es el procedimiento utilizado para contratar a IAPSER Seguros, el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, una entidad estatal de la provincia gobernada por Rogelio Frigerio.

En los fundamentos del proyecto se mencionan las relaciones institucionales entre ambas provincias y actividades desarrolladas durante 2026 vinculadas con la aseguradora.

La autora aclara que esa circunstancia no supone por sí misma una irregularidad, aunque considera necesario conocer los criterios técnicos y económicos que fundamentaron la elección.

Por eso, se solicita informar si hubo licitación pública, concurso de precios o contratación directa, si se evaluaron propuestas de otras compañías y qué funcionarios participaron en el proceso.

¿Cuánto cuesta asegurar a los estudiantes?

Otro punto importante es el costo del servicio para las cuentas provinciales.

La Legislatura requiere conocer el monto total contratado y abonado, la cantidad de alumnos asegurados, el costo por estudiante y la posible participación de intermediarios o comisiones.

Esta información permitirá evaluar las condiciones económicas del contrato y comparar el servicio con otras alternativas disponibles.

Los montos de cobertura

El pedido también analiza las prestaciones previstas en el instructivo del seguro escolar.

Según la documentación mencionada en el proyecto, se establecen indemnizaciones máximas de $1.500.000 por muerte accidental o invalidez permanente y un límite de $2.000.000 para asistencia médico-farmacéutica.

La inquietud legislativa consiste en determinar si esas sumas resultan adecuadas frente a los costos actuales de internaciones, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y tratamientos prolongados.

También se solicita conocer si la Provincia realizó evaluaciones técnicas para establecer esos valores y si existen mecanismos de actualización.

¿Cómo continúa la atención médica?

Un aspecto que merece precisiones es el funcionamiento de la cobertura cuando un estudiante necesita atención posterior a un accidente.

El instructivo citado establece que quienes poseen obra social o prepaga continúan sus tratamientos a través de esas prestaciones después de la atención inicial.

En el caso de alumnos sin otra cobertura, la asistencia se mantiene hasta el alta médica o hasta agotar el límite asegurado de dos millones de pesos, lo que ocurra primero.

La resolución solicita aclarar qué sucede cuando los gastos superan ese monto, qué responsabilidad asume la aseguradora y cómo se garantiza la atención en localidades donde no existen prestadores disponibles.

A la espera de las precisiones oficiales

El pedido comprende nueve puntos e incluye la remisión de la póliza completa, el contrato, los antecedentes administrativos, los informes técnicos y los dictámenes jurídicos que respaldaron la contratación.

La documentación presentada no permite establecer cuánto pagó efectivamente Chubut por el servicio ni conocer todos los alcances de la póliza contratada.

La información solicitada permitirá contar con mayores elementos para evaluar tanto el procedimiento administrativo como las prestaciones previstas.

El tema plantea una cuestión de interés público: conocer cómo se utilizan los recursos destinados

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