Tarifa de la Cooperativa: el reloj corre hacia el 22 de mayo y crece la tensión por un posible “atajo” institucional

El expediente tarifario enviado por el intendente Gerardo Merino ingresó con el sello de “urgente tratamiento” y activó una cuenta regresiva que ya marca el pulso político del Concejo Deliberante. Si no se aborda en comisión, obtiene dictamen y baja al recinto dentro del plazo establecido por el artículo 50 de la Carta Orgánica, el aumento —que ronda el 39%— quedará aprobado automáticamente a partir del 22 de mayo.

En ese contexto, la suspensión de la comisión de Hacienda prevista para esta semana —donde inicialmente se iban a tratar rendiciones— no pasó desapercibida. En los pasillos legislativos crece una lectura cada vez más firme: dejar correr los tiempos para que el expediente avance sin sobresaltos ni exposición en el recinto.

Una estrategia para evitar el debate en sesión

El “urgente tratamiento” ordena la estrategia política. Hoy, la oposición no tiene los votos necesarios para quitar esa condición (se requieren siete), lo que limita cualquier intento de frenar el mecanismo, rediscutir la tarifa y los artículos que ponen en jaque atribuciones legislativas

Así, se configura un escenario funcional desde el oficialismo:

• Se mantiene cierta actividad en comisión para mostrar movimiento.
• Se evita llevar el tema a una discusión profunda en sesión.
• Y se deja abierta la puerta a que el aumento se apruebe de manera automática, sin votación explícita.

En otras palabras, el costo político del tarifazo se diluye en el procedimiento.

El dato clave: el nuevo MEC y un cambio estructural

Pero el punto más sensible del expediente no es solo el aumento inmediato. Hay un artículo que establece la implementación de un nuevo Mecanismo de Equilibrio de Costos (MEC), que introduce un cambio de fondo:

• Las tarifas se actualizarán en función de la variación de costos.
• Esos ajustes serán determinados por el OMRESP.
• No requerirán aprobación del Concejo Deliberante.

Esto implica que, una vez aprobado el esquema, los futuros aumentos tarifarios quedarían por fuera del debate legislativo.

¿Colisión con la Carta Orgánica?

Aquí aparece el eje más delicado, incluso por encima del porcentaje de aumento.

La Carta Orgánica municipal —tal como se desprende del artículo que fija las atribuciones del Concejo— establece que:

“En todos los casos autorizará mediante Ordenanza las tarifas de los Servicios Públicos…”

Extracto de la Carta Orgánica de Trelew.

Desde esa perspectiva, surgen dudas concretas:

• Si las tarifas deben ser autorizadas por ordenanza,
• ¿Puede la ordenanza del Ejecutivo afectar las facultades legislativas y delegar en un organismo técnico la facultad de actualizarlas automáticamente?

La respuesta no es lineal, pero sí abre un posible conflicto jurídico e institucional:

Postura crítica:

• Se trataría de una delegación de facultades indelegables.
• El Concejo perdería una atribución o facultad central.
• Podría derivar en cuestionamientos legales o judicialización.

Postura defensiva:

• El Concejo no cede la facultad, sino que define un marco general.
• El OMRESP actuaría como brazo técnico dentro de ese esquema.
• Se prioriza la agilidad y previsibilidad del sistema.

Un debate que excede la tarifa

Lo que está en juego ya no es solo el aumento del 39%. El trasfondo es más profundo:

• Se busca desacoplar la actualización tarifaria del debate político permanente.
• El Concejo corre el riesgo de perder centralidad en una de sus funciones clave.
• Y la oposición, sin el séptimo voto, queda limitada a cuestionar sin poder modificar el desenlace.

Con el 22 de mayo cada vez más cerca, el escenario que se perfila es claro: un aumento que podría aprobarse sin votación y un nuevo esquema tarifario que cambiaría las reglas del juego hacia adelante.

La discusión, entonces, ya no es solo cuánto aumenta la tarifa, sino quién tendrá el poder de definirla en el futuro.