Escándalo, renuncia anunciada y un final estremecedor: el laberinto de la Cooperativa de Trelew

La Cooperativa Eléctrica de Trelew atraviesa uno de los momentos más confusos y delicados de su historia reciente, por lo menos la relacionada con el proceso de normalización. La salida de Pablo Punta de la intervención federal —todavía no oficializada en términos administrativos— dejó al descubierto no solo la fragilidad del proceso en curso, sino también una cadena de errores políticos, tensiones gremiales y decisiones judiciales envueltas en un preocupante manto de opacidad.

Como en los laberintos de Borges, donde no siempre se pierde quien se equivoca sino quien ya no encuentra el centro, la Cooperativa Eléctrica de Trelew parece avanzar por pasillos cada vez más estrechos, sin que aún aparezca la salida ni quede claro quién conserva el hilo para regresar.

Puertas adentro, distintas fuentes coinciden en que la decisión de Pablo Punta de dar un paso al costado fue de carácter personal. Al momento de asumir, no habría contado con información completa sobre algunas variables clave del proceso, entre ellas las implicancias reales de los «impagables» planes de pagos de la deuda con la mayorista de energía CAMMESA, el alcance de resoluciones vinculadas a los horarios rotativos en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, los efectos del convenio colectivo vigente y la profundidad del conflicto con el Sindicato de Luz y Fuerza. A ello se sumaría una evaluación posterior del estado financiero de la Cooperativa, que requeriría un incremento tarifario significativo para afrontar compromisos básicos.

El dato resulta llamativo si se tiene en cuenta que Punta se desempeña como director del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), aunque también refleja la complejidad y el dinamismo del escenario con el que se encontró al asumir la intervención.

Con el correr de los días, ese panorama se fue tornando cada vez más difícil de sostener. Para cumplir con obligaciones inmediatas —en el marco de una emergencia que se extendió más de lo previsto y que aún requiere explicaciones más amplias que las estrictamente técnicas— la Cooperativa necesitaría aplicar un aumento tarifario cercano al 100% de aquí a fin de año, una alternativa de muy difícil viabilidad tanto desde el punto de vista político como social.

Cuando Punta advirtió la magnitud de aquello de lo que debía hacerse cargo —un conflicto sindical enquistado, un esquema de costos explosivo y sin respaldo suficiente— la salida se volvió lógica. La apuesta por Punta, que había sido presentada como una alternativa técnica y de conocimiento del sistema, terminó saliendo mal al oficialismo local, producto a todo lo que rodea al mundo Cooperativa.

Si bien la designación formal de los interventores corresponde al juez federal Hugo Sastre —quien anteriormente había nombrado a Cristian Fraysse—, el componente político fue central. Punta tenía llegada directa al Municipio y conocimiento profundo del entramado institucional. Contaba con el apoyo del intendente Gerardo Merino. Era, en los hechos, una referencia en el esquema de control y regulación en el organismo.

Punta era, sin dudas, una opción interesante para conducir la transición: conoce el sistema, la historia de la Cooperativa y los organismos de control. Pero existía un límite evidente: no podía estar en los dos lados del mostrador. Director (licenciado) en el OMRESP y, al mismo tiempo, interventor de la Cooperativa. Esa dualidad erosionó su margen de acción y terminó volviendo inviable su continuidad.

Hoy incluso se puso en duda algo que hasta hace poco parecía seguro: ¿volverá Punta al OMRESP? La pregunta quedó abierta.

En paralelo, el Sindicato de Luz y Fuerza aparece mencionado de manera recurrente en el análisis del proceso que atraviesa la Cooperativa. Distintas fuentes y lecturas coinciden en señalar que el gremio tiene una participación relevante en las discusiones vinculadas a la estructura de costos y a la organización del trabajo, cuestiones que forman parte del debate de fondo sobre la sostenibilidad del servicio.

Durante la primera etapa de la intervención, se registraron desacuerdos públicos y administrativos entre el sindicato y Matías Bourdieu, quien fuera el primer interventor designado. En ese período, el hoy exinterventor suscribió un plan de pagos con CAMMESA por 130 mil millones de pesos y posteriormente dejó el cargo, en un contexto que incluyó diferencias de criterio sobre la gestión y la organización interna de la Cooperativa.

Uno de los puntos de discusión fue el sistema de horarios rotativos. Desde la intervención se había planteado la necesidad de revisar ese esquema con el objetivo de reducir costos operativos y redefinir la administración de las jornadas laborales. De acuerdo con versiones conocidas en ese momento, se habría avanzado en algún tipo de entendimiento en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, aunque dichos cambios no llegaron a consolidarse antes de la finalización de la gestión de Bourdieu.

El espejo vuelve a ser Rawson, donde la intervención fue prorrogada por 60 días, con acuerdos políticos claros y sin escándalo público.

Trelew es el reverso de ese modelo. Todo ocurre en medio del ruido, las versiones cruzadas y la falta de información oficial. Punta seguiría algunos días más —al menos hasta el 23— mientras se define un reemplazante. La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Solís, aseguró que la renuncia aún no es oficial, alimentando la sospecha de que se intenta ganar tiempo o incluso retenerlo. El 18 prometió presentarse ante el Concejo Deliberante. Nadie sabe qué explicaciones dará.

En cuanto al plano judicial, no trascendieron públicamente mayores detalles sobre las resoluciones recientes vinculadas a la Cooperativa de Trelew, lo que dificulta conocer con precisión el alcance de las medidas adoptadas y los pasos a seguir. La situación contrasta con otros procesos similares en la provincia, como el de Rawson, donde hubo mayor difusión de las decisiones administrativas vinculadas a la intervención.

¿Se hará oficial el listado de asesores de la Cooperativa de Trelew y cuánto cobran?

En medio de este escenario, el debate estructural corre el riesgo de quedar relegado. El edil Rubén Cáceres advirtió que la atención no debería centrarse únicamente en los nombres propios, sino en la situación económica de la Cooperativa, caracterizada por un fuerte endeudamiento, altos costos operativos y escaso margen para invertir en mejoras del servicio. En ese sentido, volvió a plantearse la necesidad de analizar herramientas como «el concurso preventivo para evitar mayores daños a los socios y a la comunidad».

Por ahora, las definiciones no llegan. La Cooperativa continúa en una etapa de transición, con interrogantes abiertos sobre su conducción, el rol de los distintos actores involucrados y el camino a seguir para evitar un mayor deterioro de una institución clave para la ciudad de Trelew.

¿Quién conducirá ahora la Cooperativa? ¿Qué rol asumirá el Sindicato de Luz y Fuerza? ¿Qué decisión tomará el intendente Gerardo Merino? ¿A quién nombrará Hugo Sastre para conducir la intervención hasta la elección del nuevo consejo de administración en abril?

La Cooperativa Eléctrica de Trelew continúa inmersa en un escenario de incertidumbre, atravesado por tensiones políticas, institucionales y económicas, en el marco de una intervención judicial que todavía no logra despejar interrogantes ni aportar previsibilidad. El desenlace permanece abierto y genera preocupación en amplios sectores de la comunidad. En ese contexto, comienza a instalarse una pregunta inevitable: si esta incertidumbre se da bajo una administración designada por la Justicia, ¿qué margen y qué garantías quedarían para una futura conducción a cargo de los propios socios? Y, más aún, si este escenario no termina anticipando —aunque nadie lo afirme de manera concluyente— un final anunciado para la Cooperativa Eléctrica tal como hoy se la conoce.