Miguel Gauna calificó de “escándalo” el acuerdo entre la Cooperativa Eléctrica de Trelew y CAMMESA y cuestionó la intervención judicial

El exgerente de la Cooperativa 16 de Octubre y referente del sector cooperativista, Miguel Gauna, cuestionó con dureza el acuerdo firmado entre la Cooperativa Eléctrica de Trelew y CAMMESA, al que calificó como “escandaloso”, y advirtió que sus consecuencias recaerán directamente sobre los usuarios del servicio eléctrico.

En declaraciones radiales, Gauna aseguró haber accedido al documento firmado por el interventor judicial y sostuvo que el convenio “consolida un fraude” al obligar a los usuarios a pagar nuevamente consumos que, según afirmó, ya fueron facturados y cobrados.

“Cuando la gente vaya tomando conocimiento del acuerdo que se firmó con CAMMESA, la reacción va a ser muy mala. Es un documento realmente escandaloso”, sostuvo.

Gauna recordó que desde el inicio de la intervención se había planteado públicamente la posibilidad de solicitar la quiebra de la cooperativa y remarcó que la entidad “está en quiebra hace rato”, incluso por reconocimiento de las propias autoridades que participaron del proceso.

“Primero amenazaban con pedir la quiebra y ahora firman este documento. La cooperativa está en quiebra desde hace años”, afirmó.

Honorarios millonarios y facturas ya pagadas

Uno de los puntos que más cuestionó Gauna es el costo inmediato que el acuerdo implica para la comunidad de Trelew. Según detalló, el convenio establece el pago de más de 430 millones de pesos en honorarios, condición necesaria para que CAMMESA desista de cinco juicios iniciados contra la cooperativa.

“Lo primero que se paga son más de 430 millones de pesos en honorarios. Eso lo paga la ciudadanía de Trelew”, señaló.

Pero el eje central de sus críticas estuvo puesto en el tratamiento de la deuda eléctrica. Gauna afirmó que el acuerdo obliga a los usuarios a volver a pagar energía que ya fue abonada.

“Le van a hacer pagar al usuario facturas que ya fueron pagadas. Energía que se distribuyó, se midió, se facturó y se cobró. Y parece que no hay ningún responsable”, expresó.

En ese sentido, cuestionó la ausencia de denuncias y responsabilidades penales o administrativas por el endeudamiento acumulado.

Cesión de la recaudación futura

Gauna también confirmó que el acuerdo firmado incluye la cesión en garantía de la recaudación futura de la cooperativa, una medida que consideró incluso más severa que un embargo judicial.

“Ceden en garantía toda la recaudación de la cooperativa. Le quedó el cartel nada más”, graficó.

Explicó que, al tratarse de una cesión contractual, CAMMESA no necesita recurrir a embargos, ya que los fondos pueden ser captados directamente desde las cuentas bancarias.

“Es una medida más grave que un embargo. Seguramente ya están notificando a los bancos para que se active automáticamente”, advirtió.

Críticas al rol del interventor y los organismos de control

Gauna sostuvo que el interventor judicial “excedió claramente sus facultades” y firmó el acuerdo de manera individual, sin respaldo institucional ni político.

“Firmó absolutamente todo. Cedió todo. De forma vergonzosa”, afirmó.

Además, distribuyó responsabilidades entre los organismos de control provinciales y nacionales.

“El INAES, las autoridades locales de contralor y CAMMESA son tan responsables como las cooperativas por esta deuda. Estaban obligados a controlar y a cobrar”, señaló.

En ese marco, sostuvo que la intervención no resolvió el problema de fondo y que solo sirvió para “salvar la ropa” de los organismos involucrados.

“El corte del servicio es un farol”

Gauna rechazó el argumento de que el acuerdo era inevitable para evitar embargos o cortes del suministro eléctrico.

“Eso es absolutamente falso. Los servicios públicos son esenciales y no se pueden cortar”, aseguró.

Recordó que la Ley de Concursos y Quiebras contempla un tratamiento especial para empresas de servicios públicos y que el Estado municipal conserva el poder concedente.

“¿CAMMESA va a venir a cortar la luz a Trelew? Que no me hagan reír. Los servicios públicos son del Estado municipal”, enfatizó.

Propuesta: retiro de la concesión y concurso preventivo

Ante este escenario, Gauna sostuvo que el Municipio debería haber intervenido directamente.

“El intendente tiene que reivindicar los servicios públicos y retirarlos. La cooperativa no tiene contratos de concesión ni balances”, afirmó.

Planteó como alternativas el retiro de la concesión, el concurso preventivo o incluso la quiebra, diferenciando claramente la cooperativa como empresa privada de los servicios públicos como obligación indelegable del Estado.

“Una cosa es la cooperativa y otra son los servicios públicos. Mezclar eso es intencional o ignorante”, sostuvo.

Elecciones en abril: “un disparate”

Gauna también cuestionó la decisión judicial de avanzar hacia elecciones en la cooperativa en el mes de abril.

“¿Están los padrones actualizados? ¿Están los balances? No”, enumeró.

Para el dirigente, la convocatoria electoral busca cerrar el proceso de intervención sin resolver el fondo del problema.

“El juez se quiere sacar el lazo. Llamar a elecciones ahora es entregar una cooperativa en agonía”, afirmó.

Y advirtió sobre la gravedad del escenario para quienes asuman la conducción.

“No es una papa caliente, está ensangrentada”, concluyó.

Finalmente, remarcó que la responsabilidad política recae en el Estado municipal y llamó a una intervención institucional de fondo.

“El que tiene que hacerse presente es el Estado municipal con todo el peso de su responsabilidad”, cerró.

“El intendente debe retirar los servicios y sentarse arriba de la deuda”

Miguel Gauna fue aún más directo al referirse al rol que, a su entender, debería asumir el intendente de Trelew frente a la crisis de la cooperativa y al acuerdo firmado con CAMMESA. Según sostuvo, el municipio cuenta con herramientas legales para intervenir de fondo y evitar que el peso del endeudamiento recaiga sobre los usuarios.

“El intendente tiene que reivindicar los servicios públicos, retirarlos y sentarse nuevamente a la cabeza del problema”, afirmó.

Gauna remarcó que la cooperativa ni siquiera cuenta con contratos de concesión vigentes, lo que —según explicó— habilita al Estado municipal a retomar el control de los servicios.

“Después de todo, no tienen contrato. Tiene que retirarlos y decir: hasta acá llegamos”, expresó.

En ese marco, cuestionó el argumento de que no se avanza en esa dirección para evitar conflictos políticos o sindicales.

“Eso es otro capítulo. Pero los servicios públicos no pueden quedar atados a una cooperativa quebrada”, sostuvo.

“Esa deuda no hay que pagarla”

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue la posición de Gauna respecto de la deuda con CAMMESA. A diferencia del discurso oficial, aseguró que no se trata de una obligación incuestionable y planteó que debe ser revisada integralmente.

“Yo creo que esa deuda no hay que pagarla”, afirmó de manera tajante.

Explicó que CAMMESA y los organismos de control son corresponsables del endeudamiento, por no haber exigido los pagos ni ejercido los controles en tiempo y forma.

“Ellos también son responsables. Estaban obligados a cobrar, estaban obligados a controlar. No pueden ahora venir a cargarle todo al usuario”, señaló.

Para Gauna, la deuda debe ser el punto de partida de una discusión más amplia sobre el modelo de prestación de los servicios públicos.

“Hay que sentarse arriba de esa deuda y discutir qué se va a hacer con los servicios públicos, porque son esenciales y la responsabilidad es del Estado”, sostuvo.

Cooperativa y servicios públicos: “No es lo mismo”

En ese sentido, Gauna insistió en diferenciar a la cooperativa como entidad privada del carácter público y esencial de los servicios que presta.

“Una cosa es la cooperativa, que es una empresa privada, y otra cosa son los servicios públicos, que son una obligación indelegable del Estado”, explicó.

Y advirtió que esa confusión se utiliza para justificar decisiones que terminan perjudicando a la comunidad.

“Se mezclan los tantos, intencionalmente o por ignorancia”, afirmó.

Finalmente, volvió a señalar al poder político local como el principal responsable de encarar una salida estructural.

“El Estado municipal, con el intendente y los concejales, tiene que hacerse cargo con todo el peso de su responsabilidad política”, concluyó.

Fuente: programa INVENCIBLES en FM EL CHUBUT 90.1 Mhz.