«No existe un sanar con justicia»: el drama de Diego Guacci y la ley contra las falsas denuncias

Andrea Guacci, esposa del exentrenador de la Selección Femenina de Fútbol absuelto por la FIFA, relató el impacto de las acusaciones infundadas en su familia. Desde su exilio en Italia, impulsa un proyecto en el Senado para penalizar penalmente un accionar que, asegura, «destruye vidas».

En una reciente emisión del programa radial Historias de Hoy, Noticias de ayer (LU20 Radio Chubut), el debate sobre las falsas denuncias de violencia de género sumó un testimonio desgarrador: el de Andrea Guacci, esposa del exentrenador de las selecciones femeninas de fútbol Sub-15 y Sub-17 de Argentina, Diego Guacci. Desde Italia, país al que la familia debió emigrar tras perder sus fuentes laborales, Andrea narró el proceso que comenzó como una pesadilla personal y se transformó en una lucha legislativa y social.

El origen de la acusación

En 2018, tras una exitosa carrera de 18 años y residiendo en Estados Unidos con una visa de aptitudes especiales, Diego Guacci fue convocado por la AFA para integrar el cuerpo técnico de la selección nacional. Sin embargo, en octubre de 2021, la FIFA le notificó que llevaba dos años siendo investigado a raíz de la denuncia de cinco jugadoras por supuesto acoso y comportamiento abusivo.

Según relató Andrea, las acusaciones fueron impulsadas por futbolistas que habían sido desafectadas del equipo o que mantenían conflictos estrictamente deportivos con el entrenador. «El objetivo de ellas (…) era quitarlo para que no llegue a la selección mayor a sabiendas de la exigencia que él tenía como profesional», explicó.

Durante el juicio en la FIFA, las denunciantes no presentaron pruebas ni testigos, mientras que la defensa de Guacci aportó más de 100 testigos y 80 páginas de pruebas contundentes. Finalmente, la entidad madre del fútbol mundial lo declaró inocente, dictaminando que las decisiones del entrenador se basaban lícitamente en el nivel físico y psíquico de las atletas. Además, la justicia argentina declaró posteriormente la inocencia probada de Guacci, reconociéndolo como víctima de falsas denuncias y violencia de género.

La condena social y el exilio

A pesar de la absolución de la FIFA, el daño ya estaba hecho. Un grupo feminista organizó un «escrache» en las puertas de la AFA para protestar contra el fallo. «Él no recuperó absolutamente ninguno de los trabajos que llevaba en ese momento y es por eso que, ante la ausencia laboral, decidimos tomar la decisión quizás más difícil de nuestra vida (…) de tener que irnos del país», lamentó su esposa.

Andrea describió el profundo dolor que estas acusaciones causan en el entorno familiar, llegando a compartir una tragedia personal: «Yo estaba embarazada cuando Diego enfrenta todas estas situaciones y, por el estrés o porque Dios lo dispuso así, desgraciadamente ese embarazo no llegó a término».

Además, alertó sobre la gravedad del daño psicológico en las víctimas, afirmando que «el 99% de las personas con las que tengo algún tipo de contacto y que son víctimas de este crimen tienen pensamientos suicidas». Durante la entrevista también se mencionó el caso del Dr. Guido Galafassi, investigador cesanteado por la Universidad Nacional de Quilmes tras una falsa denuncia laboral, quien llegó a estar diez días en terapia intensiva por el impacto emocional sufrido.

Un vacío legal y el proyecto en el Senado

Frente a la impotencia de descubrir que las falsas denunciantes no enfrentan consecuencias severas —actualmente la pena se reduce a dos meses y multas económicas menores por considerarse solo «calumnias o injurias»—, Andrea decidió pasar a la acción. Se integró al Observatorio de Falsas Denuncias y al Frente de Mujeres Argentinas en contra de las falsas denuncias.

A partir de este activismo, en conjunto con la senadora Carolina Losada, impulsaron a fines de 2022 un proyecto de ley que actualmente espera ser debatido en el Senado de la Nación. La iniciativa busca tipificar este delito en el Código Penal con penas de hasta 3 años para falsas denuncias en general, y hasta 10 años cuando se trata de temas de género, con agravantes si hay menores involucrados o profesionales que operen como partícipes necesarios.

«Se ha banalizado muchísimo el concepto de violencia», reflexionó Andrea. «Hoy va una mujer sin pruebas, sin testigos (…) y le toman la denuncia sin discutir», cuestionó, argumentando que las políticas de género actuales han sido transformadas en «un negocio» y en un «arma para dañar» que paradójicamente desprotege a las verdaderas víctimas de violencia.

Un llamado a romper el silencio

En el cierre de la nota, Andrea instó a otras víctimas a no ceder ante la vergüenza y buscar apoyo. Para quienes transitan situaciones similares, recomendó contactarse a través de la web bastadefalsasdenuncias.com o buscar las redes del Frente de Mujeres Argentinas contra las falsas denuncias.