El gobernador Torres firmó un acuerdo con YPF por la transferencia de áreas petroleras y pide ratificación a la Legislatura

El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Agustín Torres, firmó el 26 de junio de 2026 un Acta Acuerdo con YPF S.A. que establece el pago de 25 millones de dólares a la provincia como contraprestación por liberar a la empresa de su responsabilidad ambiental sobre seis áreas hidrocarburíferas que la compañía había cedido a terceras empresas. El Ejecutivo provincial remitió ese mismo día un proyecto de ley a la Honorable Legislatura del Chubut para que el cuerpo ratifique el acuerdo, paso sin el cual ninguna de las obligaciones previstas producirá efecto alguno.

Las áreas involucradas son El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr. En cada caso, YPF había cedido sus derechos a distintas compañías: Crown Point Energy S.A. asumió las tres primeras, Pecom Servicios Energía S.A.U. tomó Escalante-El Trébol y Campamento Central-Cañadón Perdido, y San Benito Upstream SAU recibió parte de Manantiales Behr. Las cesiones fueron autorizadas mediante distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional entre 2024 y 2026.

YPF estuvo representada en la firma por sus apoderados Matías Osvaldo Farina y Lisandro Deleonardis. El acta fue protocolizada ante la Escribanía General de Gobierno de la provincia.

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Lo que recibirá la provincia

El pago de los 25 millones de dólares se realizará en dos cuotas de 12,5 millones cada una. La primera vencerá dentro de las 48 horas posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, y la segunda el 1° de octubre de 2026. Los pagos se harán en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a cada fecha de pago.

Además del monto en efectivo, YPF se compromete a donar bienes muebles e inmuebles detallados en un anexo. Entre los vehículos figuran decenas de camionetas Ford Ranger y Volkswagen Amarok de distintos años. Los inmuebles incluyen clubes sociales y deportivos, terrenos, edificios institucionales, subestaciones eléctricas y propiedades ubicadas principalmente en Comodoro Rivadavia y General Mosconi, algunas de las cuales están actualmente ocupadas por instituciones o dependencias estatales.

El proyecto de ley enviado a la Legislatura establece que los fondos serán destinados a obras de infraestructura, salud, educación, vivienda, seguridad y desarrollo urbano en Comodoro Rivadavia. Los inmuebles ocupados por clubes o asociaciones de interés público serían transferidos a esas organizaciones mediante escrituración, mientras que los restantes quedarían afectados al uso público. Se prevé además la creación de un consejo consultivo integrado por asociaciones civiles de Comodoro Rivadavia para proponer el destino de esos bienes.

La cuestión ambiental

El centro jurídico del acuerdo es la liberación de responsabilidad ambiental de YPF sobre las áreas cedidas. La provincia reconoce que las auditorías de cierre y los planes ambientales específicos de cada concesión fueron aprobados por la Secretaría de Ambiente provincial, y que las empresas cesionarias asumieron contractualmente los pasivos ambientales existentes y futuros.

En ese marco, la provincia renuncia en forma irrevocable a reclamarle a YPF por pasivos, hallazgos o situaciones ambientales anteriores al perfeccionamiento de las cesiones, renuncia que se extiende a todos los organismos y dependencias del Estado provincial. El acuerdo también incluye al área Restinga Alí en esa liberación de responsabilidad.

Quedan pendientes las preguntas sobre si la Legislatura acompañará el acuerdo tal como fue remitido y si las empresas cesionarias cuentan efectivamente con la solvencia suficiente para hacer frente a los pasivos ambientales que asumieron, punto que el propio texto del acta reconoce como un factor determinante de la operación.