Trelew: cuando el problema ya no es sólo cobrar más, sino cuánto puede pagar la gente

Patente e Inmobiliario muestran niveles de cobranza inferiores al 50%, mientras el Municipio proyecta una actualización tributaria para 2027. El análisis de Vibra News abre una discusión más profunda: cuánto pesa la presión impositiva, cuánto la caída de la actividad y cuánto un sistema que durante años acostumbró al contribuyente a esperar la próxima moratoria.

Los números de recaudación de Trelew publicados y analizados por Vibra News permiten una lectura que va más allá de saber cuánto dinero ingresó durante los primeros nueve meses del año. La gran diferencia entre los tributos vinculados con la actividad económica y aquellos que recaen directamente sobre automóviles e inmuebles obliga a preguntarse si el problema municipal es solamente de cobranza o si detrás aparece también una dificultad creciente de los contribuyentes para afrontar determinadas obligaciones.

Entre enero y septiembre, Ingresos Brutos mostró un nivel de recaudación informado del 76% y Seguridad e Higiene alcanzó el 82%. En cambio, Patente Automotor quedó en el 44% y el Impuesto Inmobiliario en apenas 43%. La diferencia es demasiado amplia como para pasar inadvertida.

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Una posible explicación es que los impuestos sobre inmuebles y automóviles estén encontrando un límite en la capacidad de pago de hogares que vienen atravesando una economía más ajustada. Otra, complementaria, es que exista una percepción creciente de que la carga tributaria resulta elevada en relación con el valor real de los bienes y con los ingresos disponibles. En el caso inmobiliario, esa discusión adquiere una particular sensibilidad. Trelew atraviesa desde hace tiempo un mercado con abundante oferta de propiedades y dificultades para concretar operaciones. En ese contexto, un inmueble puede conservar o aumentar su valuación fiscal mientras su propietario enfrenta dificultades para venderlo o para encontrar compradores dispuestos a pagar el precio pretendido.

Allí aparece una pregunta que será central de cara a la Tarifaria 2027: ¿hasta qué punto puede seguir incrementándose nominalmente un impuesto sobre un activo cuyo propietario quizá no tenga mayores ingresos disponibles? La misma lógica puede trasladarse a la Patente Automotor. Tener un vehículo no necesariamente significa disponer de liquidez suficiente para absorber sucesivas actualizaciones tributarias, especialmente cuando al mismo tiempo aumentan combustible, seguros, mantenimiento y otros costos asociados. El problema, entonces, puede ser más complejo que una simple resistencia a pagar.

Una ciudad donde cobrar más no necesariamente significa recaudar más

El Municipio anticipó que trabaja con una pauta cercana al 18% de actualización para la Tarifaria 2027. Pero los datos de 2026 plantean un interrogante previo: si Patente e Inmobiliario ya tienen niveles de cobranza inferiores a la mitad, aumentar el valor nominal no garantiza automáticamente que entre más dinero a las cuentas municipales. Puede ocurrir exactamente lo contrario: cuanto mayor sea la obligación frente a ingresos familiares que no acompañen esa evolución, mayor podría ser el incentivo a postergar el pago.

Por eso, el desafío fiscal de Trelew probablemente no consista solamente en determinar cuánto deben aumentar los tributos, sino en encontrar el punto en el que una obligación siga siendo efectivamente cobrable. Un impuesto técnicamente correcto pero económicamente impagable tiene un rendimiento fiscal limitado. Y los números actuales parecen mostrar precisamente esa tensión.

La economía también está jugando

Hay otra variable que no puede quedar afuera: la situación general de la actividad. La documentación analizada por Vibra News muestra que Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene explicaron aproximadamente el 74,6% de todo lo recaudado por los cuatro tributos considerados entre enero y septiembre. Esto significa que una porción muy importante de los recursos propios analizados depende de comercios, empresas y actividad económica.

Pero esos mismos sectores atraviesan una economía debilitada. La recaudación nominal puede crecer y, sin embargo, caer en términos reales si la inflación avanza más rápido. Esa diferencia es importante porque un Municipio puede recibir más pesos y al mismo tiempo contar con menor capacidad real de compra. La información aportada para este análisis apunta justamente en esa dirección: la recaudación municipal viene mostrando debilidad en términos reales y la crisis económica afecta especialmente a sectores que tradicionalmente sostienen buena parte del financiamiento local.

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Ese escenario genera una especie de círculo difícil de resolver. El Municipio necesita más recursos para sostener su estructura y los servicios; pero quienes deben financiarlos también enfrentan menores márgenes económicos.

Moratorias: solución inmediata, problema de largo plazo

Existe además un problema de comportamiento tributario que el propio sistema fue construyendo con el tiempo. El plan de regularización implementado entre mayo y agosto incorporó $6.724,2 millones en deuda, pero al cierre sólo se habían cobrado efectivamente alrededor de $2.864,5 millones. Otros $3.842,7 millones seguían pendientes dentro de planes de pago.

Las moratorias son útiles para recuperar contribuyentes y dar una salida a quien genuinamente no puede pagar. Pero cuando se vuelven previsibles también pueden producir un efecto inverso: el contribuyente cumplidor comienza a preguntarse cuál es el beneficio de pagar en término si quien espera termina accediendo luego a descuentos, facilidades o cuotas especiales. Esa expectativa puede deteriorar la cultura tributaria.

El problema no pasa necesariamente por eliminar los planes de regularización, sino por evitar que se conviertan en una señal recurrente de que atrasarse puede terminar siendo financieramente más conveniente que cumplir. Allí aparece una inequidad adicional: termina sosteniendo una mayor proporción del gasto público quien tiene sus impuestos adheridos al débito automático, quien prioriza no tener deuda o quien simplemente mantiene el hábito de pagar en fecha. Mientras tanto, quien posterga puede esperar una nueva ventana de regularización.

Tampoco todos son perseguidos de la misma manera

El otro componente es la eficiencia recaudatoria. Los bajos porcentajes de Patente e Inmobiliario podrían estar reflejando dificultades económicas, pero también obligan a mirar qué capacidad tiene el Municipio para detectar, intimar y cobrar de manera homogénea. Después de la última moratoria comenzaron a conocerse intimaciones y ejecuciones fiscales.

Sin embargo, uno de los problemas históricos de los Estados municipales es que no cuentan con las mismas herramientas de fiscalización y seguimiento que tienen organismos tributarios nacionales. Si la percepción del contribuyente es que el riesgo de no pagar es bajo, el incentivo al cumplimiento también disminuye.

La solución, por eso, no debería pasar exclusivamente por aumentar alícuotas. También puede estar en ampliar la base efectiva de contribuyentes, mejorar sistemas de información, detectar inequidades, fiscalizar con criterios homogéneos y recuperar deuda de quienes efectivamente tienen capacidad de pago. Es una discusión muy distinta a simplemente aumentar.

El dilema del Inmobiliario

El caso del Impuesto Inmobiliario probablemente sea el más sensible. Que su nivel de cobranza informado sea del 43% debería ser leído como una señal. No necesariamente significa que el 57% restante sea morosidad pura, porque la documentación no permite hacer esa equivalencia metodológica. Pero sí demuestra que es el tributo con menor porcentaje relativo de cobro dentro de los cuatro analizados.

Y eso sucede en una ciudad donde el mercado inmobiliario evidencia una fuerte cantidad de propiedades ofrecidas y pocas operaciones en determinados segmentos. Una vivienda puede valer mucho en términos fiscales y representar muy poco en términos de liquidez inmediata para su propietario. Ese fenómeno es importante porque el Estado cobra sobre el bien, pero el contribuyente paga con ingresos. Son dos cosas distintas.

Una persona puede ser propietaria de una casa y al mismo tiempo tener serias dificultades para pagar sus impuestos. Que posea un inmueble no significa necesariamente que disponga de dinero mensual suficiente. La discusión tributaria de 2027 debería contemplar ese desfasaje.

La Patente enfrenta un problema parecido

Patente Automotor presenta una cobranza del 44%, apenas un punto por encima del Inmobiliario. En septiembre mostró una mejora importante y fue el tributo que más creció respecto de agosto, con una suba nominal cercana al 17,7%. Pero eso no modifica el problema estructural acumulado durante el año.

También aquí debería evaluarse si las valuaciones y las obligaciones resultantes guardan relación razonable con la capacidad contributiva efectiva. Cuando la distancia se vuelve demasiado grande, el impuesto comienza a acumular deuda en lugar de producir recursos.

La Cooperativa agrega otra capa al problema

Existe además una situación particular en Trelew: determinados conceptos municipales se cruzan históricamente con la facturación de la Cooperativa Eléctrica. Eso introduce otra complejidad administrativa y financiera, especialmente cuando existen deudas preexistentes, convenios o situaciones judicializadas que pueden afectar el flujo efectivo de recursos hacia el Municipio.

No es un detalle menor en una ciudad donde la propia Cooperativa atraviesa una situación financiera crítica y donde Municipio y entidad mantienen, a su vez, discusiones por obligaciones cruzadas. La recaudación local, entonces, no depende solamente del contribuyente y de Rentas. También existen mecanismos institucionales cuya eficiencia debería formar parte del análisis.

El verdadero desafío para 2027

Trelew pretende ampliar en $10.000 millones su Presupuesto 2026 y proyecta para 2027 una actualización tributaria cercana al 18%. Pero antes de discutir cuánto aumentar, tal vez sea necesario responder algo más básico: por qué Patente e Inmobiliario cobran menos de la mitad de lo informado como objetivo de recaudación.

Puede haber varias respuestas simultáneas. Una parte probablemente corresponda a capacidad de pago. Otra, a presión tributaria. Otra, a contribuyentes que estratégicamente esperan una moratoria. Otra, a debilidades de fiscalización y cobranza. Y otra, posiblemente, a la percepción social sobre qué recibe el vecino a cambio de los impuestos que paga.

Ese último punto tampoco debería minimizarse. La disposición a pagar impuestos también depende de la legitimidad del gasto. Cuando el contribuyente identifica obras, servicios, mantenimiento urbano y mejoras concretas, existe una relación más visible entre lo que aporta y lo que recibe. Cuando esa conexión se pierde, la obligación tributaria comienza a percibirse simplemente como un costo.

No significa que alguien pueda decidir legítimamente dejar de pagar porque no está conforme con el Municipio. Pero desde el punto de vista económico y político, ignorar esa percepción sería desconocer una parte del problema.

Cobrar mejor antes que cobrar siempre más

El informe original de Vibra News terminaba planteando una pregunta: ¿Trelew necesita cobrar más, mejorar cuánto recauda de lo que ya cobra, o ambas cosas al mismo tiempo?

Los datos permiten agregar una cuarta cuestión: ¿cuánto puede pagar realmente el contribuyente? Porque aumentar impuestos sobre una base que ya muestra dificultades de cumplimiento puede mejorar la recaudación teórica sin mejorar necesariamente la recaudación efectiva.

Para Trelew, el desafío fiscal de 2027 debería ser más amplio: revisar la razonabilidad de Patente e Inmobiliario, mejorar la fiscalización, ampliar el universo de quienes efectivamente pagan, reconocer al contribuyente cumplidor, evitar que las moratorias premien sistemáticamente al que espera y demostrar con mayor claridad qué recibe la ciudad a cambio de su esfuerzo tributario.

La salida más sencilla siempre es aumentar una tasa. La más difícil es construir un sistema en el que más personas puedan y quieran pagarla.