Caso Carpintero: la jueza Mirta Moreno declaró nulo todo lo actuado y ordenó devolver los celulares secuestrados

La jueza penal Mirta Moreno resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en la investigación vinculada al denominado caso Carpintero y ordenó la devolución de los elementos secuestrados durante los allanamientos, entre ellos teléfonos celulares.

La decisión judicial, que consta de 16 fojas, se conoció este jueves y fue confirmada por el abogado defensor Federico Ruffa, quien representa a Gonzalo Carpintero.

“Nos acabamos de notificar hace minutos casi. La jueza declaró la nulidad de todo lo actuado hasta acá y dispuso la devolución de los elementos secuestrados”, explicó Ruffa, quien aclaró que aún resta analizar en detalle los fundamentos de la resolución.

Según el abogado, el fallo hace lugar a los planteos de la defensa, que señalaban irregularidades en el procedimiento impulsado por el Ministerio Público Fiscal.

La discusión sobre el delito de cohecho

Uno de los ejes centrales de la resolución judicial es la interpretación del delito investigado.

La jueza sostuvo que no puede configurarse el delito de cohecho en los términos planteados por la fiscalía, ya que para ello debe existir un ofrecimiento de dinero o beneficio a un funcionario público para que realice, retarde o deje de realizar un acto propio de su función.

En ese punto, el fallo cuestiona la interpretación fiscal respecto de la figura del dirigente sindical.

“El principio de libertad sindical impone una separación tajante del poder político. Cualquier intento de asimilar al representante gremial con la figura de funcionario público desnaturaliza la esencia misma del sindicalismo”, señala el texto judicial.

Ruffa explicó que esa fue la línea argumental que la defensa sostuvo desde el inicio.

“Para que haya cohecho tiene que haber un funcionario público. La fiscalía intentó sostener esa figura a partir del rol sindical, lo cual es una contradicción en sí misma”, afirmó.

El fallo también señala que existe un déficit de fundamentación en el planteo fiscal y que se incurrió en una “ampliación analógica prohibida por el principio de legalidad”.

Incluso plantea que, aun si los hechos relatados fueran ciertos, la conducta descripta podría tener una valoración ética pero no encuadra dentro del derecho penal.

“Si no hay posibilidad de describir una conducta alcanzada por el derecho penal, no hay razón que justifique una injerencia sobre la vida de las personas”, resumió Ruffa.

El rol de la jueza

El abogado también destacó que la resolución fue tomada por la misma magistrada que inicialmente había autorizado las medidas de investigación.

“Así como me lo habían explicado estaba bien dictar esas medidas, pero ahora con toda la información decidió declarar nulo todo lo que se hizo. Eso habla muy bien de la jueza”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el fallo representa una señal institucional.

“Lo más importante es que todavía quedan algunos lugares donde el Estado de Derecho funciona en Chubut”, afirmó.

Posibles acciones futuras

Consultado sobre los pasos a seguir, Ruffa señaló que primero analizarán en detalle la resolución antes de tomar decisiones.

El abogado no descartó eventuales acciones legales, aunque aclaró que dependerá de su cliente.

“Vamos a analizar qué pasó y cuáles fueron las posiciones. Tenemos bastantes dudas sobre cómo se procedió al principio”, indicó.

En ese sentido mencionó interrogantes sobre el recorrido de la denuncia presentada por el dirigente sindical Guillermo Severiche.

Según Ruffa, el escrito fue presentado directamente ante una unidad fiscal especializada y dirigido a un fiscal específico, Omar Papini, lo que a su criterio genera “un manto de sospecha” por su trayectoria previa en el gobierno provincial.

“Todo eso son cuestiones que tendremos que analizar con tranquilidad. No son los tiempos de los medios, pero sí los tiempos para actuar razonablemente”, concluyó.

Fuente: progrfama INVENCIBLES en FM EL CHUBUT 90.1 Mhz.