Celulares en las aulas: un debate que en Chubut empezó hace 20 años
Celulares en las aulas: un debate que en Chubut empezó hace 20 años
Antes de TikTok y las redes sociales, legisladores ya advertían sobre distracciones, trampas en exámenes y el impacto en el aprendizaje
En 2006, los entonces legisladores provinciales, Adriana Fara y Miguel «Manara» González, presentaron un proyecto para prohibir los celulares en las aulas. Hoy, la iniciativa del diputado Juan Pais reabre la discusión en un contexto completamente distinto, atravesado por la hiperconectividad.
El presente: aulas “libres de celulares”
El debate volvió a instalarse en la agenda legislativa de Chubut tras la presentación del proyecto impulsado por Juan Pais, que propone declarar a las aulas como espacios libres de celulares en todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada.
La iniciativa se sustenta en datos del informe PISA 2022, que ubican a Argentina como el país con mayor nivel de distracción digital entre los estudiantes: el 54% admite distraerse con su propio dispositivo y el 46% lo hace por el uso de celulares de sus compañeros.
A esto se suman advertencias de la UNESCO sobre el impacto de las interrupciones digitales en los procesos de aprendizaje. Según estos estudios, cada vez que un alumno es interrumpido por una notificación o estímulo digital, puede tardar hasta 20 minutos en recuperar plenamente la concentración.
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El proyecto también incorpora un enfoque más amplio que el estrictamente pedagógico. Advierte sobre problemáticas actuales como el ciberacoso, el grooming y las apuestas online, en un contexto donde el acceso temprano a dispositivos es cada vez más frecuente.
En cuanto a su aplicación, establece:
- Prohibición total en nivel inicial y primario, tanto para estudiantes como para docentes.
- Uso restringido en nivel secundario, únicamente con fines pedagógicos y bajo autorización docente.
- Excepciones en casos de salud o necesidades específicas de aprendizaje.
Además, se plantea la necesidad de recuperar el aula como espacio de interacción directa, socialización y concentración.
2006: cuando el problema recién comenzaba
Mucho antes del impacto de las redes sociales en la vida cotidiana, en Chubut ya se advertía sobre los efectos del celular en el ámbito educativo.
El proyecto presentado por Adriana Fara y “Manara” González (quien falleció en 2016), proponía prohibir el uso de teléfonos celulares durante el dictado de clases, contemplando excepciones únicamente en situaciones justificadas por las autoridades escolares.
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La iniciativa partía de un diagnóstico claro: el crecimiento del uso de la telefonía móvil comenzaba a generar interferencias en el desarrollo normal del proceso educativo.
Los fundamentos de Fara y González: una mirada anticipada
El texto de 2006 desarrollaba en detalle una serie de problemáticas que, en ese momento, comenzaban a evidenciarse en las aulas.
Entre los fundamentos principales se destacaban:
- Interrupciones constantes del dictado de clases producto de llamadas entrantes, mensajes de texto y alertas sonoras.
- Fragmentación del proceso de enseñanza, con clases que debían detenerse reiteradamente para restablecer el orden.
- Pérdida de atención por parte de los alumnos, que permanecían pendientes del celular incluso durante explicaciones o actividades.
- Desplazamiento del foco pedagógico hacia la comunicación personal en horarios de clase.
- Aparición de nuevas modalidades de copia en evaluaciones, a través del envío y recepción de mensajes, lo que el proyecto definía como “machetes electrónicos”.
- Dificultades para sostener la disciplina en el aula frente a un elemento de uso individual y constante.
Además, Fara y González planteaban que el celular comenzaba a alterar los tiempos y dinámicas del aprendizaje, introduciendo un factor de distracción permanente que atentaba contra la calidad educativa.
Otro punto relevante era la referencia a antecedentes en otras provincias, donde ya se habían implementado restricciones similares, lo que evidenciaba que el problema no era aislado.
El debate público: discusiones con estudiantes
La iniciativa generó repercusión y abrió un debate social que trascendió el ámbito legislativo.
En ese contexto, se realizaron intercambios públicos entre la diputada Adriana Fara y estudiantes, que fueron emitidos en Canal 3 Trelew.
Allí se discutían los límites del uso del celular, la autonomía de los jóvenes y el rol de la escuela frente a los cambios tecnológicos, en un debate que ya anticipaba tensiones que hoy continúan vigentes.
Qué proponía la ley en 2006
El proyecto establecía una regulación concreta:
- Prohibición del uso de celulares durante el dictado de clases.
- Alcance tanto para alumnos como para docentes.
- Excepciones en casos de necesidad justificada, evaluadas por las autoridades escolares.
- Posibilidad de uso fuera del horario de clase, como recreos o momentos no pedagógicos.
La propuesta buscaba equilibrar el uso de la tecnología con la necesidad de preservar el aula como espacio de aprendizaje.
De los SMS a la hiperconectividad: qué cambió
El contraste entre 2006 y la actualidad marca la magnitud del cambio tecnológico.
En aquel momento, el problema se centraba en llamadas y mensajes de texto. No existía la dinámica actual de redes sociales, ni la exposición constante a estímulos digitales.
Hoy, en cambio, el celular se transformó en un dispositivo multifunción que concentra múltiples fuentes de distracción:
- Redes sociales con algoritmos diseñados para captar y retener la atención.
- Notificaciones permanentes que interrumpen cualquier actividad.
- Acceso inmediato a contenidos audiovisuales.
- Interacción constante en plataformas digitales.
A esto se suman problemáticas que en 2006 no tenían la dimensión actual:
- Ciberacoso entre pares dentro y fuera del ámbito escolar.
- Grooming y riesgos vinculados a la exposición digital.
- Acceso a plataformas de apuestas online.
- Uso intensivo desde edades cada vez más tempranas.
“Ponerle cascabel al gato”: el debate de fondo que frenó la ley y sigue vigente 20 años después
Según recordó en Vibra News la ex diputada Adriana Fara, el proyecto realizado en conjunto con Miguel González no prosperó en su momento porque tocaba un punto sensible que generó fuerte resistencia: el rol de la escuela como responsable de los alumnos durante la jornada.
“El nuestro no se aprobó, se discutió mucho. Era ponerle cascabel al gato”, señaló, al explicar que el principal argumento en contra no estaba centrado en la tecnología, sino en la relación entre las familias, los estudiantes y la institución educativa.
En ese entonces —y también ahora— el eje del conflicto era claro: una vez que el alumno ingresa a la escuela, la responsabilidad recae en el sistema educativo. Por lo tanto, cualquier comunicación de los padres con sus hijos debía canalizarse a través del establecimiento.
“Nos decían: ‘¿y si mi mamá me quiere llamar?’. Pero la respuesta era la misma que hoy: tiene que llamar a la escuela. No puede comunicarse directamente con el chico durante la clase”, explicó Fara.
La ex legisladora remarcó que ese planteo, que hace 20 años fue uno de los principales obstáculos para la aprobación del proyecto, sigue plenamente vigente. A pesar del avance tecnológico y la masificación del uso de celulares, la lógica institucional no cambió: la escuela continúa siendo responsable de los estudiantes durante el horario escolar.
Antes la distracción era un llamado o mensaje de texto, hoy hay un sinfín de notificaciones, mensajes de whatsapp que empeoran el panorama.
De este modo, lo que en 2006 aparecía como una tensión entre control y autonomía, hoy se resignifica en un escenario donde la tecnología amplificó las posibilidades de comunicación, pero no modificó el marco de responsabilidad educativa.
La pregunta que sigue abierta
A dos décadas del primer intento de regulación, el debate persiste con mayor intensidad: cuál es el lugar que debe ocupar la tecnología dentro del aula y cómo se construyen espacios de aprendizaje efectivos en un entorno digital permanente.
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