Cooperativa de Trelew: Coliñir pidió al juez Sastre que informe si autorizó la venta de activos y el plan de pago con Cammesa

El diputado provincial Emanuel Coliñir presentó un escrito de más de 20 páginas ante el juez federal Hugo Sastre para que informe formalmente si autorizó, de manera previa y fundada, una serie de medidas adoptadas durante la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, especialmente la venta de activos, la cesión de la cuenta recaudadora y la firma del acuerdo de pago con Cammesa.

En diálogo con este medio, el legislador explicó que su planteo apunta a determinar si las decisiones consideradas “extraordinarias” fueron debidamente consentidas por el magistrado, tal como —según sostuvo— exige el propio fallo que dispuso la intervención.

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El eje del planteo: las “medidas extraordinarias”

Coliñir centró su presentación en el accionar del exinterventor Matías Bourdie y remarcó que, de acuerdo con los artículos 225 inciso 5 y 226 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, toda medida extraordinaria debía contar con autorización previa del juez.

“El interventor es un auxiliar del juez. No es un cheque en blanco. Cualquier medida extraordinaria debe tener consulta y consentimiento previo del magistrado”, sostuvo.

Según detalló, en el expediente digital al que tuvo acceso no constan autorizaciones previas para:

• La venta de acciones de la hidroeléctrica por 132.000 dólares.

• La cesión de la cuenta recaudadora de la cooperativa.

• La emisión de seis cheques diferidos y dos pagarés como garantía del acuerdo con Cammesa.

• La firma del plan de pagos que reestructura la deuda.

“Cronológicamente no existe la habilitación previa del juez para estas decisiones. Y no alcanza con suponer que estaba habilitado. Eso tiene que constar en el expediente”, afirmó.

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Venta de acciones y descapitalización

Uno de los puntos más sensibles es la venta de acciones por 132 mil dólares. Coliñir cuestionó que no existan dictámenes técnicos que fundamenten la decisión ni autorización judicial expresa.

“Estamos hablando de la descapitalización de una empresa social que brinda servicios públicos. No es una empresa común. El patrimonio es de los socios”, subrayó.

También planteó que no hay información clara sobre el destino de esos fondos ni sobre los criterios utilizados para fijar el valor de venta.

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Cesión de la cuenta recaudadora

Otro aspecto que genera preocupación es la cesión de la cuenta de recaudación de la cooperativa como parte de las garantías otorgadas a Cammesa.

Según explicó, en esa cuenta ingresan no solo los fondos correspondientes a energía eléctrica, sino también conceptos vinculados a agua y cloacas. “Podría existir un desvío de finalidad de esos fondos”, advirtió.

Coliñir señaló que esa decisión afecta directamente la estructura financiera del concesionario y podría impactar en la calidad de los servicios.

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El acuerdo con Cammesa y el cuestionamiento de fondo

El legislador fue especialmente crítico con el acuerdo firmado con Cammesa, al que calificó como “completamente impagable” y “beneficioso solamente para el acreedor”.

Sostuvo que la deuda reconocida rondaría los 40 mil millones de pesos y cuestionó que no se haya constituido una mesa técnica para discutir el monto ni una auditoría que verifique la cifra reclamada.

“Se aceptó pasivamente la deuda sin discusión previa. No consta en el expediente ningún dictamen que fundamente esa decisión”, indicó.

Además, remarcó que el acuerdo está atado necesariamente a una recomposición tarifaria. “Firmar un plan de pago de estas características implica trasladar el costo al conjunto de la comunidad”, sostuvo.

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Posible nulidad y eventuales responsabilidades

Coliñir afirmó que su objetivo principal es que el juez informe si autorizó todas las medidas y que, en caso de no haberlo hecho, se investigue el accionar del interventor.

“Si el juez reconoce que no autorizó estas medidas extraordinarias, estaríamos ante una situación de deslealtad por parte del interventor. Y eso podría derivar en investigaciones más graves”, advirtió.

Entre las consecuencias que espera, mencionó la posibilidad de que se declare la nulidad del acuerdo con Cammesa y que se revise integralmente el proceso de intervención.

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El rol de los organismos de control

El diputado también cuestionó la falta de intervención visible del organismo regulador OMRES, del Concejo Deliberante y del poder concedente municipal.

“La intervención opera sobre el Consejo de Administración y la sindicatura, no sobre todo el régimen concesional. El resto de los organismos siguen plenamente vigentes y deberían haber ejercido control”, afirmó.

En ese marco, señaló que la relación entre exinterventores y funcionarios vinculados al sistema energético también merece análisis.

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“Solo espero saneamiento y normalización”

Finalmente, Coliñir aseguró que su presentación no busca generar un conflicto institucional, sino garantizar transparencia.

“Elegí el camino judicial. En vez de seguir denunciando por los medios, pedí acceso completo al expediente y que el juez le responda a los trelewenses”, sostuvo.

Y concluyó: “Solo espero saneamiento y normalización de la cooperativa. Pero no se puede aceptar pasivamente decisiones que pueden comprometer el patrimonio social y el futuro de los servicios públicos en la ciudad”.

Ahora la expectativa está puesta en la respuesta que brinde el juez Sastre al requerimiento formal presentado por el legislador provincial.