El juez Sastre intimó al interventor a informar cómo avanza el proceso electoral en la Cooperativa de Trelew

El juez federal Hugo Ricardo Sastre intimó al actual interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew a informar qué medidas se adoptaron para avanzar con el proceso electoral que el propio magistrado ordenó y que tiene como fecha prevista el 11 de abril.

La resolución fue publicada este 11 de marzo en el expediente iniciado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), donde el magistrado recordó que el proceso electoral ya se encuentra formalmente en curso.

El requerimiento busca conocer qué acciones concretas se realizaron para cumplir con la convocatoria a elecciones dispuesta por el tribunal y garantizar que los socios de la cooperativa puedan elegir a sus nuevas autoridades.

La orden del juez del 2 de febrero

El origen de esta situación se remonta a la resolución firmada por Sastre el 2 de febrero de 2026, donde dispuso iniciar los actos preelectorales y fijó el sábado 11 de abril como fecha del comicio.

En ese fallo, el juez realizó un balance de la intervención iniciada en octubre de 2024 y sostuvo que, tras un año y cuatro meses, los objetivos centrales de la medida habían sido cumplidos.

Entre los resultados mencionó:

• La reversión de la situación económica de la cooperativa.

• El inicio del pago de la deuda con CAMMESA luego de más de 12 años sin abonar.

• La confección de balances pendientes.

• Inversiones en equipamiento e infraestructura para los servicios de energía, agua y cloacas.

En ese contexto, el magistrado consideró que la intervención judicial —que calificó como una medida excepcional y provisoria— debía dar paso a la normalización institucional.

Por eso dispuso que el entonces interventor Pablo Punta iniciara el proceso electoral y prorrogó la intervención solo hasta la asunción de las nuevas autoridades.

La renuncia de Punta y la continuidad del proceso

Cuatro días después de esa resolución, el 6 de febrero, Pablo Punta presentó su renuncia al cargo.

En la aceptación de la dimisión se dejó asentado que el proceso electoral ordenado por el juez se encontraba en marcha, por lo que debía continuar bajo la nueva intervención.

La intimación al nuevo interventor

Con la publicación de la resolución de este miércoles, Sastre volvió a intervenir en el expediente y requirió al actual interventor que informe cómo se está llevando adelante el proceso electoral.

El magistrado remarcó que el cronograma dispuesto por la Justicia sigue vigente, lo que implica que su decisión es que el 11 de abril se realicen las elecciones para que los socios vuelvan a hacerse cargo de la conducción de la entidad.

La discusión política por la fecha

La intimación judicial vuelve a poner en el centro del debate una pregunta que circula en el ámbito político y cooperativo: ¿quién decidió frenar o intentar postergar las elecciones?

El actual interventor, Juan Manuel Alfonsín, había reconocido públicamente que solicitó modificar la fecha.

En una entrevista en el programa Invencibles, explicó:
“Le dije al juez que el 11 de abril a mí no me sirve, es imposible. Pedí que esa fecha se corra el tiempo que haga falta para dejar el camino allanado”.

Según argumentó, el objetivo sería evitar que un nuevo Consejo de Administración asuma con una situación financiera crítica, teniendo en cuenta que los vencimientos de deuda comenzarían en junio.

Interrogantes sobre la continuidad de la intervención

La decisión judicial de recordar que el proceso electoral está vigente reabre interrogantes sobre las presiones políticas, empresariales o sindicales que podrían estar detrás de la intención de postergar los comicios.

Si el juez federal ya ordenó que las elecciones se realicen el 11 de abril, la discusión pasa ahora por determinar quién o qué sector busca estratégicamente extender la intervención y evitar que los socios recuperen el control de la cooperativa.

Por ahora, la Justicia exige respuestas concretas: informar qué se hizo para cumplir con la convocatoria electoral y si el cronograma dispuesto por el tribunal está siendo efectivamente ejecutado.