Jornada de limpieza en Península Valdés: No se cumple la ley que obliga a identificar cajones plásticos de la pesca

Península Valdés fue escenario de una nueva jornada de limpieza y concientización ambiental, impulsada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Pesca. La iniciativa, que tuvo como eje la preservación de los ecosistemas marinos y costeros, volvió a poner en debate una problemática que preocupa: la gran cantidad de residuos plásticos vinculados a la actividad pesquera que contaminan las playas de la región.

Durante el operativo se recolectaron plásticos de diverso tipo, aunque el principal hallazgo correspondió a cajones plásticos de uso pesquero. Si bien toda acción de limpieza resulta positiva, las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que el verdadero desafío está en el cumplimiento efectivo de la Ley I N°155, sancionada a fines de 2022 y vigente desde enero de 2023.

La normativa, cuyo autor fue el exdiputado Carlos Eliceche, creó un “Sistema de control de material de uso plástico” en las actividades pesqueras marítimas. En la práctica, obliga a que cada cajón cuente con un sistema de identificación que permita determinar a qué empresa pertenece, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Sin embargo, a más de un año y medio de su entrada en vigencia, la ley no se cumple. Los cajones continúan apareciendo diseminados en las playas de Península Valdés y otras zonas costeras, sin ningún tipo de marca o inscripción que permita rastrear a los responsables.

Desde distintos sectores remarcan que la falta de control no solo afecta al medio ambiente, sino que también erosiona la imagen de Chubut como destino turístico internacional de naturaleza y vida silvestre. “La limpieza es un gesto importante, pero si la ley no se aplica, el problema de fondo seguirá intacto”, señalaron voces vinculadas al cuidado ambiental.

La situación plantea un llamado urgente a reforzar el control y exigir el cumplimiento de la Ley I N°155, para que la carga de la contaminación no recaiga únicamente en voluntarios y organismos que organizan limpiezas periódicas, sino también en las empresas responsables de la actividad pesquera.