Intervención sin rumbo: renuncias, elecciones apuradas y un futuro financiero sin respuestas

Si se confirma la renuncia del interventor Pablo Punta y la convocatoria a elecciones para mediados de abril, el proceso de intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew quedará marcado por la improvisación, la falta de información y una preocupante ausencia de planificación.

Lo que debía ser una intervención orientada a ordenar una empresa estratégica para la ciudad, terminó reproduciendo —y en algunos aspectos profundizando— el mismo cambalache administrativo que durante años se le cuestionó a los consejos de administración desplazados.

En poco más de un año, la cooperativa atravesó una sucesión de nombres y roles que lejos estuvo de aportar estabilidad: un interventor que firma planes de pago que comprometen financieramente los servicios públicos por más de una década; otro designado que asume y se baja; otro que debió hacerse cargo de la emergencia sanitaria y también se va —o está en proceso de hacerlo—.
El resultado es una conducción fragmentada, sin continuidad ni explicación pública.

Un acuerdo que condiciona el futuro de la ciudad

En ese marco, la intervención avanzó en la firma de planes de pago con CAMMESA que, según los propios cronogramas oficiales, aplastarán financieramente a la cooperativa.
A partir de 2026 y con mayor crudeza en 2027, las cuotas de la deuda representarán una porción descomunal de los ingresos mensuales, a lo que se sumará el pago corriente de la factura eléctrica mayorista.

La pregunta es inevitable:
¿Cómo se sostendrá la empresa si no es con aumentos tarifarios?
Hasta ahora, no hay una respuesta clara.

Falta de información y decisiones inexplicables

A más de un año del inicio de la intervención, no hay acceso público a información básica:

• Cómo está conformado el equipo de la intervención,

• Cuánto cuesta mensualmente su funcionamiento,

• Cuál es el flujo económico y financiero real de la empresa,

• Qué deudas quedan pendientes más allá de CAMMESA,

• Ni cómo se proyecta cubrir un compromiso que superará los $2.000 millones mensuales en 2027, sin contar el costo corriente del mercado eléctrico.

Tampoco está claro por qué no se aplicó la eliminación del sistema de rotación, una medida que había sido definida por Matías Bourdieu y que apuntaba a ordenar la conducción y reducir discrecionalidades.

Elecciones sin balance previo

Convocar a elecciones sin un balance transparente de la intervención, sin un diagnóstico financiero público y sin explicar qué margen real de maniobra tendrá el próximo consejo de administración, no es normalización institucional: es trasladar el problema hacia adelante.

Si existen planes alternativos —un plan B, C o D—, las autoridades provinciales y municipales tienen la obligación de explicarlos ahora, no después de las elecciones.

Porque si la única salida es la tarifa, y si la única previsión es seguir pagando deuda sin un esquema sostenible, entonces la advertencia deja de ser metafórica: más vale ir pensando en comprar velas.