La Magistratura pidió investigar las denuncias de Bottini
La Asociación de la Magistratura reclamó investigar las denuncias de presiones a la fiscal Bottini y advirtió sobre un «deterioro institucional» en Chubut
La entidad sostuvo que las denuncias sobre presiones para frenar una investigación penal deben ser esclarecidas y alertó sobre el impacto que las campañas políticas, mediáticas o económicas pueden tener sobre la independencia judicial.
La Asociación Civil de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) emitió un duro comunicado institucional tras las declaraciones de la fiscal María Bottini, quien denunció haber recibido presiones para no investigar una causa vinculada a la Mutual de la Cooperativa 16 de Octubre. La entidad reclamó que los hechos sean investigados por las autoridades competentes y advirtió sobre un progresivo deterioro institucional que, según sostuvo, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
En el documento, la Asociación afirmó que la gravedad de las manifestaciones realizadas por Bottini durante una audiencia judicial y posteriormente difundidas en distintos medios exige una investigación formal para determinar responsabilidades.
«La independencia judicial debe ser protegida»
Parte del comunicado.
La AMFJCH señaló que desde hace tiempo viene alertando sobre el debilitamiento de las garantías destinadas a preservar la independencia judicial y la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal.
Según expresó, también observa una creciente pérdida de confianza ciudadana en los organismos de gobierno y control del sistema judicial, por lo que consideró necesario fortalecer los principios republicanos que deben regir el funcionamiento de la Justicia.
En ese marco, sostuvo que las campañas de presión de carácter político, económico o mediático encuentran terreno fértil cuando instituciones como el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo de la Magistratura o las autoridades del Ministerio Público Fiscal no ejercen con firmeza las responsabilidades que les asigna la Constitución.
Cuestionamientos al silencio institucional
Uno de los pasajes más críticos del comunicado apunta a la respuesta de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la independencia judicial.
La Asociación manifestó que resulta preocupante que esas prácticas sean legitimadas mediante «el silencio, las respuestas tardías o incluso decisiones que, objetivamente, aparecen alineadas con quienes ejercen esas presiones desde determinados espacios políticos, económicos o mediáticos».
Además, remarcó que no se trata de una preocupación meramente hipotética, sino de situaciones que ya se habrían presentado anteriormente y que, según afirmó, no recibieron una respuesta institucional adecuada.
El impacto en comunidades pequeñas
La entidad también puso el foco en la realidad de localidades como las de Chubut, donde las relaciones institucionales y sociales suelen ser más estrechas.
En ese sentido, advirtió que la utilización del poder político, económico o mediático para condicionar a fiscales o magistrados no sólo afecta a quienes ejercen esas funciones, sino que compromete «el derecho de toda la ciudadanía a contar con una Justicia independiente e imparcial».
Asimismo, sostuvo que cuando esas prácticas se repiten generan un mensaje intimidatorio hacia quienes deberán intervenir en futuras causas, instalando un mecanismo incompatible con el funcionamiento de un Poder Judicial independiente.
«No se trata de inmunizar decisiones»
La Asociación aclaró que defender la independencia judicial no implica impedir las críticas públicas a jueces o fiscales.
Por el contrario, sostuvo que el control ciudadano forma parte del debate democrático, pero advirtió que existe una diferencia entre cuestionar decisiones judiciales y promover campañas de exposición, hostigamiento o descalificación personal contra magistrados cuando sus resoluciones afectan intereses políticos, económicos o sectoriales.
Finalmente, la AMFJCH reafirmó que la independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y advirtió que cuando el miedo a la exposición pública pesa más que la fuerza del Derecho, «se debilita la Justicia y se compromete el derecho de la ciudadanía a obtener decisiones libres, imparciales y fundadas».
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