Radiografía de la Cooperativa: resultado de las encuestas
La voz de los socios: qué piensan los usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Trelew
Una serie de 17 encuestas realizadas en el canal de WhatsApp Rodrigo Mansilla Noticias relevó la opinión de los socios sobre la intervención judicial, la próxima elección de delegados, la gestión de los servicios, los posibles candidatos y las prioridades para la nueva conducción.
PREGUNTA 15: El 69,6% pone la transparencia de la gestión por encima de todo lo demás. En segundo lugar, el 26,8% pide ordenar las cuentas. Juntos, estos dos ítems suman el 96,4% de las respuestas. Mejorar los servicios —eléctrico o de agua— prácticamente no aparece como prioridad. Esto confirma que los socios no perciben a la Cooperativa como una empresa con problemas técnicos sino como una institución con problemas de gobernanza. La próxima conducción que llegue con un discurso centrado en obras o infraestructura, sin atacar primero la opacidad de la gestión, va a nadar contra la corriente de lo que la gente pide.
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PREGUNTA 16: La situación económica concentra el 64,6% de las respuestas como el principal problema. Las tarifas suman el 33,3%. Hay que leer estos dos ítems como parte del mismo diagnóstico: el problema económico de la Cooperativa y el problema tarifario que sufren los socios son las dos caras de una misma moneda. Los cortes de energía, que suelen dominar los reclamos cotidianos en redes sociales, no recibieron ningún voto como problema principal: para los encuestados, es un síntoma, no la causa. Y el agua, con solo 2 votos, queda muy relegada. La agenda real que emerge de esta pregunta es estrictamente financiera e institucional.
PREGUNTA 12: El servicio eléctrico aprueba, aunque con nota justa: el 60,3% lo califica positivamente (bueno o muy bueno). El 28,1% lo ve regular y el 11,6% directamente malo. Es un dato que relativiza los diagnósticos más catastrofistas: técnicamente, la red eléctrica cumple en términos generales. El problema no es la luz que llega a las casas, sino lo que se cobra por ella y cómo se administra la entidad que la distribuye. Esta distinción entre calidad del servicio y calidad de la gestión es fundamental para entender el malestar de los socios: no están disconformes con el producto, sino con la institución.
PREGUNTA 13: El servicio de agua tiene una evaluación levemente mejor que el eléctrico: el 70,1% lo califica entre bueno y muy bueno. Solo el 7,1% lo considera malo, la proporción más baja entre quienes eligen la peor opción en las preguntas de servicios. Esto sugiere que el agua es el servicio que genera menos quejas, al menos en términos de prestación cotidiana. El 22,7% que lo ve regular puede estar reflejando diferencias barriales importantes: en algunos sectores el suministro puede ser más irregular que en otros, pero el promedio general es positivo.
PREGUNTA 7: La prioridad número uno es que todos los socios puedan participar, con el 55,4% de los votos. No es un dato menor: en elecciones cooperativas previas, el padrón desactualizado, los requisitos administrativos incumplidos o la falta de información dejaron a muchos socios afuera del proceso. La segunda preocupación —igualdad de oportunidades para todas las listas, con el 24,6%— completa un cuadro en el que la gente no pide solo que haya elecciones, sino que sean justas. La fiscalización independiente, con apenas el 12,3%, es llamativamente baja: o bien hay confianza en que el proceso será controlado, o bien no se conoce bien qué implica ese mecanismo.
PREGUNTA 6: El 88,7% quiere que los socios recuperen el control de la entidad. El 11,3% que votó «No» es el único segmento que podría interpretarse como una defensa implícita de la continuidad de la intervención, aunque también podría incluir a quienes desconfían tanto de la gestión anterior como de la que pueda venir. En cualquier caso, el mensaje dominante es inequívoco: la intervención es percibida como un estado de excepción, no como una solución permanente, y la normalización institucional vía elecciones es una demanda transversal a la enorme mayoría de los socios.
PREGUNTA 14: Aquí aparece la verdadera fractura entre la evaluación del servicio y la percepción de la tarifa. Los mismos encuestados que mayoritariamente aprueban la calidad del servicio eléctrico y del agua dicen en un 82,8% que lo que pagan no está justificado. Es una contradicción solo aparente: la gente puede reconocer que la luz funciona y aun así sentir que la factura es desproporcionada respecto al servicio recibido. Detrás de esa percepción hay sospechas concretas: sobre los costos de estructura, sobre sueldos en la organización, sobre deudas no declaradas, sobre gastos de gestión que no se traducen en mejoras. Es el reclamo más directo de toda la serie y el que más presión pone sobre la próxima conducción.
PREGUNTA 4: Casi el 90% no admite demoras. Es una de las respuestas más terminantes de toda la serie y la que menos margen deja a la interpretación: la intervención no tiene crédito acumulado como para tomarse el tiempo que quiera. Los socios quieren saber cuándo van a poder votar, y quieren saberlo ya. Esta presión ciudadana es también una señal para el poder judicial que supervisa la intervención: la legitimidad del proceso depende en gran parte de que los plazos sean claros, públicos y cumplidos.
PREGUNTA 8: El veredicto popular sobre la intervención es devastador: 85,1% dice que la Cooperativa está peor. Solo 2 personas —sobre 141— perciben una mejora. Esto no necesariamente significa que la intervención haya empeorado objetivamente la situación; puede reflejar también que los problemas estructurales se hicieron más visibles una vez que se abrieron los libros. Pero en términos de percepción ciudadana, el saldo es negativo sin atenuantes. Para cualquier candidato que quiera ganar las próximas elecciones, asociarse con la gestión interventora sería un lastre político considerable.
PREGUNTA 2: La mayoría considera que participar es importante o muy importante. Este es el piso de consenso más alto de toda la serie: casi no hay disidencia. Lo que revela es que el problema nunca fue la valoración de la democracia interna, sino las condiciones reales en que esa democracia se ejercía —o no se ejercía. La gente sabía que era importante votar y aun así no votaba. Eso obliga a preguntarse qué barreras concretas impedían la participación: ¿los horarios? ¿La falta de información sobre las listas? ¿El desconocimiento de quiénes eran los candidatos? Remover esas barreras debería ser una condición que la intervención garantice antes de llamar a elecciones.
PREGUNTA 5: Casi nueve de cada diez encuestados cree que los tiempos cortos favorecen a quienes ya tienen estructura. Es un análisis político sofisticado el que está detrás de esta respuesta: quien tiene padrón actualizado, red de contactos, financiamiento y militancia organizada puede armar una lista en dos semanas; quien quiere construir algo nuevo necesita tiempo. Este resultado, leído junto con el 88,9% que teme la influencia partidaria (encuesta 9), configura una demanda implícita muy clara: que el cronograma electoral sea razonable, que se difunda ampliamente y que se garantice igualdad de condiciones para todas las listas que quieran competir.
Análisis: qué dicen los números
Una base social desmovilizada que quiere volver. El dato más paradójico surge de la comparación entre la pregunta 1 y la 3: apenas el 24,5% de los encuestados dijo haber participado alguna vez en una elección de la Cooperativa, pero el 74,8% afirmó que participaría en la próxima (104 sobre 139 votos). Esa brecha de 50 puntos refleja un socio que históricamente estuvo al margen del proceso democrático interno, pero que hoy —frente a la crisis— quiere recuperar protagonismo. El 17,3% dijo que no participaría y el 7,9% todavía no lo sabe, lo que indica que la movilización real todavía no está garantizada y dependerá fuertemente de cómo se llame a elecciones.
La intervención (de 1 año y 9 meses), un fracaso en la percepción popular. El 85,1% de los participantes en la pregunta 8 considera que la Cooperativa está peor desde que comenzó la intervención judicial. Solo 2 votos sobre 141 la perciben como una mejora. Ese rechazo se conjuga con otra señal clara: el 88,7% quiere que la entidad vuelva cuanto antes al control de sus socios (pregunta 6), y el 89,9% exige que se anuncie de inmediato el cronograma electoral (pregunta 4). El cuadro es contundente: los usuarios no validan la gestión de la intervención y reclaman urgencia institucional.
El tiempo juega en contra de la renovación. El 85,7% cree que una elección con plazos cortos favorece a los sectores con más estructura (pregunta 5). Esto es relevante porque los propios encuestados reconocen que la política partidaria influirá mucho en la elección de delegados: el 88,9% lo afirma en la pregunta 9. La combinación de ambos resultados sugiere que los socios temen un proceso electoral que, lejos de renovar la conducción, reproduzca las mismas lógicas que derivaron en la intervención.
Nadie le gana a «Otros». La pregunta 11 sobre quién tiene más capacidad para armar una lista completa es elocuente: el 66,7% eligió la opción «Otros», frente a porcentajes bajos para los candidatos nombrados. Ese «Otros» mayoritario no es indiferencia: es demanda de una alternativa nueva, de caras que aún no aparecieron en escena, o de una lista amplia y plural que ninguno de los actores mencionados representa todavía.
El problema no es el servicio: es la plata y la transparencia. Cuando se pregunta cuál es el principal problema de la Cooperativa (pregunta 16), la situación económica se lleva el 64,6% y las tarifas el 33,3%. Los cortes de energía no reciben ningún voto. El servicio eléctrico recibe una evaluación relativamente favorable —el 60,3% lo califica entre bueno y muy bueno (pregunta 12)—, y el agua también pasa la prueba (70,1% positivo, pregunta 13). Sin embargo, el 82,8% dice que el servicio no justifica lo que paga (pregunta 14), lo que apunta a una tarifa percibida como excesiva, no a un problema de calidad técnica.
El mandato para la próxima conducción es claro. La pregunta 17 sintetiza todo: el 87,5% prioriza bajar costos y ordenar las cuentas. Y en la pregunta 15, el 69,6% elige transparentar la gestión como la principal demanda. El socio de la Cooperativa no pide más obras ni mejor servicio como prioridad número uno: pide que le digan la verdad sobre los números y que le cobren lo que corresponde.
La necesidad de legitimar una nueva etapa en la Cooperativa Eléctrica
Por Sergio Combina, especial para Vibra News.
Después de años de intervención y de una extensa historia marcada por procesos electorales truncos, listas únicas o instancias con escasa participación de los asociados, la Cooperativa Eléctrica tiene hoy la oportunidad y la responsabilidad de iniciar una nueva etapa institucional basada en la legitimidad y la participación democrática.
La elección de nuevas autoridades no debe ser entendida solamente como un requisito formal, sino como un proceso de reconstrucción de la confianza entre la institución y sus socios. Para ello, resulta fundamental promover un mecanismo electoral amplio, transparente e inclusivo, que garantice la mayor participación posible de la comunidad.
Quienes tengan la responsabilidad de conducir este proceso deben asumir el compromiso de evitar prácticas restrictivas, exclusiones innecesarias o condiciones que limiten el ejercicio del derecho de los asociados a participar en la vida institucional de la cooperativa. La legitimidad de las futuras autoridades dependerá, en gran medida, de la amplitud y representatividad del proceso que las elija.
En el contexto económico actual, donde muchas familias enfrentan dificultades para mantener al día el pago de los servicios, resulta necesario analizar mecanismos que eviten que los vecinos queden excluidos de los padrones por razones económicas. La democracia cooperativa debe buscar integrar y representar a todos los socios, especialmente en momentos complejos, y no convertirse en un factor de exclusión.
Asimismo, es importante evitar cualquier forma de calificación o restricción del voto que reduzca la participación ciudadana. La fortaleza institucional de la cooperativa se construye con más socios involucrados, más debate y más pluralidad de voces, no con menos.
La normalización definitiva de la Cooperativa Eléctrica requiere un proceso electoral ejemplar, abierto y participativo, capaz de devolverle a los asociados el protagonismo que les corresponde. Solo así las nuevas autoridades contarán con la legitimidad necesaria para conducir la institución y afrontar los desafíos del futuro con el respaldo genuino de la comunidad.
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