ISSyS: sin respuesta oficial y con dudas sobre la transparencia de la gestión

UPCN reclama el llamado a elecciones y advierte que no hay información pública sobre la caja jubilatoria y la obra social

Paola Etcheverry, secretaria general adjunta de UPCN y precandidata del gremio a la vocalía por los activos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), habló en el programa Alguien Tiene Que Querer con Rodrigo Mansilla sobre la falta de definiciones del Gobierno provincial respecto del llamado a elecciones en el organismo, y sobre el estado de situación de la caja y la obra social.

«No ha habido ningún tipo de respuesta»

Consultada sobre si el Ejecutivo había dado señales sobre la convocatoria a elecciones, Etcheverry fue categórica: «no ha habido ningún tipo de respuesta». Explicó que la demora ya no tiene margen: «entendemos que no hay mucha manera de dilatar la situación», porque el propio gobernador se había comprometido públicamente a que este tipo de prórrogas no volvieran a repetirse.

Según recordó, el gobernador había sostenido que las elecciones anteriores —realizadas hace dos años tras una demora previa— se hacían «para equiparar un poco la cosa» y que a partir de ahí el organismo se regularizaría, de modo que las siguientes elecciones se dieran en tiempo y forma. «Entendemos que considerando los tiempos que quedan y los tiempos que llevaría un cronograma electivo, es momento de que ya se llame y se le presente el cronograma», afirmó.

Aclaró además que hasta el momento solo existe la solicitud formal, pero no una respuesta por escrito: «una respuesta no la tenemos. Entendemos que llegó la solicitud, eso sí lo sabemos».

Los plazos y la legalidad de las autoridades actuales

Etcheverry hizo memoria sobre los tiempos que insumió el proceso anterior: «si vamos dos años atrás, el decreto se firmó en junio y la elección se hizo en septiembre». Por eso insistió en la urgencia de poner en marcha el cronograma cuanto antes, «para que la elección se dé en los tiempos que se tiene que dar y con la atención que requiere», y para evitar «andar a las corridas» como sucedió en el proceso electoral anterior.

Sobre la legalidad de las actuales autoridades del instituto, fue precisa: «la legalidad se va a dar hasta septiembre. Hasta septiembre está la legalidad» del mandato vigente, más allá de que pudiera existir una prórroga por el tiempo que demande organizar el cronograma electoral.

Una reunión con el gobernador para plantear el tema

La dirigente adelantó que UPCN se reunirá «la semana que viene» con el gobernador Ignacio Torres, aunque todavía sin horario confirmado. El motivo central de ese encuentro, explicó, es «analizar la situación de la ex 1987, convenio colectivo marco y proceso paritario», pero el gremio aprovechará la ocasión para consultar también sobre la situación del ISSyS.

Sobre qué le van a plantear puntualmente al gobernador, fue clara: «queremos saber que se haga el llamado a elecciones» y, además, adelantó que solicitarán «un pedido de informe de cuál es la situación actual», de modo que quienes estén interesados en participar como representantes de los activos «sepan cuál es la situación» del instituto antes de presentarse.

Consultada sobre si la reunión sería exclusivamente con UPCN o con otros gremios, respondió: «UPCN la solicitamos nosotros» en soledad.

«No tenemos toda la información precisa»

El tramo más contundente de la entrevista giró en torno a la falta de datos sobre el funcionamiento del ISSyS. Etcheverry fue enfática: «nosotros entendemos que no tenemos toda la información precisa […] no hemos podido ver informes». Vinculó esa carencia con un problema más general de acceso a la información pública: «estamos en gobiernos donde el acceso a la información pública y el acceso a los datos […] nos está llevando adelante» sin transparencia.

Afirmó que, a dos años de gestión, no existe un informe sobre la situación de la caja ni del organismo: «no hay un informe de qué está ocurriendo, de cuál es la situación actual de la caja y de seros. No hay un ni tampoco he visto un pedido de informe». Por eso, remarcó, «no podemos aventurarnos a expresar una situación que todos en su mayoría desconocemos».

Sobre la gestión de la vocalía por los activos en particular, repitió el mismo diagnóstico: «no lo sé. No puedo ver un informe de cómo lo recibió y qué acciones llevó adelante. No he visto las propuestas […] no lo sabemos. Creo que la mayoría no lo sabemos cómo se llevó adelante eso». Insistió en que tampoco se conoció públicamente ningún informe del vocal saliente: «no se publicó (…) los que aportamos a esa caja, no lo sabemos. Los activos que estamos siendo representados no lo sabemos».

Fue cuidadosa en no emitir juicios sin fundamento: «sería insensato de mi parte aventurarme a decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo hasta ahora no puedo visualizar ninguna de las acciones», ni siquiera «a través de acciones que puedan aparecer de manera pública». Remarcó que existe normativa que obliga a la transparencia: «sabemos que el acceso a la información de este tipo debería ser público y transparente. Hay una normativa, hay una legislación que así lo indica», pero en los hechos esa información no está disponible.

Más que una obra social: la dimensión institucional del ISSyS

Consultada sobre el peso institucional del organismo, Etcheverry explicó que hablar del «ISSyS» excede a la obra social: «cuando hablamos del instituto tenemos que profundizar en, por ejemplo, la caja jubilatoria y otras cuestiones más». Lo calificó como «un eje fundamental» y «una institución que es fundamental para el Estado chubutense», que debería funcionar regularizada, «con todos los requerimientos y los controles necesarios» para sostener tanto la caja jubilatoria como la obra social de la provincia.

Recordó que todos los empleados públicos de la provincia aportan a ese sistema y reciben esas prestaciones, aunque reconoció que «hay un montón de personas que manifiestan que necesitan algunas otras tipo de atención» en relación al monto que se aporta por trabajador. De todos modos, evitó simplificar el debate: «son cuestiones que no se pueden hablar a la ligera», sino que requieren sentarse a discutir «con la situación real que tiene la caja ahora, la caja y la obra social».

Si hay prórroga: la posición del gremio

Ante la consulta sobre qué postura tomaría UPCN si finalmente el Gobierno optara por prorrogar el mandato de las actuales autoridades, Etcheverry fue tajante en remarcar la contradicción que eso implicaría: «no sería muy lógico dentro del mismo discurso» del propio gobernador, que había sostenido «que no podemos seguir sosteniendo situaciones de prórrogas y de tiempos en pausa que no hacen a la regularización del organismo». Y concluyó: «no podríamos ahora pensar en hacer prórrogas cuando dijimos que era lo que no correspondía, que hay que mantener esta institución con las regularizaciones en tiempo y forma».

La agenda paritaria pendiente

Más allá del ISSyS, Etcheverry detalló los temas que UPCN llevará a la reunión con el gobernador vinculados al proceso paritario y la carrera de los trabajadores estatales: «los planteos van más que nada por las cuestiones que nos han venido quedando pendientes del proceso paritario y de lo que tiene que ver con la carrera de los trabajadores, las recategorizaciones en todo el ámbito de la ex 1987 o de la 174 que nunca se han hecho», además de «los concursos que todavía están pendientes, el convenio colectivo marco, la regularización de organismos que todavía están ahí como en un gris».

Contó que el gremio viene trabajando con un equipo propio en el diseño del convenio colectivo marco: «tenemos un equipo, un grupo de compañeros, de delegados, de compañeros técnicos que han ido trabajando con esto y que tienen una perspectiva clara de cómo sería el impacto de este convenio colectivo de trabajo en la vida de los trabajadores». Subrayó que el alcance de esa herramienta «va más allá de lo salarial […] va por el reconocimiento de carrera, va por la regularización de las normativas», en un contexto en que «está tan disperso el sistema» que resulta difícil para los trabajadores entender qué normativa les corresponde. Definió el objetivo como darle «un marco» a «todas esas organizaciones, todas esas instituciones que quedaron fuera de convenio».

La deuda en dólares y el costo para los trabajadores

Consultada sobre el informe de Vibra News acerca de la deuda en dólares de Chubut —que el año próximo deberá afrontar vencimientos por unos 165 millones de dólares entre capital e intereses, en un total de deuda que supera el 1,39 billón de pesos—, Etcheverry reconoció no haber podido leer el informe todavía, pero fijó posición gremial: «los gremios tenemos que tener una postura firme respecto a que no sean siempre los trabajadores que paguen el costo de las decisiones equivocadas […] o de acciones concretas que terminan perjudicando siempre al pueblo trabajador».

Denunció además que, en muchos casos que dijo haber analizado personalmente, cuando los trabajadores reclaman «empiezan acciones de persecución, de violencia laboral», y remarcó que «el trabajador siempre paga el costo de reclamar» y a la vez «paga el costo de las decisiones políticas», mientras que cuando protesta se lo intenta desacreditar «desde una postura de reclamo político, como si eso estuviera equivocado».

Reivindicó el rol político de los trabajadores como parte constitutiva del Estado: «los trabajadores, como todas las personas de cualquier Estado, somos parte de las políticas, somos la consecuencia de las políticas, somos decisores en el momento que elegimos un gobernante». Por eso, sostuvo, «las organizaciones sindicales son las que tienen que sostener la lucha del trabajador para que no pague el costo de estas decisiones».

Cerró con una reflexión sobre el desgaste histórico de esa carga: «pagar el costo lo venimos pagando hace un montón de años nosotros los trabajadores. Por eso tenemos la dispersión de situaciones y el desastre que tenemos en algunos organismos del Estado […] del abandono, la desidia que no se solucionan con cuatro años de gobierno». Aun así, remarcó que «son decisiones políticas que siempre van afectando a los trabajadores y al propio Estado, y nosotros somos el Estado también».