Conflicto en la Cooperativa de Trelew: trabajadores rechazan las cartas documento y denuncian persecución sindical por la difusión de información

Imagen ilustrativa.

Los empleados alcanzados por la investigación interna impulsada por la conducción que preside Andrea Luna respondieron mediante telegramas laborales de idéntico contenido. Cuestionaron el procedimiento utilizado, negaron que exista una imputación concreta en su contra y advirtieron que podrían iniciar acciones judiciales. El conflicto se originó por la circulación de información sobre los honorarios de los integrantes del Consejo de Administración.

El conflicto por la difusión de documentación interna de la Cooperativa Eléctrica de Trelew sumó un nuevo capítulo. Los trabajadores que recibieron cartas documento de la conducción encabezada por Andrea Luna respondieron mediante telegramas laborales en los que rechazaron las intimaciones, cuestionaron la investigación administrativa y denunciaron una presunta conducta persecutoria y antisindical.

Según la documentación a la que accedió Vibra News, los empleados enviaron respuestas de idéntico contenido, rechazando las cartas documento despachadas el 19 de octubre de 2026. En ellas sostienen que fueron incluidos en una investigación general sobre un sector de la empresa, sin que se les atribuyera una conducta concreta, aunque se les advirtió sobre posibles sanciones por faltas muy graves.

Cuestionan el procedimiento de la Cooperativa

Los trabajadores argumentan que la denominada instancia de investigación invocada por la conducción no está prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo 625/11. Señalan que el artículo 80 establece el procedimiento disciplinario aplicable y que, por su condición de afiliados al Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, cualquier actuación investigativa debe ser comunicada a la organización gremial.

También cuestionan que no se haya garantizado la participación sindical en las declaraciones ni dado intervención a la comisión prevista en el artículo 111 del convenio.

Desde esa perspectiva, consideran que el requerimiento de explicaciones ante Recursos Humanos, al margen del procedimiento convencional, vulnera sus derechos como trabajadores y afiliados sindicales.

Los sueldos del Consejo de Administración, en el centro del conflicto

La controversia se originó tras la circulación de información relacionada con los honorarios de los integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica.

En sus respuestas, los trabajadores aclaran que no reconocen participación alguna en la difusión de esa documentación. Sin embargo, sostienen que las remuneraciones de los consejeros no constituyen información reservada y que su conocimiento es un derecho de los asociados, de la ciudadanía y del propio sindicato.

Para fundamentar esa posición, mencionan que la Cooperativa presta un servicio público y que se encuentra alcanzada por la legislación provincial de acceso a la información pública.

En consecuencia, cuestionan que la conducción pretenda investigar y eventualmente sancionar a empleados por la circulación de datos que, según su interpretación, deberían ser accesibles públicamente.

Advierten con acciones judiciales

Los telegramas también contienen una denuncia de presunta persecución sindical. Los trabajadores sostienen que las actuaciones forman parte de una conducta dirigida contra empleados afiliados y contra el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.

En ese marco, intimaron a la Cooperativa a cesar en ese comportamiento y dejar sin efecto su inclusión en las investigaciones, bajo advertencia de promover acciones por práctica desleal, amparos sindicales y denuncias ante los organismos competentes.

El conflicto incorpora así una nueva dimensión a la controversia por los honorarios de las autoridades: además de la discusión sobre la transparencia y el acceso a la información, ahora se cuestionan los mecanismos utilizados por la conducción para investigar a sus propios empleados.

Mientras la Cooperativa busca determinar responsabilidades por la salida de documentación interna, los trabajadores sostienen que no pueden ser investigados ni sancionados sin imputaciones concretas y sin respetar las garantías establecidas en el convenio colectivo.

Por el momento, las denuncias de persecución y prácticas antisindicales corresponden a la posición expresada por los empleados en sus telegramas y no constituyen hechos judicialmente acreditados.