Trelew: proyectan un Fondo de Emergencia para la Cooperativa con aportes de hasta $660.000 según la categoría

La iniciativa declara por seis meses la emergencia del servicio eléctrico y crea un fondo específico financiado por los usuarios. El Anexo I fija aportes que van desde $9.000 hasta $660.000. También contempla congelamiento de ingresos de personal, reducción de vacantes, revisión extraordinaria de costos, regularización de conexiones informales y mayores exigencias de transparencia.

Un proyecto de ordenanza ingresado al Concejo Deliberante de Trelew propone declarar por seis meses la emergencia en la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica y crear un Fondo de Emergencia para la Continuidad del Servicio Público, destinado exclusivamente a sostener la prestación que realiza la Cooperativa Eléctrica.

Uno de los puntos centrales —y probablemente el de mayor impacto directo sobre los usuarios— se encuentra en el Anexo I del proyecto, donde se establecen los montos que deberá aportar cada categoría al nuevo fondo.

La escala propuesta presenta diferencias importantes de acuerdo con el tipo de usuario: comienza en $9.000 y llega hasta $660.000 en las categorías de mayor porte.

El Anexo I: cuánto aportaría cada categoría

El cuadro incorporado como Anexo I establece los siguientes valores:

El salto entre categorías es considerable. Mientras que los usuarios comprendidos en los primeros segmentos afrontarían montos de entre $9.000 y $32.000, las categorías superiores pasarían a contribuciones de $100.000, $300.000, $330.000 y hasta $660.000.

El proyecto establece que este aporte será aplicado a los usuarios del servicio eléctrico y que la propia Cooperativa actuará como agente de percepción del dinero destinado al fondo.

Un punto que deberá ser observado durante el tratamiento legislativo es que, en el texto acompañado, no aparece explicitada en el Anexo I la periodicidad de esos montos. Es decir, el cuadro fija cuánto corresponde a cada categoría, pero resulta relevante determinar con precisión cómo y cuándo será aplicado el aporte en la facturación.

Una emergencia por seis meses

El artículo primero propone declarar el estado de emergencia del servicio eléctrico en Trelew por seis meses contados desde la promulgación de la ordenanza.

La argumentación del proyecto parte de la delicada situación económico-financiera de la Cooperativa y sostiene que los informes del OMRESP muestran dificultades para reducir costos y gastos operativos, niveles de endeudamiento y problemas para sostener mantenimiento, inversión e infraestructura.

En los fundamentos se señala además que el principal desequilibrio entre ingresos y egresos estaría concentrado en el servicio de distribución eléctrica, a diferencia de los servicios sanitarios, donde el Fondo de Sostenimiento vigente habría permitido alcanzar una situación de mayor equilibrio.

El fondo no sería administrado libremente por la Cooperativa

El proyecto introduce una particularidad importante.

Los recursos recaudados deberán depositarse en una cuenta bancaria específica y para utilizar el dinero será necesaria la intervención conjunta de un delegado municipal designado por el Departamento Ejecutivo y de quien ejerza la Tesorería del Consejo de Administración de la Cooperativa.

Ambos deberán habilitar conjuntamente órdenes de pago, cheques, transferencias y demás instrumentos necesarios para disponer de esos fondos.

Según el articulado, el dinero únicamente podrá utilizarse para gastos indispensables que permitan garantizar la continuidad y adecuada prestación del servicio eléctrico, incluyendo insumos, materiales, equipamiento, operación, mantenimiento, reparación y reposición de infraestructura y ejecución de obras.

De esta manera, el aporte extraordinario de los usuarios quedaría sujeto a un mecanismo de control compartido entre la Cooperativa y el Municipio.

Regularización de conexiones informales y condonación de deudas

Otro capítulo relevante del proyecto apunta a los usuarios conectados informalmente a la red eléctrica.

Se crea un Programa de Regularización de Usuarios Informales e Inclusión Eléctrica, que contempla un plazo de 60 días para quienes se presenten voluntariamente.

En esos casos, el proyecto prevé la condonación de multas, penalidades, cargos por fraude y determinadas deudas retroactivas estimadas por consumos clandestinos anteriores a la regularización, condicionada a que el usuario normalice su conexión e instale el correspondiente sistema de medición.

Para quienes no se presenten voluntariamente y sean detectados posteriormente, la regularización será obligatoria, pero sin el beneficio de esa condonación.

Tarifa Social Base durante la emergencia

El mismo artículo incorpora una Tarifa Social Base para usuarios que ingresen al régimen y acrediten una situación de vulnerabilidad socioeconómica mediante una encuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano y Comunitario.

En esos casos, se cobraría exclusivamente el costo de la energía efectivamente consumida, tomando como referencia el Mercado Eléctrico Mayorista, junto con componentes determinados en la propia norma.

El texto establece expresamente que quedarían excluidos, entre otros conceptos, el Valor Agregado de Distribución —VAD—, cargos fijos y otros componentes tarifarios vinculados a la prestación normal.

Congelamiento de ingresos de personal

El proyecto no se limita a crear un aporte extraordinario.

El artículo 8 establece que la Cooperativa no podrá realizar nuevos ingresos, contrataciones, designaciones o incorporaciones de personal, cualquiera sea la modalidad de vinculación.

Solo se admitirían excepciones cuando la contratación resulte indispensable para garantizar la continuidad, regularidad y seguridad de los servicios, y siempre con autorización previa del OMRESP.

Vacantes que no podrán cubrirse

También se dispone que las vacantes generadas por jubilaciones, renuncias, fallecimientos, despidos o retiros voluntarios no podrán ser cubiertas, salvo situaciones excepcionales vinculadas a funciones operativas cuya ausencia pueda comprometer seriamente la prestación.

La intención expresada en el proyecto es avanzar hacia una reducción progresiva de la estructura de personal de la concesionaria.

Una revisión completa de los costos de la Cooperativa

Otro artículo de peso establece que, dentro de los 60 días posteriores a la promulgación, el OMRESP deberá realizar una Revisión Extraordinaria de Costos.

El objetivo será determinar el pasivo real, la trazabilidad de los fondos y el estado general de endeudamiento.

La Cooperativa deberá además presentar una estructura de costos eficientes para los servicios eléctricos, de agua potable y cloacas.

La norma busca excluir del reconocimiento tarifario aquellos gastos que sean considerados ineficientes o injustificados, entre ellos determinadas erogaciones administrativas, estructuras gerenciales, asignaciones innecesarias y otros conceptos que no tengan sustento fáctico o normativo.

Acceso irrestricto a las cuentas

El proyecto también endurece los mecanismos de control.

La Cooperativa deberá permitir al OMRESP acceso irrestricto a sus sistemas contables, extractos bancarios, legajos de personal, facturación de CAMMESA y cualquier otra documentación requerida.

Además, deberá publicar en su sitio web información económica, financiera y operativa actualizada, incluyendo balances, estados contables, informes de auditoría, estructura de costos, nivel de endeudamiento, ingresos y egresos de los servicios, ejecución de inversiones y obras.

También se incorpora el problema de los baches

La iniciativa obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer mecanismos administrativos y contractuales para garantizar la reparación urgente de calles, veredas y calzadas afectadas por trabajos de la Cooperativa.

Cada apertura o rotura deberá contar con autorización municipal y establecerse un plazo concreto para la restitución de la vía pública.

En caso de incumplimiento, el Municipio podrá avanzar con las facultades previstas en el contrato de concesión, sin perjuicio de las atribuciones de control y sanción del OMRESP.

El punto político y económico: cuánto terminará pagando cada usuario

El proyecto combina dos líneas de intervención: por un lado, pedir un esfuerzo económico extraordinario a los usuarios mediante un nuevo fondo; por otro, imponer a la Cooperativa restricciones de personal, revisión de costos, controles sobre el uso del dinero y mayores obligaciones de transparencia.

Pero el Anexo I coloca inevitablemente la discusión sobre el bolsillo de los usuarios en el centro del debate.

No se trata de un aporte uniforme: el esquema proyectado va desde $9.000 en J1 hasta $660.000 para 3M y GUM, pasando por saltos relevantes como los $300.000 de G4 y $330.000 de 3B.

Por eso, antes de cualquier eventual sanción, una de las cuestiones centrales será conocer qué usuarios comprende exactamente cada categoría, cuál será la periodicidad del aporte y qué incidencia concreta tendrá sobre la factura final de cada sector.

La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento del Concejo Deliberante. Si avanza, significaría una de las intervenciones regulatorias más importantes sobre la Cooperativa de los últimos años: emergencia eléctrica por seis meses, aporte extraordinario de usuarios y, simultáneamente, un esquema de ajuste, control y revisión integral sobre la concesionaria.