Chubut, entre las provincias con mayor costo por legislador en 2025

En 2025, el costo anual por legislador provincial en la Argentina mostró una brecha significativa entre distritos. Según datos elaborados en base a los presupuestos provinciales, el gasto osciló entre $173 millones y $2.735 millones por legislador, una diferencia que reaviva el debate sobre la eficiencia del gasto público y la calidad de la representación política.

El relevamiento —realizado por la Fundación Libertad— expone un mapa heterogéneo. En el extremo superior se ubican jurisdicciones con estructuras legislativas de alto costo. CABA lidera el ranking con $2.661.574.280 por legislador, seguida por Tucumán con $2.735.446.653, Buenos Aires ($2.232.681.158) y Santa Fe ($2.059.968.290). También aparecen con cifras elevadas Tierra del Fuego ($1.767.630.056) y Chaco ($2.492.181.448).

En ese contexto, Chubut se destaca con un gasto de $1.183.806.828 por legislador, ubicándose entre los costos más altos del país. El dato resulta relevante al compararse con provincias de similar tamaño poblacional o presupuesto, donde el gasto legislativo es considerablemente menor.

En el otro extremo del cuadro aparecen distritos con costos sensiblemente más bajos. San Luis registra el menor gasto, con $173.535.052 por legislador, seguida por La Rioja ($547.114.276) y San Juan ($542.934.111). Estas cifras contrastan con las de las provincias de mayor desembolso y evidencian la amplitud del rango.

El informe también señala casos intermedios como Córdoba ($516.075.529), Entre Ríos ($973.067.726), Corrientes ($1.145.982.579) y Río Negro ($640.391.304), mientras que en Santiago del Estero no se informaron datos disponibles.

Las diferencias plantean interrogantes sobre los criterios de asignación presupuestaria, el tamaño y funcionamiento de las legislaturas provinciales, y la relación entre gasto y resultados. Especialistas en finanzas públicas advierten que un mayor costo no necesariamente se traduce en mejor calidad institucional, y subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control.