Emanuel Coliñir pidió al juez federal declarar nulo el planes de pago con CAMMESA y auditar la Cooperativa Eléctrica de Trelew

El diputado provincial Emanuel Coliñir presentó este miércoles ante el Juzgado Federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Ricardo Sastre, una presentación institucional en el marco de la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica, Consumo y Vivienda de Trelew Ltda.

En su escrito, Coliñir aclaró que actúa como legislador provincial, vecino de Trelew y asociado de la cooperativa, y que su objetivo no es asumir el rol de parte en el proceso, sino ejercer su derecho de petición y las funciones de control inherentes al Poder Legislativo, con el foco en resguardar el interés público y la legalidad de la gestión.

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La lupa sobre el acuerdo con CAMMESA

Uno de los ejes centrales del planteo apunta al acuerdo firmado con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), durante la gestión del ex interventor Matías Bourdieu, quien suscribió planes de pago por aproximadamente 130 mil millones de pesos y avanzó en decisiones patrimoniales de alto impacto, incluso con desprendimiento de acciones de la prestataria.

Tras analizar los informes bimestrales, resoluciones y documentación del expediente FCR 0082008/24, Coliñir advirtió que no surge constancia suficiente de autorizaciones judiciales previas, expresas y fundadas respecto de actos de administración extraordinaria.

“No he advertido respaldo jurisdiccional específico que legitime el alcance y la estructura de las Actas Acuerdo suscriptas con CAMMESA, que por su magnitud económica y régimen de garantías configuran actos de disposición patrimonial extraordinarios que exceden las facultades del interventor”, señaló el diputado.

En ese marco, fue aún más contundente:

“El acuerdo es pasible de ser considerado lesivo”, afirmó Coliñir, dejando planteada la gravedad institucional del convenio.

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Nulidad, renegociación y auditoría

En consecuencia, el legislador solicitó al juez federal:

• Declarar nulo el plan de pagos con CAMMESA.

• Ordenar la renegociación de la deuda bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y sostenibilidad.

• Realizar un relevamiento integral de los bienes y activos de la cooperativa.

• Ejecutar una auditoría contable integral e independiente para verificar los montos reconocidos, intereses aplicados, cálculos efectuados y el impacto real del acuerdo sobre el patrimonio de la entidad.

Pero además, Coliñir pidió específicamente que se audite la actuación del ex interventor Matías Bourdieu, y que, en caso de detectarse irregularidades, se remitan las actuaciones a los organismos competentes.

El planteo incluye la advertencia sobre la eventual configuración de una situación de administración infiel, si se comprobara un obrar contrario al interés de la cooperativa.

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Defensa del interés público

Coliñir remarcó que la cooperativa presta servicios públicos esenciales y que cualquier decisión patrimonial de semejante magnitud impacta directamente en miles de usuarios.

“La intervención judicial requiere estándares reforzados de control, transparencia, publicidad y trazabilidad documental para garantizar la legitimidad y regularidad de las decisiones adoptadas”, sostuvo.

También recordó que la cooperativa no puede ser tratada como una empresa privada común, ya que opera bajo un contrato de concesión y dentro de un marco regulatorio que impone límites claros a la administración.

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Pedido de control judicial pleno

En su petitorio, el diputado solicitó que el juez ejerza un control jurisdiccional pleno sobre los actos adoptados durante la intervención, verifique si se cumplieron los requisitos legales y, de constatarse excesos en las facultades delegadas, evalúe responsabilidades funcionales y patrimoniales.

Asimismo, pidió reforzar hacia adelante los estándares de autorización judicial previa y control documental en toda decisión que implique compromisos estructurales para la entidad.

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“No pueden ser rehenes de decisiones sin resguardo jurídico”

Coliñir concluyó que su único objetivo es garantizar el normal funcionamiento institucional y el saneamiento económico real y sostenible de la cooperativa.

“De ello depende la mejora concreta en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, quienes no pueden seguir siendo rehenes de decisiones estructurales adoptadas sin el debido resguardo jurídico”, afirmó.

La presentación abre un nuevo capítulo judicial en torno a la intervención de la cooperativa y pone bajo revisión uno de los acuerdos financieros más relevantes firmados durante ese proceso.