DOCENTE UNIVERSITARIO SOLICITÓ LA INTERVENCIÓN DE LA UNPSJB ANTE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS TRAS FALLOS FEDERALES A SU FAVOR

Buenos Aires, 4 de agosto de 2026 – El académico Bruno Sancci presentó formalmente una solicitud de investigación e intervención institucional de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación. El pedido se fundamenta en el artículo 30 inciso «a» de la Ley de Educación Superior, invocando la existencia de un conflicto irresoluble y la inacción de las autoridades universitarias frente a cuatro sentencias dictadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

A pesar de contar con varios fallos favorables de la justicia federal, la universidad no ha restituido a Sancci en sus cargos. Vencidos los plazos máximos establecidos por la justicia, el docente se presentó a trabajar el pasado 27 de julio, primer día del ciclo lectivo y se encontró que ni siquiera figura en la planta de docentes de la universidad, por lo que se ha constatado una situación de irregularidad, ya que le pagan el sueldo por dar clases pero ni siquiera ha sido nombrado como docente.
El abogado de Sancci, Mateo Rossio Coblier presentó ante la Cámara Federal una solicitud para que la justicia obligue a la institución educativa a reincorporarlo. El docente adelantó que de no haber respuesta en un plazo perentorio, demandará penalmente al rector Gustavo Fleitas y obligará a que se pague una multa por cada día que esté fuera del aula.

EL HISTORIADOR BRUNO SANCCI EN LA UNPSJB.

¿Cuándo se puede intervenir una universidad?

En Argentina, de acuerdo con el Artículo 30 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, las universidades nacionales solo pueden ser intervenidas por el Congreso de la Nación (o por el Poder Ejecutivo Nacional durante el receso del Congreso y ad referéndum de este) y exclusivamente bajo tres causas concretas: Conflicto insoluble, Alteración del orden o incumplimiento de la ley. Según Sancci están demostrados los el primero y el tercero, ya que su situación puede ser presentada como un conflicto que no puede resolverse, ya que las autoridades de la Universidad han creado una situación insalvable que lo ha mantenido suspendido durante los últimos 7 años, siendo que el reglamento fija un máximo de 90 días para una suspensión. Asimismo, las sentencias han demostrado que también se puede encuadrar en el caso de incumplimiento de la ley, ya que aparte de haber demostrado este punto en la justicia en varias sentencias, no ha sido reincorporado tal como manda la justicia.

Falsas denuncias y cancelación.

Luego de haber sido denunciado en varias oportunidades por integrantes de un grupo político opositor que hizo una activa campaña para que el docente sea expulsado de la universidad, la institución declaró su cesantía tras la implementación de un sumario cuyas irregularidades fueron marcadas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, todas las actuaciones fueron declaradas nulas y Sancci debió ser restituido.
Ninguno de los sumarios prosperó y el profesor denunció civilmente a quienes originaron las denuncias. Asimismo comenzó un juicio de 20.000.000 de pesos contra la vicedecana Mónica Gatica por señalarlo como presunto femicida en una reunión pública del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Según el académico, las “falsas denuncias sustentadas en los protocolos de género son anticonstitucionales, ya que eliminan la presunción de inocencia, derecho consagrado en la constitución y en las leyes”.
El presente caso expone el mecanismo de la cancelación en los entornos académicos, donde los procesos disciplinarios internos pueden extenderse excediendo los plazos legales, operando como sanciones de facto y estigmatizando a la persona antes de la finalización de una investigación. En este sentido las sentencias firmes sobre el caso se han convertido en la jurisprudencia que guiará a otros docentes víctimas de falsas acusaciones o perseguidos laboralmente con la excusa de los protocolos de género.

La universidad desoyó a sus propios abogados

Desde hace por lo menos 5 años, los abogados y asesores legales de la universidad han señalado en varios dictámenes que Sancci tenía razón en sus reclamos, pero los órganos resolutivos (Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y el Consejo Superior de la UNPSJB) desoyeron las advertencias de los letrados aduciendo que se trataba de “decisiones políticas”. De hecho, el último dictamen del Servicio Jurídico Permanente de la universidad, recomendó la restitución en el cargo al docente y la misma no se ha efectivizado. Sancci afirma que “a quienes manejan la Facultad de Humanidades no les importa perder juicios ni dinero porque no los pagan con su propia plata, ya que sale del bolsillo del contribuyente”.

Sancci ha tenido una activa acción de visualización en su página de INSTAGRAM, en la cual publica contenido y pruebas documentales de su litigio con la Universidad: https://www.instagram.com/reel/DbosliooAhg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

SOLICITUD DE INTERVENCION