A días de una elección bajo sospecha: delegados, auditorías y cruces filosos en la previa del 18J en la Cooperativa Eléctrica de Trelew

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Con la mira puesta en el 18 de julio, fecha en que unos 40.000 socios de la Cooperativa Eléctrica de Trelew deberán elegir a los delegados sectoriales de los 16 sectores en que se divide la entidad, el programa «Alguien tiene que querer», conducido por Rodrigo Mansilla en youtube (@rodrigomansillanoticias), reunió en su primera emisión a tres de los cuatro referentes que competirán en el proceso: Cristian Ayala (Lista 2 Azul), José María Ramón (Lista 3 Amarilla) y Federico Ruffa (Lista 10 Celeste y Blanca). La cuarta postulante, Andrea Luna (Lista 1 Verde), había sido invitada pero declinó participar por un tema de salud.

Mirá el programa completo al final de la nota.

El propio conductor abrió el programa con una definición política: sostuvo que quien preside un organismo de la relevancia en la ciudad debe tener «la cautela de estar acorde a la responsabilidad que se le otorgó» y no participar activamente ni mostrarse en una contienda electoral que deben definir los socios de la Cooperativa.

El contexto: una elección con final de Mundial de por medio

Los tres entrevistados coincidieron, con matices, en que el cronograma electoral fijado por la intervención (a cargo del interventor Juan Manuel Alfonsín) fue diseñado con plazos extremadamente breves y con exigencias nunca vistas en un proceso de este tipo, entre ellas la certificación de la aceptación de cargos ante escribano público. Ayala y Ramón remarcaron, además, un dato que se transformó en uno de los ejes más comentados de la noche: la elección de delegados es el sábado 18 de julio, un día antes de la final del Mundial, mientras que recién el 14 de julio se conocerán oficialmente las listas habilitadas para competir, es decir, apenas tres o cuatro días antes de la votación.

Otros puntos que los tres coincidieron en señalar como irregulares o al menos cuestionables:

• El padrón de socios fue publicado antes de que se convocara formalmente a elecciones, por lo que quienes no figuran (o figuran con errores) llegaron tarde para reclamar.
• No hubo, según los candidatos, una Junta Electoral constituida con veedores de las listas; el propio interventor y dos asistentes contables recibieron la documentación de las listas sin permitir que los apoderados de cada espacio controlaran lo presentado por las demás.
• A pocos días de la votación no había definición sobre el formato de las boletas, ni sobre el mecanismo de acreditación de fiscales, ni sobre el traslado y custodia de urnas.
• El requisito de estar al día con la factura para poder ser candidato generó, según los tres referentes, situaciones abusivas (vencimientos de factura fijados incluso después de la fecha límite de presentación de listas).

Cristian Ayala (Lista 2 Azul): «Gestión técnica» y el freno a la politización

El primer entrevistado fue Cristian Ayala, extitular de la Secretaría de Trabajo de Chubut (2019-2021), quien definió a la Cooperativa como «una picadora de carne» en la que «todas las personas que han pasado (…) han salido manchadas». Su diagnóstico apuntó a una gestión histórica que «no tuvo la capacidad» técnica o directamente incurrió en corrupción, y remarcó que una entidad con 40.000 socios cautivos y monopolio de distribución «no puede no ser provechosa» salvo que algo esté mal manejado.

Propuso una auditoría de «estado de situación patrimonial» apenas asuma el nuevo Consejo, un compromiso público firmado ante escribano con plazos concretos para cada acción de gobierno, y un debate público entre todos los candidatos. Cuestionó también la injerencia político-partidaria dentro de la Cooperativa (sin nombrar directamente al municipio) y sostuvo que la política debe atravesar sólo el vínculo entre socios y poder concedente, no la interna de la entidad.

Sobre los «enganchados» (conexiones irregulares) no profundizó tanto como sus colegas, aunque coincidió en la necesidad de una auditoría técnica previa a cualquier decisión de fondo, y remarcó que hubo trabas para presentar avales, con la Policía negándose a certificar firmas y la propia Cooperativa con «cortes de luz» y sistemas caídos en los días clave de la presentación de listas.

Al ser consultado sobre la responsabilidad del municipio en la crisis de la Cooperativa, Ayala evitó cargar las tintas sobre un solo actor: habló de «corresponsables» e incluyó a la política partidaria, sin distinción de colores, como uno de los factores que «hace perder el norte» cuando se mezcla con la conducción de la entidad. Fue enfático en diferenciar la política cooperativa -el vínculo entre socios, sus representantes y el poder concedente- de la política partidaria, que a su entender no debería tener injerencia en las decisiones internas.

Trazó además una distinción conceptual que retomó varias veces: la Cooperativa no debe tener «una sumisión» ni al poder concedente, ni al generador de energía, ni al sindicato. Su propuesta es una «conducción técnica, eficiente, organizada y planificada», dentro de los principios cooperativos de solidaridad, protección y democracia interna que -según su diagnóstico- «nunca se han respetado».

José María Ramón (Lista 3 Amarilla): el más filoso de la noche

Fue, sin dudas, el invitado con el tono más duro. Se definió como estudioso de sistemas electorales («llevo 35 años estudiando los sistemas electorales… jamás vi esto») y calificó al proceso como «una trampa», «una truchada exprés» y «una parodia» diseñada para excluir a la mayor cantidad de gente posible. Denunció que el primer punto del orden del día que se pretende votar apenas asuma el nuevo Consejo es la aprobación en bloque de seis balances adeudados (2022 a 2026), algo que calificó de «amnistía general» y que su lista rechaza de plano: «acá no se aprueba nada, va a comisión y va auditoría».

Ramón fue el que más detalló la deuda de la Cooperativa: 42.000 millones de pesos «redondeados» con CAMMESA (entre deuda vieja y nueva), monto que -según su cálculo, aplicando planes de pago- treparía a unos 130.000 millones en 72 cuotas hasta 2032, además de deuda con ARCA y con el sindicato. Advirtió que si gana la lista Celeste y Blanca de Ruffa, «el sindicato se apodera completamente de la cooperativa» y auguró un fuerte incremento en la factura.

Su propuesta económica se resumió en la frase «no más aumento sin cambio»: aceptar una suba tarifaria sólo si va acompañada de un fondo autónomo e intangible para obras (redes de agua y de energía), y no a sueldos o al convenio colectivo. Planteó un congelamiento salarial de un año para los trabajadores y una rebaja inmediata del 50% en los sueldos de la conducción de la Cooperativa, denunciando sueldos de «fortunas» para el interventor y beneficios como «la doble camioneta cero, el departamento en Buenos Aires, el viaje a Miami con la nena» (sin precisar a quién atribuía cada beneficio concreto). Propuso además reducir drásticamente el Consejo de Administración y sumar consejos asesores externos ad honorem con universidades.

Sobre los «enganchados» fue el más extenso: estimó entre un 10 y un 12% de conexiones irregulares (entre 4.000 y 5.000 socios), remarcó que hay situaciones de necesidad real que no deben resolverse «con motosierra», pero también «vivos» que sí pueden pagar y no lo hacen. Coincidió, curiosamente, con el sindicato en que los propios trabajadores de Luz y Fuerza no deberían ser quienes corten el servicio en operativos de riesgo, y planteó tercerizar esa tarea con un criterio de normalización gradual «del centro hacia la periferia», enfatizando que la irregularidad «está en todas las clases sociales» y que «no le brote el racismo tan rápido» a quien piense sólo en barrios periféricos.

El round más caliente de la noche fue contra Federico Ruffa: sostuvo que no puede ser presidente de la Cooperativa por haber sido abogado del sindicato de Luz y Fuerza y del diputado nacional Héctor González, calificando eso de «incompatibilidad absoluta de intereses». También cruzó a Andrea Luna, a quien acusó de estar respaldada por el intendente Merino a través de Gómez Lozano y la Cámara de Comercio, y lanzó una chicana a Cristian Ayala al señalar que dirigentes cuestionados de gestiones anteriores (mencionó a «Lincheo» y «Silva») integran su propia lista.

Federico Ruffa (Lista 10 Celeste y Blanca): la defensa técnica y la respuesta a las acusaciones

Expresidente del Consejo de Administración, Ruffa arrancó desmintiendo directamente a Ramón: aclaró que no será candidato a presidente y que, en caso de resultar electo consejero, se abstendrá de participar en cualquier decisión vinculada al sindicato por su pasado como abogado laboral, algo que dijo tener previsto «desde mucho antes» de las críticas recibidas. Calificó el discurso de Ramón como «una maraña de desinformación», «eslóganes publicitarios» y lo acusó de una «cosa cuasi maradoniana de las conspiraciones», recordándole además su cercanía previa con distintos gobiernos quando fue funcionario.

El eje central del cruce previo era que Ruffa, por su pasado como abogado vinculado al sindicato de Luz y Fuerza y al diputado nacional Héctor González, tendría una incompatibilidad de intereses para conducir la Cooperativa. Ruffa lo negó con series de precisiones: aclaró que desde el primer día dejó en claro que participa del armado pero no será candidato a presidente, y que en caso de integrar el Consejo de Administración se abstendrá de intervenir en cualquier reunión o decisión que involucre al sindicato, algo que -remarcó- ya estaba entre sus planes «desde mucho antes» de la polémica.

En el plano técnico, defendió la gestión de los cuadros de la Cooperativa («apretamos el botón y se prende la luz… eso es gracias a que hay un plantel de trabajadores que lo hace posible») y relativizó el diagnóstico catastrofista de sus contrincantes, aunque coincidió en que los honorarios actuales de la intervención son desproporcionados y en que la deuda con CAMMESA (que ubicó en unos 120.000 a 130.000 millones de pesos) es la «bomba de tiempo» que va a heredar quien asuma. Apuntó, a diferencia de Ramón, a la falta de una «relación madura» entre el poder concedente (el municipio) y la Cooperativa como causa estructural del problema, más que a la gestión interna o al sindicato.

Consultado por el problema estructural de fondo, Rufa no apuntó al sindicato ni a la gestión interna, sino a la falta de «una relación madura y seria» entre el poder concedente (el municipio) y la Cooperativa. Argumentó que la tarifa de Trelew sigue siendo una de las más bajas de la provincia -más baja que la de Comodoro Rivadavia y que la de Puerto Madryn-, por lo que el problema no sería tanto de administración interna sino de esa vinculación institucional deficitaria a lo largo de los años, independientemente del signo político de turno.

Sobre la deuda, coincidió en la magnitud señalada por Ramón: ubicó el compromiso asumido por la intervención en unos 120.000 a 130.000 millones de pesos en cuotas «no cómodas», y lo calificó como la «bomba de profundidad» que recibirá quien asuma la conducción. Reconoció además que los honorarios actuales de la intervención le resultan desproporcionados en comparación con cualquier cargo gerencial de la provincia.

Lo que viene

Los tres candidatos confirmaron su intención de participar de un debate público organizado por el propio canal de Mansilla la semana próxima, aunque remarcaron que todo depende de la oficialización de las listas, que recién se conocerá 48 horas después del cierre de presentaciones, con posibilidad de subsanar errores en un plazo adicional de tres días hábiles. Ramón, que había señalado errores en su propia presentación, incluso dejó planteada la duda sobre si su lista llegará a competir el 18 de julio.

El próximo capítulo del proceso: la asamblea del 26 de julio, donde se definirá el Consejo de Administración y la presidencia de la Cooperativa a partir de los delegados que resulten electos.