El “pseudo aumento” ya fue aprobado: Trelew carga sobre los usuarios un Fondo que no resuelve el problema de la Cooperativa

Después de más de un año y medio sin una actualización tarifaria integral, el poder concedente eligió un camino extraordinario: un Fondo fijo que comenzará a cobrarse con las facturas de octubre. No es presentado como aumento de tarifa, pero funciona económicamente como tal. El interrogante ya no es solamente cuánto pagarán los usuarios, sino qué sucede con la legalidad del mecanismo, con el contrato de concesión y con una prestación de luz, agua y cloacas que sigue sin encontrar una solución estructural.

El viernes pasado el Concejo Deliberante de Trelew aprobó el Fondo de Emergencia para sostener el servicio eléctrico de la Cooperativa. Ya no se trata de un proyecto en discusión: resta su promulgación y, según confirmó el director del OMRESP, Nelson Williams, comenzará a aparecer en las facturas con vencimiento en octubre. La definición política utilizada hasta ahora evita una palabra incómoda: tarifa. Pero desde Vibra News lo planteamos de otro modo: se trata de un “pseudo aumento tarifario”. No modifica formalmente el cuadro tarifario, pero obliga a los usuarios a pagar una suma adicional dentro de la factura para sostener costos de la prestación. Y el propio regulador dejó una definición difícil de ignorar. Williams explicó que el Fondo, propuesto por el intendente Gerardo Merino, es, “por decirlo de alguna manera”, como una tarifa, aunque afectada específicamente a la emergencia del servicio eléctrico. Ahí comienza una discusión mucho más profunda que los montos que aparecerán en octubre.

Más de un año y medio sin resolver la tarifa

La Cooperativa lleva más de un año y medio sin una actualización integral que coloque la tarifa en relación con la estructura real que demandan los servicios. Durante ese período hubo intentos políticos. El Ejecutivo encabezado por Gerardo Merino impulsó primero un aumento del 39%, que fue rechazado por el Concejo Deliberante. Después apareció una nueva propuesta, del 25% y con menores exigencias, que ni siquiera llegó a tratarse y permanece sin resolución. Finalmente apareció otro camino. No se aprobó el 39%. No se debatió el 25%. Pero sí se aprobó un Fondo obligatorio que comenzará a cobrarse en la factura. Es decir: la discusión tarifaria quedó suspendida, mientras los usuarios igualmente tendrán un incremento concreto en lo que deberán pagar. Por eso la pregunta es inevitable: ¿se buscó resolver la emergencia o también evitar el costo político de titular “aumento de tarifa”? Porque para el usuario la distinción semántica pierde importancia cuando llega la factura. Si antes pagaba una determinada suma y en octubre deberá pagar miles de pesos adicionales obligatoriamente para sostener el mismo servicio, su bolsillo recibió un aumento, aunque jurídicamente se lo denomine Fondo.

“Socio, socia: te aumentaron sin decirte que te aumentaron”

Ese probablemente sea el aspecto político más potente de todo el mecanismo. El aporte aprobado tiene valores fijos según cada categoría y va desde $9.000 hasta $660.000. La Cooperativa actuará como agente de percepción. No será un incremento porcentual del kilovatio. No aparecerá presentado como una recomposición tarifaria. Pero será dinero adicional que saldrá del bolsillo del usuario para financiar el funcionamiento de la concesionaria. La síntesis podría ser incómoda, pero sencilla: Socio, socia de la Cooperativa: te aumentaron sin decirte que te aumentaron.

Un Fondo que tampoco soluciona el déficit

El problema es que ni siquiera ese incremento extraordinario parece suficiente para resolver el desequilibrio. La recaudación estimada del Fondo ronda los $800 millones mensuales, según lo expuesto por el propio OMRESP, mientras el déficit operativo reconocido por la entidad es considerablemente superior. Williams admitió a FM EL CHUBUT que el dinero podrá utilizarse para prácticamente toda la operación cotidiana: materiales, equipamiento, mantenimiento, obras y costos laborales. Por lo tanto, el Fondo puede aliviar, pero no corrige la causa estructural. Cubre una parte del agujero. No elimina el agujero. Y el escenario puede agravarse. Entre diciembre y febrero, las obligaciones vinculadas con CAMMESA volverán a crecer fuertemente, con compromisos que podrían acercarse a los $2.000 millones adicionales, además del corriente. La Cooperativa, además, arrastra deuda histórica con CAMMESA, obligaciones con ARCA, compromisos sindicales y otros pasivos. Entonces surge una pregunta todavía más incómoda: ¿qué sucede dentro de seis meses cuando venza la emergencia si el déficit continúa? La posibilidad lógica será renovar el Fondo. Y si los costos siguen aumentando, incluso discutir un incremento de esos montos. Lo que nació como extraordinario corre el riesgo de convertirse en permanente.

La discusión que Trelew está postergando

El problema de fondo no es necesariamente si la Cooperativa necesita o no mayores ingresos. Probablemente los necesite. El problema es que Trelew continúa sin discutir integralmente cuánto cuesta prestar correctamente luz, agua y cloacas, qué costos son eficientes, cuáles deben eliminarse y qué tarifa corresponde realmente pagar. Y esa discusión es imprescindible. La normativa vigente establece el criterio de una empresa modelo o eficiente. El propio proyecto de emergencia reconoce que el viejo Mecanismo de Equilibrio de Costos fue derogado y reemplazado por una metodología que debe considerar eficiencia, racionalización de costos y parámetros objetivos. Paralelamente, las actuales autoridades de la Cooperativa hablan de cambio, organización, reducción de costos y ordenamiento interno. El OMRESP también plantea avanzar hacia una Cooperativa eficiente. Williams reconoció que existe margen para reducir costos y que ahora se iniciará una revisión extraordinaria que debería establecer una estructura más acorde con la prestación real. Pero existe una contradicción evidente. No puede exigirse una transformación integral de la concesionaria mientras el poder concedente evita definir las condiciones económicas bajo las cuales esa transformación debe producirse. Ordenar una empresa requiere saber qué ingresos tendrá, qué costos serán reconocidos, qué obligaciones debe cumplir, qué inversiones debe ejecutar, qué plantilla es sostenible y cuál es el marco económico de la concesión. Sin eso, el supuesto ordenamiento corre detrás de la emergencia.

El costo político de una tarifa en un año electoral

Hay además un factor que difícilmente pueda ignorarse. En 2027 habrá elecciones. Y la Cooperativa Eléctrica tiene una enorme sensibilidad política en Trelew. Un aumento tarifario abierto, discutido públicamente y explicitado como tal tiene un costo político considerable. El Fondo permite otra construcción. No se anuncia formalmente un aumento del 30, 40 o 50%. Se establece una suma extraordinaria. Se la llama emergencia. Se fija por seis meses. Y comienza a cobrarse. Pero dentro de esos seis meses Trelew ingresará de lleno en la discusión electoral. La pregunta entonces es si, vencido el plazo, realmente existirán condiciones políticas para revisar integralmente la tarifa o si será más sencillo renovar el Fondo y postergar nuevamente la discusión estructural. Si eso ocurriera, el mecanismo extraordinario terminaría transformándose en una suerte de tarifa paralela.

El riesgo jurídico

La cuestión tampoco termina en la política. La Resolución nacional 267/2024 estableció restricciones a la incorporación en facturas de servicios de conceptos ajenos al bien específicamente contratado. El argumento del Municipio y del OMRESP es que este Fondo no es ajeno porque financia precisamente el servicio eléctrico. Ese será seguramente el principal argumento defensivo. Pero existe otro razonamiento posible. El Fondo no surge de una revisión tarifaria. No modifica el cuadro tarifario. Es creado por ordenanza. Tiene importes determinados por categoría. Y la Cooperativa actúa como agente de percepción. Por eso podría existir un cuestionamiento judicial sobre su naturaleza, su obligatoriedad y su incorporación a la factura. No corresponde afirmar anticipadamente que sea inconstitucional. Sí corresponde advertir que existen elementos suficientes para que un usuario pueda promover una acción judicial y plantear su eventual incompatibilidad con normas nacionales, derechos del consumidor y el propio régimen contractual de la concesión. La pregunta será determinante: ¿qué ocurrirá si un usuario paga toda la energía consumida pero se niega a pagar el Fondo? ¿Quedará moroso? ¿Generará intereses? ¿La deuda se considerará eléctrica? ¿Podrá ser intimado? ¿Existe posibilidad de corte? Hasta que esas preguntas tengan una respuesta jurídica suficientemente clara, la aplicación del Fondo conservará un área de incertidumbre.

El contrato también queda expuesto

Pero el problema puede ser todavía mayor. En Trelew existe una relación contractual entre dos partes. La Municipalidad es el poder concedente. La Cooperativa es la concesionaria. Hoy existe una marcada sintonía entre las actuales autoridades de ambas instituciones. Pero un contrato no puede construirse pensando únicamente en quién ocupa circunstancialmente cada cargo. Debe funcionar también cuando exista conflicto. Ahí aparece un escenario que Trelew ya conoce en otros servicios públicos. ¿Qué ocurriría si el concesionario del transporte urbano argumentara que su estructura económica no alcanza y reclamara un Fondo extraordinario dentro de otra factura? ¿Qué ocurriría con la recolección de residuos? ¿Qué sucedería si cualquier concesionario reclamara que, ante un desequilibrio contractual, el poder concedente debe crear un mecanismo extraordinario de financiamiento por fuera de los procedimientos normales? La discusión sobre la Cooperativa puede terminar generando un precedente contractual de enorme importancia.

Existe además una demanda pendiente

A ese escenario se agrega otro elemento. Existe una demanda iniciada por anteriores conducciones de la Cooperativa vinculada con diferencias de costos y el reconocimiento económico de la prestación. Ese expediente no desaparece porque hoy exista entendimiento institucional. Y abre dos interrogantes. ¿Qué hará el actual Consejo de Administración con ese reclamo? ¿Lo continuará? ¿Negociará? ¿Renunciará? ¿Y qué hará el Ejecutivo de Merino frente a la concesión y a las eventuales obligaciones económicas que pudieran surgir de ese conflicto? Son cuestiones que deberían formar parte de una discusión general sobre el futuro contractual.

No se trata simplemente de pedir un aumento

Desde Vibra News la discusión no debe interpretarse como una defensa automática de una suba tarifaria. Ese sería un análisis demasiado simple. La cuestión es otra. Trelew necesita discutir seriamente cuánto cuesta sostener sus servicios públicos, cuánto de ese costo es eficiente, cuánto corresponde trasladar a los usuarios, qué debe corregir la Cooperativa y qué obligaciones debe asumir el poder concedente. No resolverlo también es una decisión. Y reemplazar esa discusión por un Fondo extraordinario tampoco es neutral. Porque el nuevo aporte puede darle oxígeno inmediato a la Cooperativa, pero al mismo tiempo puede dejar abiertas cuestiones tarifarias, legales, contractuales y políticas que dentro de algunos meses serán todavía más difíciles de resolver.

Una emergencia sin solución estructural

La Cooperativa atraviesa una situación crítica. No puede afrontar normalmente sus compromisos con CAMMESA. Tiene una deuda multimillonaria. Arrastra obligaciones fiscales, sindicales y operativas. Necesita reducir costos. Necesita reorganizarse. Necesita revisar su estructura. Y necesita ingresos compatibles con los servicios que debe prestar. Pero si después de más de un año y medio sin una discusión tarifaria integral la respuesta termina siendo un Fondo fijo que cubre apenas una parte del déficit, el problema no ha sido resuelto. Sólo se ganó tiempo. Y tiempo es precisamente lo que una entidad en esta situación parece no tener. La discusión verdaderamente seria sigue pendiente: ¿cuánto cuesta garantizar luz, agua y cloacas en Trelew y quién debe pagar ese costo? Mientras esa respuesta no aparezca, habrá Fondo, emergencia y nuevos recursos. Pero seguirá faltando algo bastante más importante: un modelo sostenible para la Cooperativa y reglas previsibles para los usuarios.