La deuda histórica con el ISSyS supera los $2,4 billones y expone un problema que Chubut arrastra desde hace décadas

El Balance 2025 incorporó una estimación actuarial que ubica en $2,415 billones el valor económico de las acreencias históricas actualizado por IPC más una tasa del 6% anual. Con IPIM, la cifra alcanza $3,196 billones. El problema atraviesa sucesivas administraciones y no puede atribuirse a un solo gobierno, pero los balances 2024 y 2025 permiten observar qué ocurrió durante los dos primeros ejercicios completos de la gestión de Ignacio Torres. Entre los datos aparecen deuda provincial, déficits previsionales, más de $60.000 millones correspondientes directamente a municipios y nuevos saldos pendientes con Rentas Generales.

La deuda vinculada con el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut es uno de los problemas financieros más persistentes de la Provincia y no comenzó con ninguna de las dos administraciones comprendidas en este análisis.

El stock contiene obligaciones que se remontan a décadas atrás, atravesó distintos gobiernos y fue modificándose con pagos, nuevas acreencias, convenios, déficits previsionales, inflación e intereses.

Por eso, el objetivo de comparar los balances 2022, 2023, 2024 y 2025 no es determinar quién originó el problema.

El período constituye un recorte particularmente útil para observar el final de una administración y el comienzo de otra: 2022 corresponde completamente al gobierno de Mariano Arcioni; 2023 transcurrió casi íntegramente bajo esa administración, ya que Ignacio Torres asumió el 10 de diciembre; y 2024 y 2025 son los dos primeros ejercicios completos del actual gobierno.

Las preguntas permiten responder los documentos es otra: cómo llegó la deuda al final de una gestión y qué ocurrió con ella durante los primeros dos años completos de la siguiente. 

Y los números muestran que el problema continuó abierto. Seguí el detalle en esta nota en Vibra News.

El dato central de 2025: $2,415 billones

En la página 30 del Balance 2025, dentro de la Nota 5 sobre “Actualización e Intereses de Créditos por Aportes”, el ISSyS incorpora la cuantificación realizada por el Estudio Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.

El cuadro presenta tres valores:

• deuda a valores históricos;
• actualización mediante IPIM + 6% anual;
• actualización mediante IPC + 6% anual.

El total histórico de las acreencias incluidas en el cuadro asciende a: $61.770.078.849

Pero al actualizar esos importes por inflación y añadir el interés correspondiente, la dimensión cambia sustancialmente.

Por IPC + 6% anual, alcanza: $2.415.293.805.851

Y por IPIM + 6% anual: $3.195.801.856.612

Para comunicar el dato al público, resulta más entendible utilizar como referencia principal el cálculo mediante IPC, por tratarse del índice de inflación más reconocido, dejando siempre aclarada la alternativa IPIM.

El propio ISSyS advierte, además, que en 2025 decidió dejar de reconocer esas actualizaciones e intereses como un activo contable en los términos en que venían siendo registrados. Consideró que las estimaciones actuariales globales no constituyen por sí mismas determinaciones individualizadas, líquidas y exigibles. Sin embargo, mantuvo la cuantificación con carácter informativo como estimación de su valor económico.

Es decir: los $2,415 billones no deben presentarse como una factura que el Estado tenga que cancelar mañana, sino como la estimación del valor económico acumulado de las acreencias históricas considerando IPC e intereses.

Provincia: más de $1,1 billones solamente en el primer bloque

La primera categoría del informe actuarial es denominada: “Deuda Provincia – Pagos por Tesorería General”.

A valores históricos representa: $37.898.496.993

Actualizada por IPC + 6%: $1.105.185.404.883

Ese monto se divide entre Previsión y Obra Social:

• Previsión: aproximadamente $545.839 millones
• Obra Social: aproximadamente $559.347 millones

Sólo este bloque representa alrededor del 46% del total actualizado mediante IPC.

Pero no es el único componente provincial.

Más de $1,17 billones corresponden al bloque de déficits de Provincia

Otro de los grandes componentes es denominado: “Deuda por Déficit de Provincia – Previsional Regímenes Especiales y Otros Créditos por Aportes”.

A valores históricos suma aproximadamente: $3.460 millones

Pero actualizado por IPC + 6% alcanza: $1.172.344.261.993

Más de $1,17 billones. Allí aparecen déficits correspondientes a distintos regímenes y conceptos históricos: policial, ex constituyentes, amas de casa, docentes transferidos, aportes patronales, zona desfavorable, devolución de aporte solidario, CORFO y otros conceptos.

La diferencia entre el capital histórico y su actualización permite advertir uno de los problemas centrales de una deuda que se arrastra durante tantos años: el costo económico termina siendo muy superior al importe originalmente adeudado.

Municipios: más de $60.000 millones de deuda actualizada

Y acá aparece uno de los datos que faltaba destacar. El Balance 2025 tiene una línea específica para: “Municipios”

A valores históricos, la deuda identificada en esa categoría alcanza: $18.897.525.160

Pero actualizada por IPC + 6% anual asciende a: $60.211.796.090

Si se utiliza IPIM + 6%: $63.368.994.588

Esto significa que los municipios tienen una participación concreta dentro del stock de acreencias históricas del ISSyS, aunque muy inferior a la correspondiente al universo provincial y sus déficits.

La deuda municipal, a su vez, está dividida entre los dos grandes sistemas administrados por el Instituto.

Pero hay que aclarar que el gobernador Ignacio Torres implementó esta medida a fines de diciembre de 2024, cuando fue aprobada dentro de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal posterior. Los incrementos en las alícuotas comenzaron a impactar de manera efectiva en las cuentas y liquidaciones de los municipios desde el inicio de las gestiones financieras de ese ciclo económico.

Previsión

Valor histórico: $16.643.087.598

Actualización IPC + 6%: $57.285.826.423

Actualización IPIM + 6%: $60.465.160.688

Obra Social

Valor histórico: $2.254.437.561

Actualización IPC + 6%: $2.925.969.667

Actualización IPIM + 6%: $2.903.833.901

La conclusión es bastante clara: aproximadamente el 95% del valor actualizado de la deuda municipal identificada en este bloque corresponde al sistema previsional, mientras que una porción mucho menor está vinculada con la obra social.

Las cooperativas también aparecen

Separadas de los municipios, el informe identifica a las cooperativas.

El valor histórico informado es: $262.474.974

Actualizado por IPC + 6%: $2.842.148.489

Y por IPIM + 6%: $2.990.535.755

Por lo tanto, municipios y cooperativas no constituyen el núcleo principal de la deuda global, pero tampoco son un componente menor desde el punto de vista local.

Y además aparecen convenios municipales individuales

El Balance 2025 agrega un elemento que requiere especial precaución.

Dentro de otro apartado denominado “Convenios”, aparecen obligaciones individualizadas correspondientes a municipios, comisiones de fomento, concejos deliberantes y otros organismos.

Entre ellas se encuentran acuerdos vinculados con:

• Municipalidad de Rada Tilly;
• Municipalidad de Puerto Madryn;
• Comisión de Fomento de Puerto Pirámides;
• Municipalidad de Rawson;
• Municipalidad de Trelew;
• Concejo Deliberante de Trelew;
• Concejo Deliberante de Puerto Madryn;
• Tribunal de Cuentas de Trelew;
• además de cooperativas y otros organismos.

Por ejemplo, actualizados por IPC + 6%, el cuadro muestra aproximadamente:

Puerto Madryn: $26.114 millones.

Rada Tilly: $2.734 millones.

Rawson: $518 millones.

Puerto Pirámides: $388 millones.

Municipalidad de Trelew: $228 millones.

Concejo Deliberante de Puerto Madryn: $201 millones.

Concejo Deliberante de Trelew: $60 millones.

Tribunal de Cuentas de Trelew: $26 millones.

Solamente esos conceptos vinculados directamente con municipios y organismos municipales rondan $30.269 millones actualizados por IPC.

Pero hay que hacer una aclaración decisiva:

No corresponde sumar automáticamente esos $30.269 millones a los $60.212 millones de la categoría “Municipios”.

¿Por qué? Porque el informe los expone dentro de categorías diferentes —deuda de organismos y convenios—, pero sin una conciliación específica que permita asegurar que no existe superposición entre el saldo originario y la deuda refinanciada.

Para una publicación rigurosa, la mejor forma de expresarlo es: El informe identifica $60.212 millones de deuda municipal actualizada por IPC más 6%. Además, expone convenios individuales con municipios y organismos municipales por montos significativos, aunque no resulta prudente adicionarlos al stock municipal sin una conciliación que descarte doble contabilización.

Eso te protege completamente desde el punto de vista técnico. Tomando exclusivamente la línea específica de “Municipios”: $60.211 millones sobre $2,415 billones. Representan aproximadamente 2,5% del total de la estimación actuarial.

Por eso, aunque la deuda municipal es importante —más de $60.000 millones actualizados—, el núcleo del problema sigue estando fundamentalmente en las obligaciones vinculadas al Estado provincial y los déficits previsionales.

2024: el problema ya aparecía con fuerza

En el Balance 2024, primer ejercicio completo de la administración de Ignacio Torres, el ISSyS había retomado el cálculo de actualización e intereses.

El total informado mediante IPIM + 6% anual era: $852.058.916.895,20

La composición era:

• Administración Central, descentralizados, autofinanciados y otros poderes: $466.383,8 millones
• Municipios y Cooperativas: $31.176,3 millones
• Déficit con Rentas Generales: $354.498,8 millones

El dato municipal ya tenía, entonces, un peso visible. En 2024, municipios y cooperativas acumulaban más de $31.176 millones actualizados mediante IPIM.

En el cuadro 2025, utilizando la misma referencia IPIM pero con una apertura más detallada, aparecen:

• Municipios: $63.369 millones
• Cooperativas: $2.991 millones

Es decir, aproximadamente: $66.359 millones entre ambos.

La comparación requiere cautela porque el alcance y la presentación de ambos cuadros no son idénticos. Pero sí evidencia que el componente correspondiente a gobiernos locales y cooperativas siguió teniendo una presencia significativa en el último balance.

Los aportes corrientes también muestran un crecimiento

Hay otro dato que no debe confundirse con la actualización actuarial. Son los créditos nominales por aportes y contribuciones.

En 2022, sumando Previsión y SEROS, alcanzaban aproximadamente: $13.770 millones

En 2023: $23.216 millones

En 2024: $58.197 millones

En 2025, el Régimen Previsional registró: $67.064 millones

y SEROS: $115.760 millones

No son valores comparables directamente con los $2,415 billones porque se trata de créditos nominales reconocidos contablemente.

Pero muestran algo que resulta relevante para analizar los últimos ejercicios: además del pasivo histórico, continuaron existiendo montos significativos pendientes por aportes corrientes.

SEROS: mejora contable, pero con más de $115 mil millones pendientes de cobro

La situación de la obra social provincial presenta una dinámica distinta a la del régimen previsional. Durante 2025, SEROS mostró una recomposición económica significativa, asociada principalmente al nuevo esquema de financiamiento establecido por la Ley II N° 307, que elevó el aporte personal al 6,5% y la contribución patronal al 9,5%. El propio balance identifica esa modificación como uno de los factores centrales de la mejora de los recursos del sistema.

Los números muestran esa recuperación: SEROS registró recursos por $386.666,9 millones, frente a gastos por $288.263,4 millones, y cerró el ejercicio con un superávit contable de $99.875,3 millones. El gasto prestacional fue el componente dominante y alcanzó los $265.485,5 millones, lo que confirma que la mayor presión sobre la obra social continúa estando en el costo de las coberturas médicas.

Sin embargo, el superávit no se tradujo en una mejora equivalente de la liquidez. El efectivo disponible cayó de $2.677,1 millones a $1.060,8 millones, una disminución neta de $1.616,3 millones. Además, las actividades operativas generaron un flujo negativo de casi $3.965 millones. El propio balance advierte que la coexistencia entre superávit contable y menor efectivo obliga a mirar con atención las cobranzas y los vencimientos de las obligaciones.

La explicación aparece, en buena medida, en los créditos pendientes. Al cierre de 2025, SEROS acumulaba $115.760,3 millones en créditos por aportes y contribuciones, frente a $25.188,8 millones del comparativo 2024. Ese stock se convirtió en el principal componente del activo de la obra social y obliga a sostener tareas de conciliación, depuración y recupero con los organismos obligados.

El cuadro se completa con el crecimiento del costo asistencial. Durante 2025, el gasto en medicamentos ascendió a $87.275,9 millones, con una suba interanual del 23,3%, mientras que los materiales médicos insumieron otros $17.782,2 millones. Por eso, aunque la obra social mostró una mejora económica concreta, su sustentabilidad continúa dependiendo de dos variables sensibles: que los aportes efectivamente ingresen y que el costo de las prestaciones no siga creciendo por encima de los recursos disponibles.

El déficit 2025 dejó otros $16.634 millones pendientes

El Artículo 86 de la Ley XVIII N°32 establece que el déficit del sistema previsional debe ser cubierto por Rentas Generales.

Durante 2025, el ISSyS determinó un déficit de: $66.881.309.466

Mientras que los fondos recibidos desde Tesorería General fueron: $43.868.510.649

Existía un saldo de ejercicios anteriores favorable a Tesorería por aproximadamente $6.379 millones.

Después de realizar esa compensación, el Balance 2025 terminó reconociendo un crédito contra Rentas Generales por: $16.634.005.954

Este es uno de los datos más interesantes para mirar específicamente la situación reciente.

La deuda histórica no nació durante la actual gestión.

Pero durante 2025 apareció nuevamente un saldo concreto que el ISSyS reconoce como crédito contra la Provincia por insuficiencia de las transferencias destinadas a cubrir el déficit del ejercicio.

Una deuda que atraviesa gobiernos, pero una responsabilidad que se renueva cada año

Los balances impiden construir una explicación sencilla basada únicamente en la herencia.

La deuda con el ISSyS viene de décadas atrás.

Cada gobierno recibió obligaciones previamente acumuladas y cada ejercicio fue incorporando pagos, regularizaciones, convenios, nuevos aportes pendientes y déficits.

El corte 2022-2025 permite ver precisamente esa transición.

En 2022, el valor de las acreencias calculado mediante IPC + 6% era de aproximadamente $221.082 millones.

Durante 2023, el cálculo actuarial dejó de exponerse porque se discontinuó el servicio encargado de realizarlo.

En 2024 volvió a calcularse y, utilizando IPIM + 6%, el stock alcanzó $852.059 millones.

Y en 2025 el informe actuarial incorporado al balance coloca el valor económico en $2,415 billones mediante IPC + 6% y $3,196 billones mediante IPIM + 6%.

No sería correcto atribuir ese crecimiento exclusivamente a nueva deuda generada durante esos años.

La actualización monetaria, los intereses, la composición del universo y los cambios metodológicos influyen significativamente.

Pero tampoco sería correcto mirar solamente hacia atrás.

Los balances 2024 y 2025 muestran que durante los dos primeros ejercicios completos de la actual administración siguieron existiendo aportes pendientes, déficits, deuda municipal y nuevos créditos contra Rentas Generales.

Y eso desplaza la discusión desde una pregunta exclusivamente histórica —“quién generó la deuda”— hacia otra mucho más actual: ¿qué está haciendo Chubut hoy para evitar que siga creciendo?

Porque heredar una deuda explica el punto de partida.

Pero cada balance posterior permite evaluar qué parte se regularizó, qué parte permaneció pendiente y cuánto nuevo desequilibrio se incorporó al sistema.

El cambio contable de 2025

El último balance contiene además una decisión trascendente. El ISSyS resolvió dar de baja del activo las actualizaciones e intereses calculados actuarialmente porque consideró que esas estimaciones globales no podían ser reconocidas automáticamente como créditos líquidos y exigibles.

Pero no hizo desaparecer la estimación. La dejó expresamente incorporada en la documentación para dimensionar el valor económico de la mora. Por eso el Balance 2025 permite sostener simultáneamente dos afirmaciones:

El ISSyS no reconoce contablemente $2,415 billones como un crédito exigible.

Pero: su propio informe actuarial estima en $2,415 billones el valor económico de las acreencias históricas utilizando IPC más 6% anual.

La diferencia es técnica, pero políticamente resulta fundamental.

El dato que queda

Al cierre de 2025: Deuda histórica estimada por IPC + 6%: $2,415 billones

Por IPIM + 6%: $3,196 billones

Municipios: $60.212 millones por IPC + 6%

Cooperativas: $2.842 millones por IPC + 6%

Crédito 2025 contra Rentas Generales por Art. 86: $16.634 millones

Créditos nominales por aportes: $67.064 millones en Previsión y $115.760 millones en SEROS

Son distintas caras de un mismo problema. Una deuda de décadas, que atravesó gobiernos y que continúa condicionando al sistema previsional y de salud provincial.

Y quizá ese sea el punto más importante que dejan los balances: la discusión ya no puede limitarse solamente a cuánto se heredó. Después de dos ejercicios completos de la actual gestión, los documentos permiten empezar a preguntar cuánto se logró corregir y cuánto continuó acumulándose.

El problema ya no es sólo cuánto se heredó, sino cuánto se sigue acumulando

La lectura conjunta de los balances permite arribar a una conclusión más amplia que la discusión sobre responsabilidades políticas de una sola administración.

La deuda con el ISSyS es estructural, se fue formando durante décadas y atravesó gobiernos de distinto signo. Por eso, reducir el problema a una gestión determinada sería simplificar en exceso una historia mucho más larga.

Pero los últimos balances también muestran algo que no puede quedar relegado a la explicación de la herencia: el sistema sigue generando nuevas acreencias, nuevos déficits y nuevos saldos pendientes.

En 2024 y 2025, ya bajo dos ejercicios completos de la actual administración, continuaron apareciendo créditos por aportes, deuda municipal, obligaciones de organismos y déficits que debieron ser financiados por Rentas Generales. Y en 2025, además, quedó reconocido un nuevo crédito de $16.634 millones por el déficit del artículo 86.

Eso cambia el centro de la discusión. La pregunta ya no debería ser únicamente quién originó la deuda histórica, porque esa respuesta obliga a retroceder muchos años y atravesar varias gestiones.

La pregunta que comienza a imponerse es otra: ¿el problema está empezando a reducirse o sigue reproduciéndose año tras año?

Los balances analizados no permiten afirmar que exista todavía una reversión clara.

Hay pagos, compensaciones y ejercicios en los que las transferencias superaron determinados déficits. Pero, al mismo tiempo, continúan apareciendo nuevos créditos y el valor económico de las acreencias históricas sigue alcanzando cifras extraordinarias.

El cambio contable de 2025 tampoco resuelve ese interrogante. Que el ISSyS haya decidido no reconocer íntegramente las actualizaciones e intereses actuariales como un activo exigible modifica la forma de mostrar la deuda en los estados contables, pero no borra el costo económico de décadas de mora que el propio Instituto continúa cuantificando.

Ahí está quizá la discusión de fondo. No se trata solamente de determinar cuánto debe hoy la Provincia, cuánto deben los municipios o cuánto arrastran los organismos públicos.

Se trata de saber si Chubut tiene una estrategia capaz de impedir que el próximo balance vuelva a mostrar la misma dinámica: deuda vieja que se actualiza, aportes nuevos que quedan pendientes y déficits corrientes que se transforman en nuevas acreencias.

Porque una deuda histórica puede explicarse por el pasado. Que siga creciendo o reproduciéndose en los balances siguientes ya pertenece al presente.