La paritaria docente que nadie entiende, que puede costar caro y que sigue sin cubrir las necesidades de los trabajadores

Entre abril y septiembre, los salarios del sector crecerán entre 53% y 63% acumulado, duplicando la inflación proyectada. El gobierno firmó una paritaria que no se entiende, los sindicatos la cerraron sin poder explicarla, y el interrogante central sigue abierto: ¿de dónde va a salir el dinero?

Un maestro de grado con menos de un año de antigüedad pasará de $699.017 en abril a $1.139.671 de bolsillo en septiembre. Son $440.000 más en cinco meses. El número no es un caso aislado: la proporción se repite, algo decreciente con la antigüedad, a lo largo de toda la escala salarial docente. El crecimiento de la masa salarial del sector acumulado entre esos seis meses ronda el 60%. En un año en que la inflación anual se proyecta cerca del 30%, eso significa que este gobierno aplicó, en menos de medio año, un aumento que duplica el ritmo de los precios.

Dato 1: ¿Por qué el aumento acumulado es mucho más alto al contabilizado por mes? Se debe a que el porcentaje del básico es pequeño, pero por un lado tenés todos los componentes atados al básico con porcentajes más altos y dos de estos ( recursos materiales y zona patagónica) tiene un aumento porcentual más contundente. Dejan de calcularse por el cargo simple 1.05 y pasan al de J.C 1.75.

La lógica básica de cualquier paritaria provincial es que el aumento no puede superar el marco de la recaudación, porque de ahí se paga. Cuando un aumento duplica la inflación, y la recaudación crece al ritmo de los precios, la diferencia tiene que financiarse con algo. Tomó deuda. Y si se usa deuda para pagar gastos corrientes —como salarios—, en algún momento ese esquema se cae. La pregunta no es si el aumento es grande. Es si habrá plata para bancarlo mes a mes hasta fin de año, y más allá.

Si se proyecta el acumulado anual, el incremento podría ubicarse entre el 70% y el 80%, dependiendo de las actualizaciones del segundo semestre. Ninguna recaudación crece a ese ritmo.

Pagar salarios con deuda no es solo un problema contable: es una señal política de primer orden. Cuando un gobierno toma deuda y requiere cubrir gastos corrientes, está reconociendo implícitamente que su estructura de ingresos no alcanza para sostener lo que prometió. En el corto plazo funciona: el sueldo llega, el conflicto se evita, el año electoral transcurre sin paro. Pero la deuda no desaparece. Se acumula, y alguien la va a pagar, ya sea este gobierno en el segundo mandato si lo hay, o el que venga. El problema es que ese cálculo político —ganar tiempo hoy, patear el costo para después— ya lo hizo Arcioni, y Chubut todavía está digiriendo las consecuencias.

Usar deuda (seguramente usando el FUCO) para sostener una paritaria que duplica la inflación no es gestión: es una apuesta a que el escenario económico nacional mejore lo suficiente como para que la provincia pueda absorber el costo más adelante.

Dato 2: el FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) es una herramienta financiera y contable creada por el Banco del Chubut y administrada por el Ministerio de Economía de la provincia. Funciona como una caja única o fondo integrado que agrupa los saldos y disponibilidades de distintas cuentas del Estado provincial.

Si esa mejora no llega, el conflicto docente que se quiso evitar va a aparecer igual, pero más tarde, con más intereses acumulados y menos margen político para manejarlo.

A eso se suma un problema que agrava todo lo demás: nadie entiende la paritaria. El acta es prácticamente ilegible. No tiene un número claro, no explica la secuencia de actualizaciones, no comunica el impacto de bolsillo. El 99% de los docentes no sabe qué piensan y qué firmarán sus representantes. Cuando se analiza el acta y se cruza con los datos reales del aumento, parecen dos documentos distintos que no describen lo mismo.

El gobierno hizo un acuerdo que, en términos de porcentaje, es históricamente significativo, y no logra explicarlo buen en el acta paritara. Eso no es un detalle menor: en política, lo que no se comunica no existe.

Los sindicatos, por su parte, arrastran un desgaste tan fuerte que no pudieron cerrar el acuerdo y explicarlo con autoridad frente a sus bases. Llegaron a la mesa con el crédito agotado. El resultado es que una paritaria que debería ser un activo político del oficialismo corre el riesgo de convertirse en un pasivo. Si en los próximos meses el gobierno no puede sostener los pagos, el conflicto llegará en pleno año electoral. Exactamente lo que se intentó evitar. Y ese conflicto no va a ser fácil de manejar, porque la conducción política mostró hasta ahora que no tiene demasiadas herramientas para administrar situaciones complejas.

Dicho esto, hay que ser precisos: que el porcentaje sea alto no significa que los docentes estén bien.

El sector sigue ampliamente por debajo de la canasta básica en la mayoría de las franjas. Quienes tienen dos cargos y algunos años de antigüedad pueden recuperar algo de terreno real, pero la situación estructural del salario docente en la provincia lleva años de deterioro.

El aumento mejora los números nominales. No resuelve el problema de fondo. Y si no se puede pagar, no resuelve nada.

Ignacio Torres tiene aquí una prueba concreta de gestión: si logra pagar lo que prometió, en tiempo y forma, habrá convertido un número grande en capital político genuino antes de las elecciones de 2027. Si no puede, habrá repetido el ciclo del pasado. Por ahora, la señal más clara que dejó esta paritaria no es el porcentaje. Es que firmaron algo que nadie entiende, con sindicatos que nadie les cree, sin explicar de dónde sale la plata. Eso, en año electoral, es una apuesta muy cara.