Un vocal del ISSyS intimó al ministro de Economía a depositar aportes adeudados y advirtió con una denuncia penal

Un fuerte reclamo institucional quedó expuesto este miércoles luego de que el vocal por los activos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), también en su carácter de afiliado, intimara formalmente al ministro de Economía de la provincia a regularizar los aportes y fondos del Instituto que, según indica, se encuentran pendientes de transferencia por parte del Estado provincial.

La notificación, presentada en el despacho del funcionario del ISSyS ubicado en Rivadavia 430 de Rawson, cita los artículos 13 y 14 de la Ley XVIII Nº 32, normativa que regula el manejo de los recursos del Instituto y las obligaciones de los empleadores —entre ellos, el propio Estado— respecto del destino de los fondos previsionales.

El artículo 13 establece de manera contundente que “ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del Instituto para otra aplicación que la asignada por esta Ley, ni retener su entrega bajo ninguna justificación”, habilitando a cualquier afiliado o beneficiario a realizar denuncias ante la justicia en caso de incumplimiento.

Por su parte, el artículo 14 —inciso e)— obliga a los empleadores a depositar mensualmente, dentro de los cinco días corridos posteriores al pago de las remuneraciones, los descuentos, contribuciones y aportes correspondientes al ISSyS, sea en el Banco del Chubut o donde el Instituto lo determine.

La intimación

En el escrito, el Vocal señala que, debido a la claridad de la normativa y al conocimiento que el ministro posee por haber presidido el ISSyS y por su rol actual, se lo intima a depositar las sumas adeudadas en concepto de aportes y contribuciones dentro de un plazo máximo de dos días.

Además, advierte que, de persistir el incumplimiento, se procederá a formular una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal. La conducta podría encuadrar en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios que incumplen leyes cuya ejecución les compete. La pena prevista va de un mes a dos años de prisión, más inhabilitación especial por el doble del tiempo.

El escrito finaliza informando que el ministro queda “debidamente notificado” de la intimación y de las posibles consecuencias legales en caso de no regularizar los depósitos.