Veintiún meses de intervención judicial en la Cooperativa de Trelew: se fue sin aprobar un solo balance y con la deuda con Cammesa multiplicada

La cooperativa cerró el proceso judicial más largo de su historia reciente con elecciones, un cambio de autoridades y un festejo institucional. Pero la letra chica cuenta otra historia: tres interventores en 21 meses (más uno designado que nunca llegó a asumir), un déficit operativo que ronda los 1.200 millones de pesos mensuales, un convenio con Cammesa que le cedió a la mayorista el control de la recaudación y que ya nadie puede pagar, y los balances de 2022, 2023, 2024 y 2025 pateados para más adelante.

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Después de casi dos años de administración judicial, la Cooperativa Eléctrica de Trelew volvió este fin de semana a manos de sus propios asociados. El domingo se realizó la Asamblea General de Delegados que consagró a la Lista Verde y a su nueva presidenta, Andrea Luna, al frente del Consejo de Administración. Debería haber sido el cierre prolijo de un proceso que arrancó en octubre de 2024. Sin embargo, hubo un detalle que quedó opacado en los discursos de despedida: los balances de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 —es decir, prácticamente todo el período bajo la lupa judicial— ni siquiera se trataron. La propia Lista Verde, ya ganadora, pidió junto a la Celeste y Blanca una prórroga de 30 días para analizarlos, y se resolvió convocar más adelante a una asamblea extraordinaria específica para discutirlos.

La cooperativa que estuvo intervenida por la Justicia Federal para «sanear» sus cuentas se va de esa etapa sin que esas cuentas hayan sido aprobadas. Así lo reflejó el comunicado oficial:

«Durante la jornada fueron tratados los dos primeros puntos del orden del día sin inconvenientes. En cuanto al tratamiento de la Memoria y los Balances correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, los delegados de las listas participantes solicitaron contar con un plazo adicional para analizarlos en profundidad».

«El interventor de la Cooperativa, Juan Manuel Alfonsín, explicó que la documentación económica había estado disponible durante los últimos 25 días en el sitio web institucional y que, además, durante la asamblea se entregó una copia impresa de los balances a cada delegado. No obstante, señaló que se respetó la decisión unánime de los presentes de disponer de más tiempo para su análisis antes de proceder a su aprobación».

Cómo empezó todo

La intervención nació de un pedido explícito del gobernador Ignacio Torres, que en octubre de 2024 elevó la solicitud ante el INAES a través de la Secretaría de Trabajo provincial. Torres fue duro en su fundamentación: habló de «desidia, corrupción y desmanejos de los recursos públicos» durante años, y planteó la medida como una oportunidad para que «quienes hicieron las cosas mal, paguen las consecuencias». El intendente de Trelew, Gerardo Merino, respaldó la decisión desde el primer momento, argumentando que era necesario transparentar y ordenar las cuentas de una entidad que, según remarcó, ni siquiera presentaba sus balances a tiempo.

El 8 de octubre de 2024, el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, hizo lugar al pedido del INAES y dispuso la intervención con desplazamiento total del Consejo de Administración y la Sindicatura, por un plazo inicial de 180 días. El primer interventor designado fue el licenciado Matías Bourdieu.

Tres interventores reales, y un cuarto que nunca llegó a asumir

Lo que iba a ser una medida «excepcional y transitoria» de seis meses terminó estirándose casi dos años. En el medio, hubo un dato que suele confundirse: no fueron cuatro los interventores que efectivamente ejercieron el cargo, sino tres. El juez Sastre llegó a designar a un cuarto, el ingeniero Christian Fraysse, para reemplazar a Bourdieu a partir del 8 de enero de 2026. Pero esa designación quedó trunca: Fraysse renunció antes de asumir formalmente, en lo que el propio diario El Chubut definió como una «designación fantasma». El juzgado dejó sin efecto ese nombramiento y, en su lugar, terminó designando a Pablo Punta a mediados de enero. Fraysse, entonces, nunca llegó a poner un pie como interventor en funciones.

La cronología real de la conducción de la intervención fue:

Matías Bourdieu (octubre 2024 – enero 2026): el interventor de mayor permanencia y el que definió el rumbo de toda la etapa. Firmó los planes de pago con Cammesa y aplicó un fuerte ajuste laboral —eliminó los llamados «turnos rotativos» del personal operativo, un adicional del 28% homologado desde 2009— que derivó en un conflicto abierto con el Sindicato de Luz y Fuerza, con paros, conciliaciones obligatorias y hasta un operativo policial dentro del edificio de la cooperativa. Bourdieu llegó a denunciar que fue agredido y amenazado en una reunión de conciliación en la Secretaría de Trabajo.

Pablo Punta (enero-febrero 2026): duró apenas 22 días. Asumió a mediados de enero proveniente del organismo municipal regulador de servicios públicos, y renunció el 6 de febrero en medio de una semana muy dura por una rotura del sistema cloacal que dejó a la ciudad sin agua normal. Los motivos de su salida nunca se explicaron del todo.

Juan Manuel Alfonsín (23 de febrero de 2026 – 26 de julio de 2026): propuesto directamente por el intendente Merino, quedó a cargo de la recta final: pidió prórroga de las elecciones originalmente previstas para el 11 de abril, organizó el cronograma electoral y fue quien anunció, en mayo, el cierre de la intervención.

El convenio con Cammesa: la firma de Bourdieu, la papa caliente de los que vinieron después

El eje de todo el relato oficial de la intervención fue el ordenamiento de la deuda con Cammesa, la compañía mayorista que le vende la energía a la cooperativa. Y acá conviene ser preciso sobre la autoría: el «logro» fue enteramente de Matías Bourdieu. Fue él quien, a fines de diciembre de 2025 —en las últimas semanas de su gestión, sabiendo que se iba—, firmó los dos convenios de pago con Cammesa. Sus sucesores, Punta y Alfonsín, no hicieron más que heredar y administrar lo que él dejó firmado.

¿Y qué dejó firmado? Al asumir Bourdieu, el capital adeudado rondaba los 19.600 millones de pesos. Los dos acuerdos de fines de 2025 reestructuraron ese pasivo en un capital de 41.500 millones de pesos, financiado a 60 y 72 cuotas, con una deuda total —así lo reconocieron después tanto el sindicato como el propio intendente Merino— que terminó en el orden de los 130.000 millones de pesos entre capital e intereses financiados. Como garantía de ese esquema, Bourdieu libró seis cheques diferidos y un pagaré a favor de Cammesa.

Pero lo más grave, según denunciaron después tanto el concejal Juan Aguilar como el diputado provincial Emanuel Coliñir, fue la letra chica: el convenio incluyó la cesión de la cuenta recaudadora de la cooperativa a Cammesa por 84 meses, es decir, la entrega directa del control sobre la facturación energética a la propia acreedora. Aguilar calificó esa cláusula de «leonina» y advirtió que le daba a Cammesa la potestad de ejecutar la recaudación de manera directa. Coliñir fue más allá: pidió al juez Sastre la nulidad del plan de pagos, alegando que se trató de un acto de disposición patrimonial extraordinario que carecía de la autorización judicial previa que exige la ley, y llegó a decir que la cesión de la cuenta recaudadora convertía a Cammesa, de hecho, en dueña del capital social de la cooperativa.

A eso se sumó la venta de activos: durante la intervención se vendieron acciones de una hidroeléctrica (Hidroeléctrica del Sur / TRELPA) por unos 132.000 dólares, y más adelante trascendió la intención de vender otro 1,3 millón de acciones adicionales por unos 850.000 dólares, sin que —según Coliñir— quedara clara la autorización judicial ni el destino de esos fondos. El legislador resumió que desde el inicio de la intervención lo único que se hizo fue desprenderse de activos de la entidad.

En síntesis, el balance que dejó Bourdieu combinó tres cosas a la vez: condonación de intereses (más de 13.000 millones de pesos, según la propia gestión), un salto brutal del capital financiado, y la entrega de la caja recaudadora y de activos patrimoniales como garantía. La propia Radio Chubut tituló en su momento que la ex intervención firmó un acuerdo impagable a sabiendas de que se iba.

Esa herencia fue la que terminó estallando en manos de Alfonsín. En julio, con la intervención por terminar, tuvo que salir a explicar que el sábado 25 vencía otra cuota de 450 millones de pesos de ese mismo esquema, y que el cheque anterior, vencido el mes previo, tampoco se había podido pagar. Entre ambos, quedaron acumulados más de 900 millones de pesos en cheques librados sin fondos. El propio interventor admitió que la única salida en lo inmediato era «patear la deuda», canjeando esos cheques por otros con nueva fecha, porque de otro modo no se podía pagar. El horizonte cercano tampoco ayuda: a partir de diciembre, las cuotas de 450 millones se transforman en pagos de 1.000 millones, a los que se suma otro 1.000 millones mensual por la deuda histórica, un total de 2.000 millones de pesos por mes que la próxima conducción —ya sin el paraguas de la intervención judicial— deberá afrontar con una caja que hoy no cierra.

El otro giro de Alfonsín: dejar de comprarle a Cammesa

A la par de administrar la herencia de Bourdieu, Alfonsín impulsó un cambio de fondo en el esquema de abastecimiento: en abril de 2026 confirmó que la cooperativa dejaría de comprarle potencia a Cammesa para pasar a cubrir esa demanda con Energía del Sur, una empresa con base en Comodoro Rivadavia. «Este es un hecho histórico para Trelew. No es solo un cambio técnico: significa autonomía energética, innovación y posicionar a la ciudad y a Chubut a nivel nacional», sostuvo el interventor, que había anticipado desde que asumió su intención de «dejar de tener un proveedor único como Cammesa» y estimaba un ahorro anual de entre 400 y 500 millones de pesos con este esquema.

Es un dato que conviene leer junto al resto: mientras la cooperativa migraba parte de su demanda a un proveedor privado, puertas adentro seguía vendiendo activos financieros en empresas energéticas —como las acciones de la hidroeléctrica mencionadas más arriba— para sostener la caja durante la intervención. Es decir, la misma gestión que buscaba independencia del proveedor mayorista estatal, resolvía sus urgencias de corto plazo desprendiéndose de participaciones societarias en otras compañías del sector.

Un interrogante que la intervención deja abierto: ¿quién sigue, y a qué costo?

Alfonsín no llega a la cooperativa como un desconocido del sistema energético: fue asesor de Cammesa, ocupó cargos de vicepresidencia y gerencia en la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), y actualmente reviste -no se aclaró si levantarpa licencia o renunciará- como gerente general de la EPECh (Empresa de Energía del Chubut), cargo del que se tomó licencia para asumir la intervención y que, según confirmó él mismo, mantiene reservado. El propio interventor adelantó que una vez cerrado el proceso electoral volvería a vivir a La Plata, aunque reconoció que todavía no tiene definido cuál será su futuro laboral inmediato.

Eso deja sobre la mesa una pregunta que ningún comunicado oficial contestó hasta ahora: ¿está bien que Alfonsín siga ligado de alguna forma a la cooperativa —como gerente general, asesor o consultor externo— una vez que asumió la nueva conducción elegida por los asociados? Y, en la misma línea, ¿los asesores y el equipo técnico que trabajaron durante la intervención (como el ingeniero Osmar Scoltore en la etapa de Bourdieu, o los cuadros que acompañaron a Alfonsín) van a seguir operando de la misma manera bajo la nueva administración, o se trata de contratos que se cierran junto con la intervención? Ninguna de las dos cosas quedó aclarada en los anuncios de cierre, y tampoco trascendió quién afrontaría ese costo de cara al futuro: si la nueva conducción de Andrea Luna decide sostener asesoramiento externo vinculado a la intervención saliente, ese gasto recaerá, otra vez, sobre la cooperativa y, en última instancia, sobre la tarifa de los usuarios. Es un punto que debería formar parte de la discusión pendiente, junto con los balances no aprobados.

Un déficit que no da tregua

El concejal Rubén Cáceres, uno de los críticos más constantes del proceso, viene marcando desde hace meses que el déficit operativo mensual de la cooperativa supera los 1.200 millones de pesos, y que el costo laboral —cerca de 9,8 millones de pesos por trabajador, entre sueldos y cargas— representa el 108% de los ingresos genuinos por tarifas. Es decir: la cooperativa gasta en salarios más de lo que recauda, antes de siquiera pensar en pagarle a Cammesa. Según el propio edil, ese agujero se cubre postergando otras obligaciones, como los aportes a ARCA y al sindicato, deudas que tarde o temprano habrá que afrontar con intereses.

La tarifa congelada y la política que no acompañó

Un reclamo constante de los tres interventores fue la falta de actualización tarifaria. Alfonsín llegó a decir que la tarifa de Trelew es la más baja de Chubut y una de las más bajas del país, congelada desde noviembre de 2024. En mayo de 2026, el Concejo Deliberante —con la oposición haciendo mayoría circunstancial y la abstención de la concejal oficialista Claudia Monají— le rechazó al Ejecutivo municipal el aumento tarifario que había pedido para la cooperativa, dejando en offside al plan financiero de la intervención.

El sindicato, siempre en el centro de la escena

El vínculo con Luz y Fuerza fue tenso durante toda la intervención, sobre todo en la etapa de Bourdieu, con paros, ingreso de la policía a la sede gremial y denuncias cruzadas de violencia y autoritarismo. Con Alfonsín el clima bajó de tono, aunque el gremio siempre se mantuvo al margen de la discusión electoral, remarcando que su preocupación pasaba por los puestos de trabajo y no por quién conduciría la cooperativa.

La política, dividida entre el aval y la crítica

Merino sostuvo la intervención de punta a punta, incluso cruzando duramente a los concejales críticos —a los que acusó de «pintarse de violeta»— mientras remarcaba los pagos corrientes a Cammesa como un logro después de más de una década de incumplimiento. Del otro lado, Cáceres y la presidenta del Concejo, Claudia Solís, cuestionaron la falta de resultados de fondo y hasta denunciaron irregularidades en contrataciones de obras tercerizadas, sosteniendo que la cooperativa había funcionado durante años como una «caja política».

Las elecciones: una foto histórica, veintiún años después

Recién en julio se aceleró el proceso electoral. Se oficializaron tres listas, aunque una de ellas —la Lista Azul— se bajó a último momento, cuando ya estaban impresas las boletas. El 18 de julio, unos 3.570 asociados (apenas por encima del 10% de un padrón de más de 40.000 habilitados) votaron delegados en 16 sectores. La Lista Verde arrasó: se impuso en 13 de los 16 sectores y se quedó con 68 de los 79 delegados, contra 11 de la Celeste y Blanca. Fue la primera elección con más de una lista en veintiún años.

El domingo del cierre: todo bien, menos los balances

El domingo 26 de julio, en el salón de la Asociación San David, la Asamblea General de Delegados avanzó «en total normalidad», según describió Alfonsín. Se eligió el nuevo Consejo de Administración —otra vez con triunfo de la Lista Verde, 65 votos contra 9— y asumió Andrea Luna como presidenta. Pero cuando llegó el turno de tratar la memoria y los balances de 2022, 2023, 2024 y 2025, tanto la lista ganadora como la segunda pidieron un cuarto intermedio y una prórroga de 30 días para analizar la documentación. Se consultó al área de Asociativismo de la provincia, que recomendó convocar más adelante a una asamblea extraordinaria exclusiva para ese tema.

La asamblea solo sirvió para votar las listas de consejeros donde se impuso la Verde, que lidera Andrea Luna, y obtuvo 65 votos. La Celeste y Blanca consiguió 9 votos, mientras que también se votó la Azul y la Amarilla, ambas tuvieron 0 votos. Este lunes 27 de julio, el nuevo consejo de administración se hará presente en la Cooperativa.

En criollo: la cooperativa que estuvo bajo la lupa de la Justicia Federal durante 21 meses —con el objetivo declarado de sanear y transparentar su administración— termina esa etapa sin que se haya aprobado un solo balance de todo el período cuestionado. Cuatro ejercicios completos, incluidos los dos primeros años bajo intervención, quedan pendientes de discusión para una asamblea sin fecha confirmada.