La Provincia explicó ante Legislatura por qué cayó el contrato con Profand y por qué Red Chamber volvió a tomar el control de los activos de Alpesca

La Secretaría de Pesca del Chubut envió a la Legislatura este martes 2 de diciembre un extenso informe en respuesta a la convocatoria de la Comisión Legislativa para analizar la situación de Red Chamber Argentina, Alpesca y la fallida adjudicación a Profand (Pesquera Deseado S.A.U.). El documento, que responde también consultas incorporadas en el pedido de interpelación, aclara los motivos de la rescisión de contratos, detalla los obstáculos administrativos a nivel nacional y confirma que la provincia decidió retrotraer la situación a un esquema similar al firmado en 2014 con Red Chamber.

A continuación, los principales puntos de las respuestas oficiales al Proyecto de Resolución 253/2025 y a los pedidos de informes.

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Fin del contrato con Red Chamber: vencimiento del plazo y “deficiente cumplimiento”

El Gobierno provincial aclaró que el contrato con Red Chamber no fue rescindido, sino que venció el plazo original del arrendamiento firmado en 2014 y no se prorrogó debido al “deficiente cumplimiento” de las obligaciones, según el informe de auditoría elaborado por el Comité de Administración de Alpesca.

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El contrato con Profand: un acuerdo que terminó en abstracto

Tras el fin del contrato con Red Chamber, la Provincia avanzó con un contrato de arrendamiento con opción a compra con Pesquera Deseado S.A.U., del grupo Profand. El acuerdo incluía:

• Toma de todo el personal con continuidad y reconocimiento de antigüedad.

• Canon mensual de $30 millones para el Estado.

• Plazo de 20 años o hasta la finalización de la expropiación.

• Obligación de mantener la unidad productiva.

Sin embargo, el contrato quedó sin efecto debido a la imposibilidad fáctica y jurídica de cumplirlo: Profand no pudo obtener la inscripción de los buques ni el traspaso de los permisos de pesca en los organismos nacionales.

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Nación no aprobó los traspasos y bloqueó la operación

Pesquera Deseado tomó posesión de la planta y contrató a los trabajadores, pero no pudo operar porque:

• Prefectura Naval (Registro Nacional de Buques) rechazó la inscripción de los nuevos contratos, al considerar que los acuerdos registrados con Red Chamber siguen vigentes hasta 2027.

• La Subsecretaría de Pesca de la Nación sostuvo que no podía avanzar en el traspaso de permisos sin ese registro previo.

La Provincia replicó que los contratos anexos debían “seguir la suerte” del contrato principal ya vencido, pero Prefectura mantuvo firme su criterio.

Esto generó —según el Gobierno— una situación prohibida por la Ley de Expropiación: los activos de Alpesca quedaron divididos entre dos empresas, ya que Profand tenía la planta y Red Chamber seguía usufructuando los buques.

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Rescisión del contrato con Profand: aplicación del artículo 955 del Código Civil

Ante la imposibilidad absoluta de entregar a Profand los buques y permisos necesarios, la Provincia declaró la rescisión por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento.

Se amparó en el artículo 955 del Código Civil y Comercial, que extingue obligaciones cuando un hecho externo y no imputable hace imposible cumplir la prestación.

El Gobierno aseguró que esta decisión no genera responsabilidad patrimonial para la Provincia y que busca evitar frustrar futuras inversiones de Profand, que manifestó interés en expandir operaciones en merluza en Chubut.

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Vuelta de Red Chamber: una decisión forzada por el bloqueo nacional

La Provincia confirmó que, ante el criterio de Prefectura, no existía otra vía de explotación viable hasta 2027 más que devolver la administración integral a Red Chamber Argentina S.A.

El Gobierno señaló que:

• Red Chamber también reclamó judicialmente recuperar los activos.

• La empresa Red Chamber Co. (Estados Unidos) participó directamente en los nuevos acuerdos.

• El contrato “retrotrae la situación a 2014”, reconoce deudas con la Provincia y mantiene las cláusulas originales.

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Sobre las críticas a Red Chamber y los criterios modificados

Frente a las preguntas legislativas sobre por qué se volvió a contratar a una empresa señalada por incumplimientos, la Secretaría respondió que la decisión no fue una elección política sino una obligación derivada de la negativa nacional a registrar los buques a nombre de Profand.

“El criterio de Prefectura —hasta 2027— no dejaba otra alternativa razonable”, sostuvo el informe.

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Por qué Prefectura inscribió a Red Chamber y negó lo mismo a Profand

Pesca provincial adjuntó comunicaciones en las que Prefectura sostiene:

• Que la finalización del contrato con Red Chamber no estaba registrada adecuadamente.

• Que la cancelación debe hacerse con consentimiento de ambas partes o sentencia judicial.

• Que para inscribir la rescisión deben presentarse títulos de propiedad y certificados originales.

• Que no existe norma que obligue a la PNA a aceptar las resoluciones provinciales.

La Provincia respondió señalando que Red Chamber opera buques sin legitimación y advirtió sobre posibles denuncias. Prefectura replicó que no incurre en ningún incumplimiento.

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Conclusión del Gobierno: una trama jurídica que bloqueó la continuidad

En su cierre, el informe sostiene que:

• La imposibilidad no fue causada por Profand.

• La traba central surgió del criterio administrativo del Registro Nacional de Buques, que generó un escenario imposible de encuadrar legalmente.

• Ante esa realidad, la Provincia no tuvo otra opción que “volver al punto inicial” y recomponer el contrato original con Red Chamber.