Chubut y la deuda pública: de «desactivar la bomba» a una «bomba atómica»
«¿A dónde está la plata?»: la diputada Vanesa Abril cuestionó la falta de transparencia sobre la deuda y la obra pública en Chubut
La legisladora del Frente Renovador analizó el informe sobre la deuda en dólares de la provincia, cuestionó el incumplimiento de los objetivos del endeudamiento y advirtió sobre la falta de acceso a la información pública
La diputada provincial Vanesa Abril dialogó en el programa «Alguien tiene que querer» con Rodrigo Mansilla, sobre el informe publicado en Vibra News acerca de la deuda en dólares que deberá afrontar Chubut en 2027, año electoral, y realizó un repaso crítico sobre cómo se gestó ese endeudamiento, sus objetivos incumplidos y la falta de transparencia en los actos de gobierno.
Cómo se gestó la deuda: de la primera autorización a los 650 millones de dólares
Consultada sobre el origen del proceso de endeudamiento, Abril hizo un repaso desde la oposición: recordó que «el primer pedido de autorización de endeudamiento internacional que hace el gobierno provincial, la gestión de Torres» fue «por 200 millones» de dólares y luego «lo rectificaron por estos 650», ya «casi al inicio de la gestión de Torres», en un contexto «completamente distinto» al que existía cuando finalmente el Gobierno nacional autorizó a la provincia a salir a tomar esa deuda internacional.
Explicó que, en aquel momento, el Ejecutivo manifestaba que el crédito era «para la realización de obra pública», y que desde la oposición pidieron que esa obra pública «quedara especificada, que quedara con nombre». Fue así que «se incluyó el acueducto de Comodoro Rivadavia» y «el equipamiento final del hospital de Trelew», además de la renegociación de la deuda del Bocade.
Una tasa más cara y objetivos incumplidos
Uno de los ejes centrales del análisis de Abril fue el encarecimiento de la deuda al momento de renegociarla: «renegocian el Bocade con una tasa del 7,5 y lo llevan a una tasa del 9 y pico, lo que hace que la deuda sea más grande». Y agregó un dato adicional: para el acueducto «se autorizó otro crédito internacional que en definitiva sigue siendo deuda», de aproximadamente 150 millones con la CAF, lo que —remarcó— «también incrementa la deuda en otras condiciones con garantía de obra».
Sobre el cumplimiento de los objetivos originales del endeudamiento, fue categórica: «aquí no se habían cumplido ninguno de los dos objetivos por los cuales esta deuda había sido contraída». Citó un dato del informe que consideró revelador: solo «el 27% de los tenedores» del Bocade aceptaron la renegociación, mientras que «todo el mundo se quedó con el bono a cobrar en los plazos previstos» de la reestructuración de 2021. Sobre el acueducto de Comodoro Rivadavia, remarcó la demora: «se publicó el llamado a licitación después de 3 años», pese a que había sido «la primera promesa de Nacho Torres en febrero del 24, recién asumido».
Una ley con fondos «de uso específico»: ¿y el resto de la plata?
Abril cuestionó también la lógica de haber sancionado una ley que asignaba un uso específico a los 650 millones de dólares, en momentos en que el Gobierno impulsa otra normativa que le permitiría disponer libremente de fondos ingresados. Explicó que ese dinero «no se puede utilizar para gasto corriente» según la autorización original, aunque reconoció que debería revisar el artículo puntual para precisar los destinos alternativos previstos.
Insistió en que su análisis se basa exclusivamente en la información disponible: «yo hoy tengo que guiarme por la información que tengo, que es la información que aparece escueta que aparece publicada en el Boletín Oficial», ya que el Gobierno «ni siquiera» se ocupa de «enviar información a los medios para tener información un poco más clara».
El «Plan Galina» y obras que «ya estaban licitadas»
Sobre el reciente anuncio de un plan de obras, Abril fue crítica: señaló que se están incluyendo «obras que ya estaban licitadas, que ya debieran haber estado en ejecución», mencionando el caso de la emergencia costera de Comodoro Rivadavia, aprobada junto con la de Playa Unión, cuando la sanción de una emergencia legislativa apunta justamente a «acelerar procesos» y no a relanzar obras con años de atraso. Ironizó sobre el propio nombre del plan: «no se sabe si era Plan Galina o Chubut Avanza […] no sé si quisieron hacerle un guiño a mi ley o a La Libertad Avanza».
La ley de transparencia en la obra pública, incumplida
La diputada recordó que, al asumir la actual gestión, se aprobó una ley enviada por el propio Ejecutivo vinculada a la transparencia en la obra pública, que establecía que la Secretaría de Infraestructura debía publicar en su página web el detalle de las obras. Sin embargo, sostuvo, esa normativa está en incumplimiento con la Ley 156 de acceso a la información pública, que en su artículo sobre gobierno abierto exige que los organismos publiquen a los funcionarios a cargo y la normativa vigente.
Recordó además que antes existía una página de licitaciones donde se podía buscar por organismo licitaciones, concursos públicos y concursos de precios, y así saber a quién contrataba el Estado. Sobre su estado actual, fue honesta: «si la están cargando, la verdad yo no sé […] a mí me resulta muy complejo hacer seguimiento porque cargo los filtros de búsqueda […] y no la puedo encontrar».
Contó también que mantuvo una discusión con el asesor general de gobierno por disposiciones de la Secretaría de Ambiente vinculadas a auditorías ambientales, exigidas por ley, que tampoco están publicadas: «la página dice ‘en reparación'».
La comisión de seguimiento de la deuda y los pedidos de informe sin respuesta
Abril mencionó que, a instancias del diputado Rafael Williams (Colinir), se requirió la conformación de una comisión de seguimiento de la deuda pública provincial, cuya puesta en marcha todavía es incierta: «llegó la notificación de que lo van a hacer, pero si está en funcionamiento o no, queda todo en la nebulosa». Precisó que la reunión constitutiva fue «el 1 de julio» y que aún restan definiciones sobre el acceso a información puntual, como las disposiciones ambientales.
De manera más amplia, denunció que «hace un tiempo que han decidido que los pedidos de informe no los responden más», con la excepción de un pedido vinculado a una emergencia sanitaria (síndrome urémico) que tardó «cinco meses» en ser contestado. Aclaró que en algunos casos los propios funcionarios responden consultas informales por teléfono, pero remarcó que «esa información por ley debiera estar publicada», más allá de la buena voluntad de un funcionario en particular.
¿Habrá liquidez para pagar? Las dudas sobre la recaudación
Consultada sobre la capacidad de pago de la provincia de cara a 2026 y 2027, Abril fue cautelosa: «eso también va a depender» de la evolución de los ingresos, «vinculados con regalías, con la coparticipación», en un contexto de «baja de la coparticipación por la baja de los impuestos que se tributan a nivel nacional» —IVA, ganancias— y de ingresos brutos afectados por la caída del consumo en los comercios.
Aportó cifras concretas: «Chubut recibió 107.450 millones» de pesos de coparticipación en el mes de referencia, frente a una masa salarial de «152.000» millones, a la que hay que sumar el funcionamiento del Estado (combustible, insumos hospitalarios y escolares, alquileres). Concluyó que, con esos números, «la masa salarial se cubre con los ingresos» corrientes, aunque el margen es ajustado.
La plata no utilizada para recomprar el Bocade: ¿dónde está?
Uno de los tramos más filosos de la entrevista giró en torno al destino de los fondos del bono de 650 millones de dólares que no se usaron para recomprar el Bocade. Abril recordó que la provincia «necesitaba 230 y pico de millones para cancelar el Bocade» y que «solamente pudo recomprar 60, 80 […] un poquito menos, 60» millones, quedando un remanente considerable sin aplicar a ese objetivo.
Consultada sobre si ese dinero está efectivamente resguardado, fue honesta sobre el límite de su información: «no lo sé. Debiera (estarlo) o se está usando para obra pública». Remarcó que, en cumplimiento de la ley que fijó el uso específico de esos fondos, ese dinero «debiera quedar inmovilizada», y que la comisión de seguimiento de deuda de la Legislatura «debiera tener acceso a esa información». Fue enfática en un punto: «lo que sí se debiera garantizar es que no se esté utilizando para el pago de gastos corrientes, sueldos y mantenimiento o funcionamiento del Estado en general».
Calculó el costo concreto de no haber podido cancelar toda la deuda vieja: al no recomprarse la totalidad del Bocade, «esa deuda ahora es más cara por la tasa de interés» —que pasó de 7,5% a casi 10%— «y al no haberla podido renegociar y tener esa deuda inmovilizada […] es plata que queda inmovilizada» sin poder aplicarse a otro fin. Concluyó con una síntesis dura sobre el resultado de la operación: «el costo que asumimos los chubutenses, no el gobierno, los chubutenses en esta deuda es muy alto».
Volviendo sobre la falta de ejecución de obra pública, fue elocuente al citar el número de licitaciones publicadas en lo que va del año: «la semana pasada se publicó la licitación número 2/26 de la Secretaría de Infraestructura […] si vamos por la segunda licitación para toda la provincia en lo que va de este año, ¿a dónde fue? ¿A dónde está la plata?».
De «desactivar la bomba» a una «bomba atómica»: la ironía sobre el discurso oficial
Abril fue especialmente crítica con el relato con el que el propio gobernador y sus funcionarios de Economía presentaron en su momento la reestructuración de la deuda. Recordó actos de gobierno en los que se utilizó la expresión «se había desactivado la bomba» financiera de la provincia, y contrapuso esa narrativa con el escenario actual: «el problema es que ahora tengo una bomba atómica, porque ahora tengo dos deudas juntas. Antes era una sola».
Cuestionó además el silencio de los sucesivos ministros de Economía sobre la situación real de las finanzas provinciales: «me encantaría escuchar hoy al ex ministro de Economía respecto a esta situación […] ahora ni los tweets. Pero bueno, en aquel momento por lo menos hicieron una conferencia de prensa […] y ahora a los últimos ministros de Economía no les conocemos la voz respecto de la situación de la provincia. No transparentan ni siquiera para los chubutenses la situación».
Precisó además un dato sobre el peso de la deuda en moneda extranjera: sostuvo que, tras el «reperfilamiento» de plazos realizado durante la gestión anterior, «lo único que se hizo fue pagar esa deuda en moneda extranjera», mientras que en la actualidad «lo único que se hizo fue incrementarla y patear los plazos», al punto de que «el 90% de todo lo que debe la provincia está en deuda en moneda extranjera», equivalente a los 1,39 billones de pesos mencionados en el informe. Agregó una cifra puntual sobre las obligaciones de corto plazo: «en el segundo semestre de este año la provincia tiene que cancelar casi 98.000 millones de pesos» en letras.
Al ser consultada sobre las comparaciones con el contexto de pandemia —cuando el barril de petróleo llegó a cotizar en niveles extremadamente bajos—, se mostró cautelosa y evitó el revanchismo, aunque remarcó su preocupación por el uso de ese antecedente en el debate actual: «me preocupa que estemos viendo otra realidad, me preocupa que estemos mirando en otro mapa de acción».
Las prioridades postergadas: consumos problemáticos y salud mental juvenil
Más allá del debate por la deuda, Abril introdujo una preocupación adicional vinculada a la gestión pública: la falta de políticas articuladas frente a los «consumos problemáticos en niños y adolescentes» y «la tasa de suicidios en la población joven». Consideró que, sin recursos ni coordinación entre organismos, esas problemáticas quedan sin respuesta: «si cada organismo trabaja como empleado del gobernador y no articulando gestiones, políticas públicas conjuntas […] las políticas públicas sin plata no tienen sentido».
2027: sin definiciones de alianzas todavía
Consultada sobre eventuales acuerdos entre el Frente Renovador y el peronismo de cara a 2027, Abril fue prudente: reconoció mantener «reuniones permanentes» con distintos sectores —entre ellos, dijo, con «casi todos»—, en parte porque comparte bloque legislativo con Gustavo Fita, pero aclaró que «todavía no se ha comenzado a hablar ni siquiera a nivel nacional respecto de cuál va a ser el frente o la alternativa» opositora. Cerró: «las conversaciones del día a día, de la gestión, de los temas que nos preocupan son permanentes. No hemos tenido conversaciones respecto de materia electoral aún».
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