Colegios de Abogados pidieron rechazar la reforma procesal y advierten que podría agravar los problemas de la Justicia

Los Colegios Públicos de Abogados de Chubut llevaron a la Legislatura un duro cuestionamiento al proyecto que busca reformar el Código Procesal Civil y Comercial. Plantean que no existe un diagnóstico que justifique un cambio integral, cuestionan su costo, la implementación de la oralidad, la reducción de instancias recursivas y la obligatoriedad del precedente judicial. También sostienen que el texto no incorpora adecuadamente nuevas tecnologías y reclaman que el proyecto sea rechazado para abrir una discusión más amplia.

La reforma del sistema procesal civil y comercial que se discute en la Legislatura del Chubut sumó un fuerte cuestionamiento de la abogacía organizada de la provincia. Los Colegios Públicos de Abogados presentaron formalmente una nota en la que piden a los diputados rechazar el Proyecto de Ley N° 060/26, denominado “Código General para los Procesos de la Provincia del Chubut”.

La presentación fue dirigida al presidente de la Legislatura, Gustavo Menna, y llegó al Parlamento provincial a través de los Colegios de Abogados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn y de la Unión de Colegios de Abogados de la Provincia.

La posición es contundente: las entidades aseguran que no están en contra de modernizar las leyes procesales, pero consideran que el proyecto tal como fue elaborado “no sólo no traerá ninguna mejoría” al servicio de Justicia sino que podría agravar sus actuales problemas.

Cuestionan por qué es necesaria una reforma integral

El primer punto del planteo apunta al origen mismo de la iniciativa.

Los Colegios sostienen que no fue explicada suficientemente la necesidad de reemplazar integralmente el actual Código Procesal Civil y Comercial. Admiten que existen aspectos que deben corregirse y actualizarse, pero consideran que ninguno justificaría por sí mismo una modificación completa en los tiempos propuestos.

También cuestionan la ausencia de un diagnóstico previo elaborado por los poderes del Estado. Según la presentación, no se difundieron estadísticas o estudios oficiales que permitan establecer que el código vigente sea la causa de los problemas actuales de funcionamiento de la Justicia.

En contraposición, las entidades sostienen que el sistema actual, con las modificaciones necesarias y su adaptación a la tramitación digital, todavía puede cumplir adecuadamente su función.

La advertencia sobre la oralidad: “En cuatro años el sistema se verá colapsado”

Uno de los cuestionamientos más fuertes se concentra en la implementación de un sistema basado en la oralidad.

Los Colegios estiman que, aun contando con los recursos económicos necesarios, el esquema no soportaría más de 200 juicios anuales y advierten que la cantidad de causas existentes en distintas jurisdicciones superaría esa capacidad.

La conclusión de las entidades es particularmente crítica: estiman que en aproximadamente cuatro años el sistema podría quedar “colapsado por completo”.

Para fundamentar esa posición, señalan además que Chubut tendría entre 6,07 jueces cada 100.000 habitantes, mientras ubican el número que consideran óptimo entre 18 y 22.

Más jueces, funcionarios, empleados y edificios

La cuestión presupuestaria atraviesa buena parte de la presentación.

Según los abogados, implementar el nuevo sistema demandaría incorporar una cantidad importante de jueces, funcionarios y personal administrativo, además de adaptar edificios o construir nueva infraestructura para desarrollar audiencias y poner en funcionamiento las oficinas judiciales previstas.

El cuestionamiento es que, según afirman, no existe una estimación presupuestaria conocida ni está determinado de dónde saldrán los recursos.

A esto agregan otro elemento: el proyecto establece su entrada en vigencia dentro de los seis meses posteriores a su sanción, plazo que las entidades consideran demasiado breve frente a las necesidades materiales que implicaría la transformación.

Para los abogados, algunos problemas podrían resolverse sin cambiar todo el Código

La presentación reconoce que existen demoras en determinadas jurisdicciones y fueros, pero discute que sea necesario reemplazar todo el sistema procesal para solucionarlas.

Los Colegios sostienen que parte de esas dificultades podrían enfrentarse mediante mayores controles sobre las licencias de magistrados y la incorporación de jueces de refuerzo en los juzgados congestionados.

Calculan que serían necesarios aproximadamente cuatro o cinco jueces adicionales en toda la provincia para atender algunos de los puntos de mayor demora. Se trata, de todos modos, de una estimación realizada por las propias entidades y no de un cálculo oficial del Poder Judicial.

Reclaman una discusión más amplia

Otro de los ejes centrales es el procedimiento utilizado para elaborar la reforma.

Los Colegios cuestionan que un cambio de semejante magnitud haya partido de un proyecto elaborado por un grupo reducido y sostienen que debería haberse convocado previamente a abogados, jueces, universidades, asociaciones civiles y otros sectores relacionados con el funcionamiento de la Justicia.

Según argumentan, una reforma que podría definir el funcionamiento procesal durante las próximas tres o cuatro décadas debería surgir de un debate previo y más amplio.

Las entidades consideran que discutir ahora modificaciones parciales sobre una estructura ya elaborada no permitiría corregir lo que entienden como problemas de concepción del proyecto.

Derechos, recursos y facultades de los jueces

El documento también formula objeciones de fondo sobre algunas herramientas incluidas en la iniciativa.

Entre ellas, sostiene que el proyecto reduce las posibilidades recursivas de los litigantes, pudiendo limitar en determinados casos la doble instancia. Además, cuestiona que se otorguen a los jueces facultades disciplinarias sobre abogados particulares.

Los Colegios consideran que esta última cuestión invade competencias que corresponden a las entidades profesionales sobre el gobierno de la matrícula y la disciplina de sus matriculados.

Otro punto de conflicto es la incorporación de la obligatoriedad del precedente judicial. Según la presentación, ese mecanismo limitaría la libertad e independencia de los jueces y modificaría el esquema tradicional de control de constitucionalidad.

También cuestionan lo que la reforma no incorpora

El planteo no se limita a cuestionar las nuevas herramientas. Los abogados también señalan oportunidades que, a su entender, fueron desaprovechadas.

Una de ellas es la utilización de inteligencia artificial y otras tecnologías para la gestión de expedientes y tareas administrativas o mecánicas.

Según el documento, una reforma integral debería haber contemplado expresamente esas posibilidades como parte de la modernización del funcionamiento judicial.

También cuestionan la regulación prevista para los procesos colectivos y algunas facultades que se otorgarían a los magistrados en ese ámbito.

Objeciones a los “jurados populares”

Las entidades profesionales también ponen el foco sobre el artículo 103, donde señalan que aparece la figura de los denominados “jurados populares”.

Según la interpretación de los Colegios, el texto les asignaría a ciudadanos legos en Derecho funciones relacionadas con el análisis de constitucionalidad o convencionalidad de normas, algo que consideran técnicamente improcedente.

También advierten sobre posibles incompatibilidades con la Constitución provincial respecto de la posibilidad de juzgar responsabilidades civiles o disciplinarias de magistrados y funcionarios.

“No estamos en desacuerdo con la reforma”

Pese a la dureza del documento, las entidades realizan una aclaración que resulta central para interpretar su posición: no rechazan la idea de reformar las leyes procesales.

Por el contrario, reconocen la necesidad de simplificar procedimientos, adaptar las normas a la legislación civil y comercial vigente e incluso avanzar con herramientas de oralidad.

La diferencia está en cómo debería construirse esa reforma.

Los Colegios reclaman un debate previo que incluya al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, universidades, instituciones académicas, organizaciones civiles, ciudadanía y profesionales de la matrícula.

Pedido directo a los diputados: que rechacen el proyecto

El documento termina con una definición política e institucional concreta: piden a los legisladores provinciales que rechacen la iniciativa.

Según las entidades, modificar artículos durante el tratamiento legislativo no alcanzaría para solucionar los problemas que observan porque entienden que las diferencias están en la estructura general del proyecto.

La Unión de Colegios sostiene que cualquier modificación introducida sobre el texto actual sería apenas un “maquillaje” y concluye que la reforma, lejos de solucionar los problemas de fondo, podría empeorar el servicio de Justicia.

El planteo abre así un nuevo frente en la discusión legislativa. La controversia ya no pasa únicamente por qué artículos deberían modificarse, sino por una cuestión previa: si el proyecto debe continuar su tratamiento sobre la estructura actual o si corresponde descartarlo y comenzar una nueva reforma con una mesa más amplia de actores del sistema judicial.