La Asociación de Magistrados del Chubut expresó su preocupación por la falta de cobertura de ART y los altos coseguros de SEROS

La presidenta de la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, Carina P. Estefanía, envió una nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidan, manifestando su “profunda preocupación” por la situación jurídica de la ART provincial y el funcionamiento de la obra social SEROS.

El documento, fechado el 1° de noviembre de 2025, advierte que la ART que debe prestar servicios por accidentes o enfermedades laborales aún no cuenta con autorización para funcionar, ya que el expediente administrativo (Ex–2025-89621366–APN–GAL#SRT) sigue sin resolverse.
Según se detalla, el Gobierno provincial adjudicó mediante el decreto 881/25 a la empresa Río Varadero S.A. la contratación como operadora de las prestaciones médicas, por un monto del 1,10% mensual de la masa salarial, equivalente a $2.600 millones mensuales, pero sin publicación en el Boletín Oficial.

La Asociación cuestiona la falta de transparencia sobre el destino de más de $5.200 millones de aportes y advierte que “empleados provinciales que sufrieron accidentes laborales no tuvieron cobertura, siendo SEROS quien debió afrontar los gastos”.

Parte de la nota elevada al STJ y SEROS.

Asimismo, se denuncia que la obra social impone altos coseguros, que se calculan según el salario de cada afiliado, lo cual —según Estefanía— “rompe con el principio solidario” del sistema, ya que quienes más aportan terminan pagando más por las mismas prestaciones. “El absurdo es que quienes ganamos más, tenemos menos acceso a las prestaciones médicas”, afirmó.

La nota subraya que SEROS no puede justificar el cobro excesivo de coseguros ofreciendo préstamos a baja tasa, ya que el ISSyS “no es una financiera y estaría mal administrando los aportes”.

Finalmente, la Asociación solicita al Superior Tribunal que adopte medidas para garantizar la cobertura médica en casos laborales y que, mientras no se apruebe el autoaseguro provincial, se contrate una ART debidamente autorizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
“No podemos convalidar actos de gobierno que pongan en riesgo la salud y la vida de las personas”, concluye la carta firmada por Estefanía.