La oposición marcó el final de la intervención en la Cooperativa Eléctrica de Trelew: Tensión política y malestar por el impacto del rechazo tarifario

La decisión de poner fin a la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Trelew volvió a exponer las tensiones políticas que atravesaron el proceso durante los últimos meses, especialmente tras el rechazo del aumento tarifario por parte del Concejo Deliberante.

Según trascendió, el malestar dentro del ámbito de la intervención no estaba dirigido al Ejecutivo municipal, sino principalmente hacia los concejales, a quienes se les atribuye la falta de acompañamiento político para sostener las medidas impulsadas en medio de la crisis financiera de la prestataria.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que el desenlace comenzó a definirse prácticamente desde el momento en que el Concejo rechazó la actualización tarifaria. “A los pocos minutos de la votación, el juez ya había marcado un límite”, indicaron, dando a entender que la falta de consenso político terminó acelerando el cierre de la etapa interventora.

En paralelo, también surgieron cuestionamientos por el manejo de la información relacionada con el expediente judicial. De acuerdo a las versiones conocidas, el expediente inicialmente tenía carácter público, pero luego pasó a ser reservado debido a filtraciones que, según sostienen, eran utilizadas políticamente.

“Se tiraba información de manera desordenada y después se utilizaba políticamente”, señalaron desde sectores cercanos a la intervención.

Las mismas fuentes remarcaron que el principal problema fue la ausencia de respaldo institucional para avanzar con medidas consideradas claves para ordenar la situación económica de la cooperativa. Incluso compararon lo ocurrido en Trelew con experiencias desarrolladas en Rawson, donde —afirman— existió un mayor trabajo político para explicar el impacto de la recomposición tarifaria y construir consensos.

Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, también comienzan a surgir interrogantes sobre el balance concreto de los 18 meses de intervención. Durante ese período, sostienen distintos sectores, nunca existió información pública detallada sobre el trabajo realizado, ni reportes claros sobre el estado financiero y operativo de la cooperativa.

La falta de comunicación institucional alimentó la incertidumbre respecto a cuáles fueron los avances reales alcanzados durante la gestión interventora y cuáles son hoy las condiciones en las que queda la prestataria.

En ese contexto, algunas voces cuestionan que la principal medida visible haya sido la firma de un plan de pagos con CAMMESA, acuerdo que si bien permitió ordenar parcialmente la deuda con la administradora mayorista de energía, también compromete financieramente a la cooperativa hacia adelante.

Dentro de la lectura política que comenzó a instalarse tras el anuncio del fin de la intervención, varios sectores consideran que el verdadero punto de quiebre se produjo con la votación del Concejo Deliberante que rechazó el aumento tarifario de la mano de los seis ediles de la oposición: Rubén Cáceres, Belén Baskovc, Juan Aguilar, Daniel Asciutto, Martín Luna y Alicia Severich.

Para algunos actores políticos y vinculados a la cooperativa, los seis ediles que votaron en contra y desactivaron la bomba tarifaria terminaron, en los hechos, poniéndole punto final a la intervención. Entienden que esa decisión dejó sin margen económico, pero, principalmente político, al esquema que intentaba sostener el interventor judicial.

La interpretación que circula en distintos ámbitos es que, sin recomposición tarifaria y sin respaldo político para avanzar en medidas de ajuste o saneamiento, la continuidad de la intervención -que venía desgastada- quedó prácticamente sellada ese mismo día.

En distintos sectores también comenzó a instalarse otra lectura política: el final de la intervención representa, en parte, una derrota para el oficialismo local encabezado por Gerardo Merino, que nunca logró construir los consensos necesarios para sostener el esquema interventor ni generar acuerdos políticos alrededor de la recomposición tarifaria.

Incluso dentro de ese análisis, algunos actores remarcan que un eventual agravamiento de la situación económica de la Cooperativa no puede atribuirse exclusivamente al rechazo tarifario impulsado por la oposición en el Concejo Deliberante, sino a las decisiones tomadas durante la propia intervención y a años de desmanejo estructural previos.

La falta de diálogo político, la ausencia de información pública clara y la imposibilidad de construir un rumbo consensuado terminaron erosionando el respaldo institucional que necesitaba la intervención para continuar.

La discusión ahora se traslada al escenario político y económico que se abrirá tras el fin de la intervención, con una cooperativa que continúa atravesada por problemas estructurales, reclamos por mayor transparencia y un escenario de fuerte incertidumbre sobre su futuro inmediato.