La nueva deuda de Chubut: los números detrás del plan de obras, la presión salarial y una caja provincial al límite.

Chubut tomó hasta USD 800 millones de nueva deuda, anunció un plan de más de 200 obras por $640.000 millones y, al mismo tiempo, reconoce que el 90% de sus ingresos corrientes se destina al pago de salarios. Esta investigación reconstruye cómo conviven esas dos realidades, qué muestran los documentos oficiales y cuáles son los interrogantes que siguen abiertos.

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El 29 de abril de 2026, la Provincia del Chubut al frente de Ignacio Torres volvió al mercado internacional de deuda después de una década de puertas cerradas. Colocó un bono por USD 650 millones al 9,45% anual, con vencimiento en 2036, presentado por el gobierno de Ignacio Torres como la operación que iba a «limpiar» el pasivo más problemático de la provincia —el BOCADE, el bono que había quedado de la reestructuración de 2020— y dejar un perfil de deuda ordenado hacia el futuro.

Cuatro meses después, con la información pública disponible —informes de Moody’s, actas legislativas, cronogramas oficiales de pago, datos de recaudación provincial y coberturas periodísticas— el panorama que aparece es bastante más complejo que el anunciado. Esta nota reconstruye, punto por punto, qué pasó realmente con esa operación, cuánta deuda nueva se tomó en total, para qué se está usando esa plata, si alcanza para sostener los sueldos estatales, y qué relación tiene todo esto con el calendario electoral de 2027. La pregunta que atraviesa cada capítulo es siempre la misma: ¿la plata de la deuda está yendo a obras, o está pagando sueldos? La respuesta, como se va a ver, no es un simple «una cosa u otra»: es una historia de cajas que se mezclan, plazos que no se cumplen, y una provincia que administra su liquidez al límite.

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El bono que debía ordenar la deuda y terminó multiplicándola

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El resultado fue otro. Solo el 27% de los tenedores del BOCADE aceptó la oferta. En lugar de reemplazar deuda vieja por deuda nueva, Chubut terminó con tres frentes de pago dolarizados corriendo en simultáneo: el remanente del BOCADE (USD 169,2 millones de capital vigente), el TIDECH (USD 78,9 millones, un título menor emitido en 2021) y el flamante Bono 2036 (USD 650 millones). El stock combinado de capital de los tres asciende a USD 898,1 millones, a los que hay que sumar USD 415 millones de intereses proyectados hasta 2036 —un total de servicios de deuda en dólares de USD 1.313,1 millones en la próxima década.

En términos netos, la operación dejó un incremento de casi USD 588 millones en pasivos en moneda extranjera, tomados además a una tasa más cara (9,45%) que la que la provincia buscaba cancelar (7,75% del BOCADE reestructurado). Es decir: la provincia no bajó su deuda, la subió, la encareció y la fragmentó en más instrumentos.

¿Por qué la nueva tasa es más alta que la de la reestructuración de 2020?

No es que el crédito de Chubut haya empeorado —de hecho, mejoró—, sino que se trata de dos operaciones de naturaleza distinta. La tasa de 2020 (7,24% escalonando a 7,75%) fue una negociación defensiva: los bonistas del BOCADE original preferían aceptar una quita de rendimiento y una extensión de plazos antes que forzar un default total con pérdidas mayores. La de 2026 es una colocación nueva y voluntaria, que debe convalidar lo que el mercado exige hoy para prestarle a Chubut, no lo que los acreedores aceptaron cuando estaban tratando de minimizar una pérdida ya consumada.

A eso se suman dos factores más: el plazo es más largo (2036 contra 2030), lo que agrega incertidumbre; y ninguna provincia argentina logra financiarse sistemáticamente más barata que la propia Nación, cuyo riesgo soberano actúa como piso de cualquier tasa provincial.

Pero hay una lectura adicional, más incómoda, que surge de comparar la tasa de Chubut con la de otras provincias que salieron al mercado en el mismo período:

Si la tasa dependiera solo del riesgo país argentino —el mismo para todas las provincias en un momento dado—, las tasas estarían mucho más agrupadas entre sí. La diferencia de casi 1,7 puntos entre CABA (7,8%) y Entre Ríos o Chubut (9,45%-9,75%) indica que el mercado también está cobrando algo específico de cada emisor. En el caso de Chubut, ese «algo» tiene nombre propio: un default técnico entre 2019 y 2020, una reestructuración con 90,02% de adhesión, y una década entera sin acceso al mercado internacional. Es razonable leer parte de ese spread adicional como una prima de riesgo ligada a la memoria reciente de un incumplimiento —desconfianza sobre la capacidad de pago, no solo sobre el contexto argentino en general.

Dos calificaciones, dos varas distintas: por qué Ca (2021) y BB+.ar (2026) no se comparan

En enero de 2021, Moody’s Investors Service —la agencia en escala global— calificaba a Chubut en Ca, apenas un escalón arriba del default, comparándola contra todos los emisores del mundo. En mayo de 2026, Moody’s Local Argentina la calificó en BB+.ar, comparándola solo contra otros emisores argentinos, en una escala que usa el sufijo «.ar» para dejar claro que es nacional, no global.

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Una nota BB+.ar no equivale a una BB+ global: el techo soberano argentino limita cuánto puede «despegarse» cualquier provincia en la escala mundial. Ambas calificaciones pueden ser ciertas a la vez: Chubut mejoró mucho su perfil fiscal entre 2021 y 2026 (el ratio deuda/ingresos operativos bajó de picos de 113,5% en 2023 a 36,2% en 2025 y 26,6% anualizado en el primer trimestre de 2026), pero eso no implica que hoy tuviera, en escala global, una nota «grado de inversión».

El perfil de pagos: lo que ya está firmado hasta 2036

Según el cronograma actualizado de la deuda internacional (BOCADE + Bono 2036 + TIDECH combinados), esto es lo que Chubut deberá pagar entre capital e intereses:

2027 es, en dólares, el año más pesado de toda la serie —y no por casualidad es también año electoral en Chubut, algo que se retoma más adelante en esta nota.

El dato que todavía se discute: las comisiones a los colocadores

Ni el informe de Moody’s ni las coberturas periodísticas iniciales precisan cuánto cobraron los bancos que estructuraron y colocaron el bono como Adcap Securities Argentina S.A., Banco del Chubut S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Cucchiara y Cía S.A., Facimex Valores S.A., Allaria S.A. y Macro Securities S.A.U.

Y eso se convirtió en un tema de disputa política: a fines de mayo de 2026, la Legislatura de Chubut activó una comisión investigadora después de que el oficialismo rechazara dar acceso directo al contrato definitivo de la colocación.

La oposición reclama conocer el contrato completo, las comisiones pagadas a lo largo del proceso, y el rol del Banco del Chubut frente a las condiciones exigidas por JP Morgan y Santander (los bancos estructuradores internacionales). La demanda recibida por el bono fue de USD 2.200 millones, más de tres veces el monto colocado —lo que en teoría le daba a la provincia poder de negociación sobre precio y comisiones, aunque esto último sigue sin confirmarse públicamente.

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El acueducto no sale de esta bolsa: tiene su propio crédito de USD 150 millones

Acá aparece un dato central para responder la pregunta de esta nota. La obra hídrica más mencionada en el discurso oficial —el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento— no se financia con el Bono 2036. Tiene su propio crédito, aprobado por la Legislatura el 18 de diciembre de 2025: hasta USD 150 millones con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), con el Ministerio de Economía de la Nación como garante. Son condiciones bastante más blandas que las del bono internacional: 18 años de plazo, 66 meses de gracia (las primeras cuotas recién se pagan en 2031), amortización semestral y tasa variable (SOFR a 6 meses + 1,95% de margen), muy por debajo del 9,45% fijo del bono.

La propia oposición provincial —la diputada Norma Arbilla, de Arriba Chubut— pidió en su momento que este crédito se sumara a la ley de endeudamiento de USD 650 millones ya existente, para no elevar el total de deuda tomada en el año. El oficialismo no aceptó esa modificación y lo mantuvo como financiamiento adicional. El resultado aritmético: entre el Bono 2036 y el crédito CAF del acueducto, Chubut tomó en el correr de 2025-2026 hasta USD 800 millones de nueva deuda, no los USD 650 millones que suele citarse como cifra de referencia.

Esto cambia la pregunta de fondo: si la obra insignia de infraestructura hídrica tiene su propio financiamiento dedicado y con condiciones mucho más generosas, el remanente del Bono 2036 —unos USD 588 millones netos, una vez descontada la recompra parcial del BOCADE— no está atado, en los hechos, a esa obra puntual. Su destino formal sigue siendo genérico («cancelar otras deudas y obra pública»). ¿A qué, entonces?

Plan Galina: 200 obras, $640.000 millones, y el reloj corriendo

El 5 de junio de 2026, el gobernador Torres presentó formalmente el «Plan Galina», un programa de infraestructura que —según el propio anuncio oficial— demandará una inversión superior a los $640.000 millones de pesos y contempla la ejecución de más de 200 obras en toda la provincia, con la expectativa de generar más de 4.800 empleos directos en la construcción. El nombre rinde homenaje a Jorge Galina, el primer gobernador constitucional de Chubut, en lo que Torres calificó como una «lógica refundacional» para la provincia.

Un detalle no menor: en la presentación del plan, el propio gobernador incluyó explícitamente el compromiso de finalizar el acueducto de Comodoro Rivadavia como parte del Plan Galina, calificándolo como «la obra más importante del programa». Esto genera una inconsistencia que vale la pena marcar: la comunicación oficial asegura que el Plan Galina está «financiado íntegramente con recursos provinciales», pero el acueducto en realidad se paga con el crédito aparte de la CAF, no con recursos genuinos de la provincia.

Con la información pública disponible hasta el momento de este análisis (fines de julio de 2026, casi dos meses después del anuncio del Plan Galina y tres meses después de la colocación del bono), solo pudieron verificarse dos procesos de licitación concretos:

1. El acueducto, recién llamado a licitación pública internacional a comienzos de julio de 2026, con plazo para ofertas hasta el 28 de agosto —siete meses después de que el crédito de la CAF ya estuviera aprobado.
2. Las primeras licitaciones de pavimentación en Trelew, también anunciadas en julio de 2026, tras la aprobación de los convenios correspondientes en el Concejo Deliberante.

El resto de las más de 200 obras prometidas —$640.000 millones en total— no tiene, hasta el momento, licitaciones públicas verificables. El tiempo corre: cuanto más se demore el arranque efectivo de estas obras, más se acumula la brecha entre el relato de «los recursos ya están disponibles para ejecutar».

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La pregunta central: ¿la plata de la deuda va a obras o a sueldos?

Con todo lo anterior sobre la mesa, se puede responder la pregunta que motiva esta nota con más precisión de la que permite un simple «sí» o «no».

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Formalmente, no hay evidencia de que la plata del Bono 2036 se use para pagar sueldos. El decreto de emisión y las declaraciones del presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, son categóricos: el destino es cancelar deuda y financiar obra pública, y «es imposible» que se destine a gastos corrientes.

Pero la realidad de la caja provincial es mucho más ajustada de lo que ese destino formal sugiere, y ahí aparecen tres datos que conviene cruzar:

Los sueldos absorben el 90% de los ingresos corrientes

Sumando los ingresos totales de junio —coparticipación federal ($107.450 millones) más recursos propios totales, incluidas las regalías ($137.584 millones)—, Chubut contó con $245.034 millones de ingresos brutos en el mes. Pero parte de sa plata va a los municipios, tanto de coparticipación y regalías.

Frente a un gasto en sueldos de $152.514 millones, el resultado aritmético es un margen de $92.520 millones, equivalente al 37,8% de los ingresos totales del mes. Sin embargo, resta el descuento del 16% de regalías para Municipios y el 11% por la coparticipación que se distribulle por localidad.. El margen es mucho menor, y se debe contabilizar las cargas sociales, los gastos de servicios, operativos, administrativos del propio Gobierno. Por eso… cuánta plata queda para la sustentabilidad de las deudas y, la ejecución de las obras, el pago de salarios y los futuros aumentos paritarios.

Es el propio ministro de Economía, Gustavo Paz, quien lo reconoció: el 90% de los ingresos corrientes de la provincia se destina hoy a sueldos, cuando lo óptimo sería no superar el 55%. En junio de 2026 —el mes más reciente con desagregación completa disponible—, la coparticipación federal recibida ($107.450 millones) cubrió apenas el 70,4% del gasto salarial de ese mes ($152.514 millones). El resto tuvo que salir de recursos propios, incluidas las regalías petroleras —que, a su vez, están en parte comprometidas de antemano con el pago del BOCADE y el Bono 2036, descontadas automáticamente antes de llegar a la Tesorería.

Haciendo el cálculo completo para junio —descontando lo que por ley va a los municipios (16% de las regalías hidrocarburíferas, según la Ley V N° 120; 10% de la coparticipación federal) y después los gastos operativos que tienen prioridad de pago (intereses de deuda, prestaciones de seguridad social, funcionamiento)—, la disponibilidad real para sueldos ronda apenas lo necesario para cubrir la planilla, sin margen visible para aumentos, incluso en un mes con un salto extraordinario de regalías por la suba internacional del petróleo (que en julio llegó a los USD 100 el barril por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, después de haber estado en USD 73 apenas un mes antes). Es un colchón volátil e importado, no una mejora estructural.

La provincia ya tomó deuda de corto plazo específicamente para completar sueldos

En marzo de 2026 —un mes antes de la colocación internacional— el gobierno salió a colocar deuda en pesos (Letras del Tesoro) por $25.129 millones específicamente para cubrir un faltante de la masa salarial de ese mes, que ascendió a $148.694 millones. En los primeros cinco meses de 2026, la provincia pagó en total $217.954 millones en vencimientos de deuda, de los cuales el BOCADE en dólares representó solo el 40%; el 60% restante correspondió a otros compromisos, mayormente en pesos.

Existe una herramienta legal para mover fondos con destino específico hacia necesidades corrientes: el FUCO

Chubut tiene, desde 2012 (Decreto N° 1008), el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO): centraliza en una sola caja, administrada por el Ministerio de Economía, todas las cuentas oficiales que la provincia mantiene en el Banco del Chubut, sin importar el organismo o el destino específico de cada una. La normativa autoriza a usar hasta el 95% de los saldos promedio de esas cuentas para atender obligaciones de la Tesorería General.

Esto importa directamente acá: si buena parte de los fondos destinados a obra pública —incluido el remanente del Bono 2036, dado que la mayoría de las obras del Plan Galina todavía no se licitó— permanece depositada, sin ejecutarse, en alguna cuenta oficial del Banco del Chubut, el FUCO le permite al Ministerio de Economía usar esos saldos ociosos de manera transitoria para cubrir lo que haga falta cubrir, sueldos incluidos, mientras esas obras arrancan. No hay una prueba pública documentada de que esto haya ocurrido puntualmente con la plata del bono —el FUCO no publica el detalle de qué cuenta prestó a cuál—, pero la combinación de elementos (fondos grandes sin ejecutar + herramienta legal para moverlos internamente + una masa salarial que por sí sola no alcanza) arma un cuadro donde esta hipótesis es, como mínimo, plausible y verificable con una auditoría específica.

La respuesta más honesta

La plata de la deuda no va, en el papel, a sueldos: va a cancelar el BOCADE y a un destino genérico de «obra pública» que, en los hechos, todavía no se tradujo en ejecución concreta más que en dos licitaciones. Pero mientras esas obras no arrancan, el dinero que las espera no está estático ni fuera del alcance del día a día de la Tesorería: existe un mecanismo legal (el FUCO) que permite usarlo transitoriamente para sostener el funcionamiento corriente —y una masa salarial que, por sí sola, no cierra sin apelar a algún tipo de asistencia adicional, como ya ocurrió en marzo con las Letras del Tesoro. La frontera entre «para qué se tomó la deuda» y «para qué se terminó usando en la práctica» es, en una provincia con esta estructura de caja, mucho más difusa de lo que sugiere el decreto de emisión.

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El cronograma completo de sueldos: la mejora empezó antes del bono

Para entender la mecánica de pagos con precisión, este es el cronograma completo desde enero de 2026, incluido el aguinaldo:

El dato que desarma la lectura de «el bono ordenó los sueldos» es cronológico: el adelanto y la unificación del pago de marzo ocurrió a comienzos de abril, semanas antes de que se colocara el bono el 29 de abril. La normalización de los pagos ya estaba en marcha con anterioridad, lo cual —sumado al hallazgo de que en marzo la provincia ya usaba deuda de corto plazo para completar sueldos— sugiere que la explicación de fondo tiene más que ver con la gestión de caja diaria (FUCO incluido) que con la llegada puntual de los dólares del bono.

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2027: el año en que todo se junta

Al 30 de junio de 2026, el stock total de deuda pública de Chubut alcanzó AR$ 1.388.194 millones —unos USD 936,7 millones al tipo de cambio de referencia—, luego de multiplicarse casi 25 veces desde 2019, cuando era de apenas $55.974 millones. El salto más marcado en dólares ocurrió, previsiblemente, entre 2025 y junio de 2026 (de $797.081 millones a $1.388.194 millones, un 74% de aumento en solo seis meses), explicado centralmente por la emisión de abril. El 88% de esa deuda está hoy en manos de tenedores de bonos (no de organismos multilaterales ni del Estado nacional), lo que hace que cualquier renegociación futura sea, por diseño, más difícil, más costosa y sujeta a jurisdicción extranjera —como ya mostró el canje fallido de abril.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fija un límite del 15% de los ingresos corrientes netos para el servicio de la deuda consolidada. Chubut cumple ese límite en toda la proyección hasta 2036, pero 2026 es el año más ajustado, con un ratio de 13,4% —apenas 1,6 puntos por debajo del techo legal—, explicado en gran parte por la amortización de USD 62,1 millones del BOCADE recomprado. El propio informe de referencia advierte que este indicador «es muy sensible a las variaciones del tipo de cambio»: un salto devaluatorio no contemplado en el escenario base podría empujar el ratio por encima del 15% sin que la provincia tome un solo peso de deuda nueva.

Y en el horizonte inmediato, 2027 combina el pico de vencimientos en dólares de toda la década (USD 164,8 millones) con el año en que Chubut renueva gobernador y legisladores, con Torres como candidato natural a la reelección. Ya circula en el arco político la posibilidad de que la provincia desdoble su calendario electoral y adelante la elección local —con versiones que la ubican entre abril y junio de 2027—, separándola de las legislativas nacionales de octubre. El nuevo Código Electoral provincial le da al gobernador esa potestad sin necesidad de acordarla con la Casa Rosada.

La lectura política de ese movimiento es evidente: despegar la campaña del clima nacional. Pero también hay una lectura financiera razonable, aunque no confirmada oficialmente: cuanto antes se cierre el proceso electoral, menor el riesgo de que la campaña coincida con el pico de pagos en dólares, con una eventual tensión cambiaria, o con novedades en la negociación pendiente con el 73% de tenedores del BOCADE que no entraron al canje. Un adelantamiento aún mayor, hacia el primer trimestre de 2027, chocaría sin embargo con otro dato del calendario: marzo es, históricamente, el mes en que se reabre la discusión paritaria —y cerrar esa negociación en plena campaña no parece la jugada más cómoda para el oficialismo.

La paritaria que viene: ¿habrá margen?

El historial de 2026 no invita al optimismo. Las paritarias estuvieron congeladas entre octubre de 2025 y marzo de 2026; el gobierno decretó unilateralmente un 3% en marzo y un 2,9% en abril; recién en mayo, tras protestas de estatales, docentes y salud —las primeras desde que asumió Torres—, se cerró con ATE, UPCN y otros gremios una recomposición del 6% en tres tramos. Quedaron afuera los sectores más conflictivos: salud y, sobre todo, educación.

Con ese antecedente, con el 90% de los ingresos corrientes ya comprometido en sueldos, y con 2027 concentrando el mayor esfuerzo de pago de deuda de la década en el mismo año en que hay elecciones, la capacidad real de la provincia para sostener una recomposición salarial genuina hacia marzo de 2027 depende de variables que hoy no están garantizadas: que las regalías petroleras —hoy infladas por un conflicto bélico en Medio Oriente, no por una mejora estructural— se sostengan altas; que la inflación siga bajando; o que la provincia siga apelando a deuda de corto plazo para tapar baches, trasladando el problema hacia adelante en lugar de resolverlo.

Cuatro meses después de la operación que iba a «ordenar» la deuda de Chubut, el balance real muestra una provincia con más deuda, más cara y más fragmentada que antes de abril; un crédito adicional de USD 150 millones para el acueducto que eleva el endeudamiento total del año a unos USD 800 millones; un Plan Galina de 200 obras y $640.000 millones que, con el reloj corriendo, todavía no tiene casi ninguna licitación concreta; y una masa salarial que absorbe el 90% de los ingresos corrientes, que ya necesitó deuda de corto plazo para cerrar en marzo, y que convive con una herramienta legal —el FUCO— capaz de explicar, al menos en parte, cómo la provincia sostiene sus pagos puntuales pese a esa estrechez.

La pregunta «¿la plata va a obras o a sueldos?» no tiene, con la información pública disponible, una respuesta binaria. Lo que sí puede afirmarse es que las obras, formalmente destinatarias de buena parte de esos fondos, todavía no arrancaron, y que mientras eso no ocurra, esa plata permanece dentro del mismo sistema de cajas interconectadas que también sostiene, mes a mes, el pago de una planilla salarial que la propia provincia reconoce como estructuralmente sobredimensionada. Saber con precisión qué pasó con cada peso —y cada dólar— de esta operación no es un ejercicio de curiosidad contable: es la pregunta que debería responder cualquier gobierno que le pide a sus ciudadanos pagar una tasa del 9,45% en nombre de la obra pública, mientras el tiempo sigue corriendo y las grúas todavía no se movieron.

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Fuentes: Moody’s Investors Service, «Chubut, Province of» (enero 2021); Moody’s Local Argentina, «Provincia del Chubut – Informe de calificación» (mayo 2026); informe de deuda pública provincial al 30 de junio de 2026 en base a datos del Ministerio de Hacienda de la Nación y el MAE; Portal ARECH (Agencia de Recaudación de Chubut); Ley V N° 120 del Digesto Jurídico de Chubut sobre coparticipación municipal de regalías; normativa provincial sobre el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Decreto N° 1008/2012); cobertura legislativa y periodística de medios de Chubut y Buenos Aires, y comunicados oficiales del Gobierno del Chubut. Análisis periodístico elaborado a partir de estas fuentes; no constituye asesoramiento financiero. Los cálculos de caja disponible para sueldos y la hipótesis sobre el uso del FUCO son estimaciones y lecturas analíticas propias, señaladas como tales en el texto.